Escribo unas horas después de que las comisiones de Justicia y Salud del Senado de la República aprobaran en lo general el dictamen de Ley General para la Regulación del Cannabis. Un hecho que debería ser objeto de celebración, sin embargo, queda empañado por un proyecto muy malo que, para empezar, no despenaliza realmente ni la producción, ni el comercio, ni el consumo de mariguana, pues solo abre un resquicio para que las grandes empresas produzcan cannabis para consumidores ricos, mientras los campesinos que tradicionalmente han producido mariguana bajo el yugo del crimen organizado y que han enfrentado la persecución y a represión estatal, lo mismo que los consumidores sin recursos para pagar la mariguana y los remedios derivados del cannabis producidos con semillas trazables y “testables” y empaquetados con complejas tecnologías sustentables no tendrán otro remedio que seguir sumidos en la clandestinidad.

Lo aprobado en lo general en el Senado no es más que un simulacro en beneficio de las grandes empresas canadienses que han hecho un intenso cabildeo para ganarse el apoyo de los senadores que han impuesto su proyecto incluso contra las recomendaciones de la Comisión Nacional contra las Adicciones, cuyo presidente, Gady Zabicky, ha trabajado para lograr un proceso de regulación sensata para el cannabis. Tampoco ha sido tomada en cuenta la opinión de la Secretaria de Gobernación, quien trató de impulsar un dictamen distinto al impuesto por Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia del Senado y principal promotor del proyecto simulador.

La aberración de no sacar al cannabis del artículo 198 del Código Penal Federal, ni de la tabla de umbrales de dosis mínimas para el consumo personal de sustancias prohibidas de la Ley General de Salud, donde sólo se aumenta la cantidad de mariguana de los ridículos cinco gramos actuales a 28, a partir de los cuales se aplicarán multas a quienes los porten, sin que desaparezca el delito de posesión simple, será la base de un gran fracaso, pues uno de los objetivos centrales buscados por una regulación adecuada es reducir al máximo el mercado clandestino y dejar de usar el sistema de justicia penal y el aparato policial para controlar una sustancia que puede perfectamente regularse con mecanismos similares a los del alcohol y el tabaco, si bien perfeccionados.

Si prospera el proyecto de Menchaca –al que aún le falta la discusión en lo particular en las propias comisiones del Senado de los artículos reservados por diversos Senadores, sobre todo por Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, antes de pasar al pleno y después ser turnado a la Cámara de Diputados– los márgenes para la persecución y la extorsión de productores tradicionales y usuarios seguirá siendo amplia, mientras que un pequeño grupo de consumidores de alto nivel económico podrá tener acceso a un producto caro controlado por empresas trasnacionales. Las barreras de entrada al mercado y las restricciones al consumo harán que el objetivo de reducir al máximo el mercado clandestino simplemente no se logre, con lo que se alimentarán los argumentos de quienes se han opuesto contumazmente a cualquier regulación.

Porque más allá de los enormes defectos del dictamen de Menchaca, lo que se escuchó ayer en la discusión del Senado fue una retahíla de prejuicios, ignorancia y demagogia de parte de los detractores de cualquier cambio en la política prohibicionista que la próxima semana cumple 100 años de mostrar su fracaso, a costa de los consumidores y los productores, pero con grandes beneficios para las organizaciones especialistas en la explotación de mercados clandestinos.

Fue el 15 de marzo de 1920, en los momentos postrimeros del Gobierno de Venustiano Carranza, cuando se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones “sobre el comercio de productos que pueden ser utilizados para fomentar los vicios que degeneren la raza y sobre el cultivo de plantas que pueden ser empleadas con el mismo fin”. En aquellas disposiciones se estableció la estricta prohibición del cultivo y el comercio de la mariguana. A partir de entonces, el mercado del cannabis ha sido controlado y regulado en los hechos por organizaciones criminales, sin que se haya logrado erradicar ni su producción ni su consumo. Los beneficios han quedado en manos de los delincuentes y de las autoridades corruptas, mientras que los productores y los consumidores han sido víctimas de un arreglo inicuo que no se sostiene con base en la evidencia científica, sino en los prejuicios, las falsedades y la ignorancia.

En la sesión de comisiones del Senado se volvieron a escuchar los argumentos manidos de quienes satanizan a la mariguana y estigmatizan a quienes la consumimos. No valen para ellos las evidencias sobre el hecho de que más del 90 por ciento de los usuarios de cannabis no son ni adictos ni tienen un consumo problemático para su vida y su entorno social o familiar. Tampoco aceptan las evidencias de que se trata de una sustancia bastante menos peligrosa que el tabaco y el alcohol, aunque no es inocua. De manera oportunista, Demián Zepeda y otros legisladores de estirpe oscurantista buscaron congraciarse con los sectores más conservadores de la sociedad, entre los que sigue imperando la idea arraigada durante un siglo de prohibición de que la mariguana es una droga de perdición.

Lo ocurrido en el Senado hace unas horas es reflejo de las enormes contradicciones de la política de drogas del actual Gobierno, que hace apenas un año, cuando presentó su Plan Nacional de Desarrollo, proclamaba el cambio de paradigma para acabar con el fallido prohibicionismo, aunque una y otra vez el Presidente de la República en sus arengas mañaneras reitera sus prejuicios contra los consumidores, como cuando afirmó, hace unos días, que la mayoría de las víctimas de homicidio estaban bajo el influjo de drogas o cuando ha llamado abiertamente a estigmatizar a todos los consumidores con sus pueriles “fuchis”.

El trabajo en el Senado no ha concluido. A ver si la aplanadora de Morena escucha las opiniones fundadas de especialistas, como los de México Unido contra la Delincuencia o el CIDE, y corrige las barbaridades de los artículos reservados. Si no es así, todavía es posible mejorar sustancialmente el proyecto en la Cámara de Diputados, para que, por fin, después de un siglo, superemos la absurda y contraproducente prohibición de la mariguana y podamos enfocarnos en la regulación eficaz de otras sustancias de manera que la fuente de la que se ha enriquecido el crimen organizado comience a secarse y se deje de criminalizar a los campesinos y a los consumidores.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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