La homologación de fechas con las elecciones constitucionales “promoverá una mayor participación de la ciudadanía en los mencionados instrumentos de democracia directa pues, al mismo tiempo en que ejerza su derecho al voto, podrá emitir su decisión respecto de los mecanismos de consulta directa”, expone la iniciativa de reforma al Artículo 35 constitucional que propone modificar la fecha de la consulta de Revocación de Mandato.
Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– La homologación de las fechas de la consulta para la Revocación de Mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el proceso electoral federal para renovar la Cámara de Diputados, el domingo 6 de junio del 2027, representaría un ahorro de por lo menos mil 500 millones de pesos y un notable incremento de la participación ciudadana con respecto a la consulta popular para el mismo propósito realizada el domingo 10 de abril del 2022.
Eso se plantea en la iniciativa de reforma al Artículo 35 constitucional que propone modificar la fecha de la consulta de Revocación de Mandato a la Presidenta del mes de agosto del 2028 al mes de junio del 2027, según se advierte en el documento que está en estudio de la Cámara de Diputados, a propuesta del Diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, que además cuenta con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La primera consulta popular nacional que se llevó a cabo en México fue la del 1 de agosto del 2021, cuando se le preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo en que se investigara y sancionara a los expresidentes del país por los abusos, corruptelas o delitos en los que pudieran haber incurrido durante sus administraciones.
En sus conclusiones con respecto a la consulta sobre la necesidad de investigar y sancionar a los expresidentes, el INE señaló que se tuvo certeza sobre el porcentaje de participación ciudadana en agosto del 2021, pero los resultados no fueron vinculantes para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, porque no se tuvo la participación de por lo menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores.
En la exposición de motivos de la iniciativa para reformas la Constitución y realizar la Revocación de Mandato en el 2027 se advierte que la homologación de fechas con las elecciones constitucionales “promoverá una mayor participación de la ciudadanía en los mencionados instrumentos de democracia directa pues, al mismo tiempo en que ejerza su derecho al voto, podrá emitir su decisión respecto de los mecanismos de consulta directa”.
La iniciativa explica que para ilustrar el potencial de la reforma “es conveniente recordar que para la consulta popular celebrada el primero de agosto de 2021, sólo se aprobó la instalación de 57 mil 77 mesas receptoras en el territorio nacional, con una participación del equivalente a 7.11 por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores”.
Por otro parte, se señala en el documento que “para la revocación de mandato de 2022, el INE sólo instaló 57 mil 448 casillas en los 300 distritos electorales en que se divide el territorio nacional; dicho ejercicio tuvo una participación de 17. 77 por ciento del electorado”.
En contraste con los datos referidos a las dos consultas realizadas, para el proceso electoral federal de 2024, el INE aprobó la instalación de 170 mil 858 casillas y se contabilizó una participación del 61 por ciento de los electores.
Es de prever que de haberse instalado el mismo número de casillas en la Consulta Popular de 2021 y en la Revocación de Mandato Presidencial de 2022, el porcentaje de participación de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores habría sido de mayor magnitud, dada la proximidad de las mesas de casilla al domicilio de las personas electoras.
Se argumenta también en la iniciativa de reforma para realizar la consulta de Revocación de Mandato en forma simultánea con los comicios de diputados federales del 2027 que “facilitará las tareas y actividades del Instituto Nacional Electoral, pues en lugar de tener dos o más calendarios, en los cuales los plazos se pueden superponer, sólo tendrá un calendario para la ejecución de sus funciones”.
Y además, se argumentan razones económicas:
“La coincidencia de las consultas directas al electorado con las elecciones ordinarias permitirá una reducción significativa en sus costos de organización. Para dimensionar este aspecto, basta señalar que la consulta popular celebrada el 1 de agosto de 2021 implicó un gasto de 528 millones de pesos, mientras que la revocación de mandato presidencial realizada el 10 de abril de 2022 representó una erogación de mil 567 millones de pesos . En consecuencia, es razonable prever que, por economías de escala y de procesos, la celebración concurrente de las consultas populares o de la revocación de mandato del titular del Ejecutivo Federal con la jornada electoral ordinaria contribuirá a optimizar los recursos públicos destinados a dichos mecanismos democráticos”.
La consulta sobre expresidentes
Al revisar la constitucionalidad de la materia de consulta popular sobre el juicio a los expresidentes de la República, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió en su sesión del primero de octubre del 2020, la petición que al respecto formuló el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario propuso que la pregunta de la consulta fuera formulada en los siguientes términos: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Sin embargo, en su resolución el Pleno de la Suprema Corte argumentó que la pregunta del Presidente de la República no guardaba congruencia con la materia de la consulta, y la modificó para quedar de la siguiente manera:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
La consulta para la Revocación de Mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum será la tercera con carácter nacional que se lleve a cabo en la historia político electoral de nuestro país, todas ellas impulsadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación.
