La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Estado mexicano acatará las medidas ordenadas por la Corte Interamericana a raíz del caso Ernestina Ascencio, y que atenderá la reparación y las garantías.
Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles que el Estado mexicano cumplirá las medidas reparatorias ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, ocurrido en febrero de 2007.
Desde Palacio Nacional, la mandataria federal informó que la resolución internacional determinó la responsabilidad del Estado por violaciones a derechos humanos relacionadas con la agresión sexual, tortura y muerte de la mujer indígena nahua de 73 años, en la sierra de Zongolica, Veracruz.
"Vienen muy específicas las acciones que tiene que desarrollar el Estado mexicano y las vamos a cumplir. Hoy me pasaron la nota de exactamente cuáles son las acciones que se deben cumplir. Vamos a pedirle a Rosa Icela Rodríguez y a Arturo Medina que puedan venir para poder explicar cada una de las acciones que vienen determinadas ahí y que tiene que cumplir el Estado mexicano. Es el periodo de [Felipe] Calderón, hay que recordarlo, de esta lamentable situación. Y lo que está recomendado ahí lo vamos a cumplir tal cual se está planteando", destacó.
La Presidenta señaló que la sentencia establece acciones específicas que deben ser ejecutadas por las instituciones del Estado mexicano y precisó que dichas disposiciones serán atendidas conforme a lo establecido. Estas incluyen reparaciones dirigidas a las víctimas directas, así como disposiciones de alcance general orientadas a la garantía de derechos y a la no repetición de los hechos.
"Hay varias recomendaciones que vienen ahí y se va a cumplir a cabalidad cada una de ellas, desde las víctimas directas, que son los hijos, hasta cuestiones generales que están planteando", detalló.
Desde la tarde de ayer, la CIDH constató que Ernestina Ascencio, habitante de la comunidad de Tetlalzinga, ubicada en la Sierra Zongolica en el estado de Veracruz, fue violada por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007. El día anterior a los hechos, un campamento militar había sido instalado en cercanías de la vivienda de la señora Ernestina, como parte de la estrategia de la "guerra contra el narcotráfico" encabezada por Calderón desde 2006.
COMUNICADO | 📄
En la Sentencia del Caso Ascencio Rosario y otros Vs. México, notificada hoy, la Corte IDH declaró a los Estados Unidos Mexicanos responsable internacionalmente por la violación sexual y graves lesiones perpetradas en el 2007 contra la señora Ernestina Ascencio… pic.twitter.com/oJxn9WTl1N
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) December 16, 2025
La Corte determinó que la violación sexual sufrida por Ernestina Ascencio constituyó un acto de tortura, toda vez que fue intencional, causó severos sufrimientos físicos y mentales, y se cometió con el propósito de intimidar, degradar, humillar y controlar a la víctima.
La señora de 73 años fue trasladada por sus familiares en busca de atención médica durante aproximadamente 10 horas, hasta ser recibida en el Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció a las 6:30 horas del 26 de febrero de 2007, antes de que pudiera ser intervenida quirúrgicamente.
La CIDH determinó que el Estado mexicano violó el derecho de Ernestina Ascencio a recibir una atención en salud accesible, disponible y de calidad. Asimismo, resaltó que el hospital no contaba con intérpretes del náhuatl que facilitaran la comunicación de la señora Ernestina y sus familiares con el personal médico.
Por motivo de estas violaciones, la Corte ordenó al Estado implementar distintas medidas de reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascdencio para identificar, procesar y sancionar a los responsables.
También el de brindar tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a los familiares; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; implementar programas de formación y capacitación para funcionarios públicos; fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa; y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia, entre otras medidas.
