Como resulta evidente de este recuento incompleto de agravios cometidos por los pasados gobernantes, razones para juzgar a los expresidentes sobran. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.

Son tal la cantidad de agravios, faltas de respeto, crímenes y corrupciones que la clase política gobernante ha cometido contra la sociedad mexicana que casi con seguridad una mayoría quisiera que los responsables de esos agravios paguen con juicios justos y penas de cárcel y patrimoniales. Y sin duda, en la lista de responsables de ese imaginario popular de justicia, estaría encabezado por expresidentes.

Por eso, más allá de las lagunas jurídicas, resulta innecesaria y probablemente contraproducente la solicitud de una consulta para enjuiciar a los expresidentes que ha tenido México de 1988 a la fecha.

La noche del pasado martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República, y éste a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una solicitud para que en las elecciones intermedias de 2021 se planté una consulta a la sociedad mexicana para decidir si están de acuerdo en juzgar a los exmandatarios.

La pregunta que López Obrador envió al Senado está formulada así: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

En su sano juicio y sin ser del círculo íntimo de estos exmandatarios, ¿quién se opondría a que se les enjuicie y en caso de encontrarlos culpables, que paguen con cárcel y daño patrimonial sus fechorías o crímenes?

Es tan popular la demanda de enjuiciar a los exmandatarios mexicanos que el Comité Promotor de la Consulta reunió 2 millones 700 mil firmas de ciudadanos en apenas dos semanas. En su caso, la pregunta que plantean para hacer la consulta popular cambia un poco respecto a la que Presidencia propone, pero esencialmente son semejantes: “¿Estás de acuerdo que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial que garantice el debido proceso?”.

Pero el camino seguido por López Obrador y organizaciones afines parece más interesado en obtener titulares y reflectores, y eventualmente sacar provecho en la coyuntura electoral, antes que ir a fondo en la persecución de los delitos cometidos por los expresidentes.

Hay qué recordar además que la posición actual de López Obrador parece contradecir la postura que mantenía como candidato, como Presidente electo y ya como Presidente: decía que no era partidario de la venganza y que no quería distraerse investigando las corruptelas y anomalías del pasado.

Pero algo ocurrió y la postura de López Obrador cambió para impulsar el juicio a los expresidentes. Todo indica que es la coyuntura política, con baja tendencial de la popularidad presidencial, las movilizaciones semanales contra su Gobierno, las críticas a su gestión de la pandemia, los videos filtrados donde aparece su hermano recibiendo dinero para actividades de Morena, o por la articulación de sus adversarios ya sea tras bambalinas impulsando desde videos y bulos, coaliciones electorales, hasta cartas de abajofirmantes.

Pero además, un eventual rechazo de la consulta decidida por la Corte, le daría a López Obrador una justificación frente a sus seguidores para no llevar a cabo una consulta de juicio a expresidentes. Así podría decir: “yo lo intenté, pero otros poderes dicen que no se puede”.

Y esto puede ocurrir por las eventuales inconsistencias jurídicas de las solicitudes para enjuiciar a expresidentes. El mismo día que el Presidente envió la petición al Senado, consultados por La Jornada, media docena de expertos jurídicos comentaron las inconsistencias de este procedimiento. El Ministro en retiro de la Corte, José Ramón Cossío, dijo que la justicia no puede estar sometida a consultas populares: “No hay necesidad en modo alguno de abrir un procedimiento de consulta para determinar si las autoridades deben o no cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales. Un proceso judicial debe regularse por razones técnicas basadas en las normas jurídicas y no en el voto popular”, señaló.

Ese podría ser el camino legal: investigaciones de la Fiscalía General hacia los exmandatarios. Y es que razones para juzgar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, bastan y sobran.

Tras ellos hay una estela de fraudes electorales, compra masiva de votos, desvío de dinero público y privado a campañas, uso discrecional de partidas secretas de Presidencia, asesinato de disidentes políticos, proceso legales viciados, privatización de los bienes nacionales a una escala sin precedentes, convertir en deuda pública deuda privada irregular (Fabaproa), masacres contra comunidades, ejecuciones extrajudiciales, aumento de la violencia contra las mujeres, deterioro sostenido y significativo de los servicios públicos, entrega de los recursos naturales a particulares mediante concesiones, drásticas políticas de reducción salarial, desarrollo urbano en detrimento de la calidad de vida, devastación ambiental, y un periodo de violencia organizada que ha sometido a la mayoría de la sociedad mexicana a una guerra brutal y sanguinaria con más de medio millón de victimas de asesinatos y desapariciones.

Como resulta evidente de este recuento incompleto de agravios cometidos por los pasados gobernantes, razones para juzgar a los expresidentes sobran. No se necesita una consulta para integrar expedientes sobre cada uno de estos agravios y llevar a los exmandatarios a prisión y privarlos de sus bienes. Que así sea.