Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo/ZonaFranca).–La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), instancia dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), tardó seis meses para decidir que no ejercerá acción penal en el caso de Karla Janet Silva Guerrero, reportera del periódico El Heraldo de León en Silao, Guanajuato.
Fue el 4 de septiembre de 2014 cuando tres sujetos irrumpieron en la redacción del diario, uno de ellos se dirigió al lugar en el que se encontraba la informadora y comenzó a golpearla mientras le repetía que le “bajara de huevos a sus notas”.
Esta alusión a su labor como periodista provocó que dos días después de ser atacada, Karla Silva rindiera su declaración ante la FEADLE.
Desde ese momento la institución federal calló y reservó para sí misma los avances de la investigación.
La ausencia terminó medio año después del atentado, el pasado 6 de marzo, cuando la FEADLE reapareció sólo para notificar a Karla Silva que no ejercerá acción penal por los hechos, con lo que ahora el asunto se tiene como “total y absolutamente concluido”.
En la notificación se expone que la dependencia federal tomó dicha determinación para evitar violar el principio Ne bis in idem, que establece que un acusado no puede ser juzgado dos veces por un mismo delito.
Sin embargo, no se exponen los elementos que llevaron a esta conclusión, únicamente se presenta un extracto del acuerdo.
Asimismo, en el documento, la FEADLE cede la completa responsabilidad de proteger a la reportera al Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
“[…] a ser ellos la autoridad que implementan las medidas cautelares que obran a favor de Karla Janeth Silva Guerrero, quedarán como los únicos garantes del desarrollo psicoemocional y físico de la periodista (sic)”.
INCUMPLEN DEBER CONSTITUCIONAL
De acuerdo con la PGR, “la FEADLE es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística […]”.
Es por ello que Karla Silva sostine que la Fiscalía es la instancia que debería dar seguimiento a su caso.
“Fue un atentado contra mi trabajo, contra la libertad de expresión. Desde el momento en que me dice ‘bájale de huevos a tus pinches notas’, obviamente así quisieron que lo interpretara los autores intelectuales”.
Sin embargo, al anunciársele que no se ejercerá acción penal, la reportera sostiene que “la FEADLE se niega a cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales”.
En entrevista, la reportera dio a conocer que solicitó al agente del ministerio público adscrito a la FEADLE, Miguel Ángel Calzada Briseño, que le explicara las razones por las que el asunto se ha dado por concluido.
La respuesta del servidor público fue que ella debe acudir personalmente a la Ciudad de México a consultar el acuerdo en el que quedó establecida la resolución y sus causas.
Karla Silva comentó a este medio de información que se encuentra analizando la posibilidad de impugnar la resolución, para lo que –de acuerdo con la notificación- cuenta con un plazo de 15 días.
INFORMAR SIN PROTECCIÓN
A pesar de la inacción que el Gobierno Federal mostró durante poco más de seis meses, la agresión perpetrada en contra de la periodista es de su pleno conocimiento.
Así lo demuestra la comunicación establecida entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Esta última reportó al organismo internacional el avance de la investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato.
Sin embargo omitió hacer mención del proceso que en instancias federales se habría de llevar a cabo para juzgar la agresión como delito contra la libertad de expresión.
Hasta este momento han sido capturados tres presuntos responsables y un culpable confeso, quien ya fue puesto en libertad.
Debido a que las normas guanajuatenses no contemplan los delitos contra la libertad de expresión, a los cuatro sujetos sólo se les han imputado los cargos de lesiones, robo y amenaza.
Es así como el primer caso de violencia contra una periodista que se ha registrado en la entidad podría ser juzgado como un delito común y no como un crimen cometido “en razón del ejercicio al derecho a la información o de libertad de prensa y expresión”.
