La Fiscalía reabre expedientes contra Duarte, otro exgobernador corrupto del peñismo

La FGR interpuso una nueva acusación por peculado contra Javier Duarte de Ochoa, la primera de varias relacionadas a presuntos actos de corrupción durante su gestión como Gobernador en Veracruz. Esta imputación tiene lugar a unos meses de que Javier obtenga su libertad, programada para abril de 2026, lo que podría retrasar éste proceso.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien desde el 2017 se encuentra en prisión, ya se visualizaba disfrutando de su libertad, pero un nuevo golpe por parte de la Fiscalía que encabeza Ernestina Godoy –el segundo caso que es descongelado en sólo una semana– amenaza con frustrar el sueño del exmandatario, quien ahora enfrenta acusaciones por presunto desvío de recursos federales.

La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso una nueva acusación contra Duarte de Ochoa, la primera de varias relacionadas a presuntos actos de corrupción durante su gestión en Veracruz y que estarían a punto de judicializarse. Esta imputación es relevante no sólo por ser el segundo caso que se reabre contra exfuncionarios peñistas, el primero fue el de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, sino que, además, tiene lugar a unos meses de que Javier obtenga su libertad, programada para abril de 2026.

De acuerdo con varios medios nacionales, la acusación contra Duarte, quien se encuentra encarcelado en el Reclusorio norte de la Ciudad de México, se presentó ante un Juez federal el pasado mes de noviembre, por el delito de presunto desvío de recursos federales, alrededor de 10 millones de pesos, que tendrían que haber sido destinados a programas de salud en Veracruz, en donde, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la administración de Duarte dejó una deuda de, al menos, 62 mil millones de pesos.

Fuentes de la Fiscalía referidas por el diario Milenio detallaron que fue la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción la encargada de presentar la acusación contra Duarte Ochoa por el delito de peculado, quien en 2017 fue extraditado de Guatemala a México por los delitos de lavado y delincuencia organizada, cargos por los que fue sentenciado a nueve años de prisión, condena que actualmente purga.

Esta nueva imputación contra el expriista es sólo la primera de decenas – alrededor de 100, según consignó Milenio– que están abiertas y que podrían ser llevadas a juicio, ya que durante la administración que encabezó Duarte Ochoa, de 2010 a 2016, se habrían detectado decenas de operaciones irregulares con recursos públicos, ya que a pesar de que el dinero estaba destinados a la seguridad, la salud, la educación, entre otras, en el estado, habría terminado en los bolsillos de Duarte de Ochoa.

La nueva imputación contra el exgobernador de Veracruz tuvo lugar después de que Tarek Abdalá Saad, extesorero de la misma entidad y quien actualmente colabora como testigo con la FGR, declaró que el exgobernador priista trasladó los recursos públicos a cuentas simuladas, haciendo uso de varias empresas fantasmas, para utilizarlos en beneficio propio. Por ejemplo, para pagar comidas, prendas de vestir e inmuebles.

El extesorero estatal afirmó que en varias ocasiones recibió la instrucción de los titulares de la Secretaría de Finanzas, e incluso del propio Duarte de Ochoa, de entregarle altas sumas de dinero en efectivo, según información consignada por Milenio, en donde se destacó que por estas acusaciones, además del exmandatario, la FGR ha logrado iniciar procesos judiciales contra seis exfuncionarios de Veracruz, entre ellos Tarek Abdalá.

El pasado mes de noviembre, el diario español El País dio a conocer que la defensa de Duarte de Ochoa solicitó la libertad anticipada del exmandatario, petición que le fue denegada por la Jueza federal Ángela Zamorano, argumentando que se mantiene abierto otro proceso judicial contra el exgobernador, por presuntamente obstruir una investigación en su contra por el delito de desaparición forzada, por lo que el 21 de ese mismo mes la juzgadora determinó que el expriista debía concluir su condena de manera ordinaria.

Y aunque hasta ese momento se tenía previsto que el exmandatario veracruzano abandonara el Reclusorio norte en abril de 2026, ahora esa posibilidad está en la cuerda floja, ya que si Duarte de Ochoa es vinculado a un proceso judicial, la FGR podría solicitar que se le imponga al exgobernador la prisión preventiva justificada como medida cautelar, misma que de ser concedida por un juez de control detendría la liberación del expriista.

Fue el 26 de noviembre cuando el Gobierno de Guatemala aceptó la petición de la Fiscalía a cargo de Godoy para presentar esta nueva acusación contra el exmandatario Veracruzano, y al día siguiente cuando el Juez ordenó la audiencia de imputación. Sin embargo, el expriista envió una carta en la que señaló que por motivos de salud no estaría presente en la misma, lo que motivó la suspensión de la misma, que está en vías de ser reprogramada.

Duarte fue expulsado en 2016 de PRI por su corrupto historial y aunque el pasado mes de noviembre, buscó salir de prisión antes de cumplir su ya corta condena de nueve años de prisión, la cual obtuvo al declararse culpable de por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, no lo logró luego de que la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, reclasificara el delito que en un inicio era de delincuencia organizada.

Además, la Fiscalía General de la República presentó en los últimos días a seis testigos, cinco de ellos fiscales de Veracruz, para que hablen sobre los señalamientos por peculado, incumplimiento del deber público y desaparición forzada en el fuero común. De hecho, con Duarte como Gobernador y Arturo Bermúdez Zurita al frente de la seguridad en Veracruz, el estado se convirtió en el segundo lugar nacional en secuestros y uno de los más violentos.

En 2011, el municipio de Boca del Río, fue escenario de una escena dantesca cuando fueron arrojados 35 cuerpos —11 mujeres y cinco menores entre ellos— con huellas de tortura. El hallazgo se dio el 20 de septiembre de ese año, bajo la estatua de Los Voladores de Papantla ubicada en un desnivel del bulevar Adolfo Ruiz Cortines. Al respecto, Duarte declaró: “Este hecho confirma esta triste realidad, los que eligen mal terminan mal, al final el crimen paga mal”.

“Los criminales irremediablemente tienen siempre un final trágico, o van a la prisión o pagan con su vida”, agregó. No obstante, distintos reportes periodísticos han revelado que entre las personas que fueron asesinadas había personas que días antes habían sido secuestradas por la Policía Estatal de Veracruz de Arturo Bermúdez y entregados a quienes se autodenominaron los Matazetas, una agrupación criminal que hoy es conocida como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las periodistas Daniela Barragán y Alejandra Padilla publicaron en noviembre de 2016 cómo los homicidios, secuestros y las extorsiones tuvieron en el último año un repunte extraordinario, dejando un daño que quizá no puede cuantificarse como el desfalco a las cuentas públicas veracruzanas. En cuanto a los desaparecidos, estimaciones hablaban de 15 mil las personas desaparecidas durante esta gestión. A eso se suman los asesinatos contra periodistas críticos durante su gestión.

A eso se suman los asesinatos contra periodistas críticos durante su gestión. La organización Artículo 19 ha documentado el homicidio de 17 periodistas en este sexenio; crímenes con posible relación a su labor periodística, entre ellos el de Rubén Espinosa, que aunque fue asesinado en la Ciudad de México, huyó a causa de las amenazas y acoso por su trabajo en esa entidad, una línea de investigación que su familia ha pedido seguir y por la cual Javier Duarte fue llamado a declarar.

El informe Veracruz de los silencios, de Artículo 19, señala que herencia del Gobierno duartista son tres los periodistas que a la fecha se encuentran desaparecidos además de los 17 asesinados en este periodo. Sin embargo, si analizamos los datos recopilados en cada caso veremos que 12 estuvieron previamente desaparecidos (durante horas, días o meses).

De ellos, tres fueron extraídos de su domicilio (Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez Cerezo y Anabel Flores) y uno en la puerta de su trabajo (Víctor Manuel Báez Chino, secuestrado en Reporterospoliciacos.com). En los demás casos se desconoce el lugar de captura (sólo se puede afirmar que no se llevó a cabo en su casa o trabajo) y por ende se presume que ocurrió en la vía pública.

En la violencia registrada en este periodo, es clave la actuación policial de Arturo Bermúdez Zurita, conocido como "El Capitán Tormenta", procesado por enriquecimiento ilícito y desaparición forzada, pero liberado en diciembre de 2018 tras un año y diez meses de detención al denunciar haber sido víctima de tortura y malos tratos.

No obstante, Bermúdez ha sido señalado junto a varios de sus subordinados en el Gobierno de Duarte de la desaparición de al menos 15 personas, entre ellas menores de edad. Durante su juicio en febrero de 2018 se presentaron los testimonios de sobrevivientes– ahora testigos protegidos–, que señalaron toda clase de abusos cometidos por los policías de Bermúdez Zurita.

Un testigo de identidad reservada relató, por ejemplo, cómo algunas mujeres y jóvenes detenidos por los llamados "Fieles de la Fuerza Civil" eran sometidos a torturas y abuso sexual. Entre las víctimas– muchas menores de edad– estuvo un bebé y su mamá, familia de un policía desaparecido desde 2013.

– Con información de Obed Rosas