Aunque las reseñas del encuentro son escuetas, lo que reportaron los medios de comunicación es suficiente para tener una idea clara de lo que ocurrió el jueves pasado en Monterrey. Javier Sicilia, hoy, el mexicano fuera de las instituciones con mayor capacidad de convocatoria, se sentó cuatro horas frente al procurador general de justicia de Nuevo León, Adrián de la Garza. Junto al poeta, un grupo de víctimas, representantes de trece personas reportadas como desaparecidas. Al lado del funcionario, los “investigadores” de esos casos. La cita se había pactado un mes atrás. Las autoridades tuvieron cuatro semanas para presentar “avances” de esos expedientes. Exactamente 30 días después de haber sido emplazados, los fiscales quedaron exhibidos. “Lo terrible es que las víctimas llevaban mucho más información que la propia Procuraduría”, le dijo Sicilia a Carlos Puig en W Radio el viernes pasado. “Los avances eran mínimos, muy poquitos. Las instituciones están muy dañadas”.
Ese 6 de junio, cuando en ruta hacia Ciudad Juárez la Caravana del Consuelo hizo escala en Monterrey, al procurador no se le pidió que un mes después tuviera resueltos los trece casos, mucho menos reportar de la totalidad de expedientes sobre desaparecidos en Nuevo León (que fue una de las primeras entidades en donde ante la repetición de los “levantones” las víctimas se organizaron). Y si en un mes el procurador, y por ende el gobierno del estado, no pudo más que refrendar su “buena disposición” y pactar una nueva cita para el diez de agosto, ¿estaremos ante la estrategia correcta? Qué bueno que sea personalmente Sicilia -acompañado por cierto por alguien que le puede asesorar como Emilio Álvarez Icaza- el que se presente ante la autoridad de Nuevo León. Pero si cada grupo de víctimas reclamando justicia va a requerir de que el poeta abogue por ellos y de viva voz para ser escuchados, estaremos cayendo en un juego de desgaste donde los únicos que van a ganar son los gobernantes. Hay que voltear la estrategia.
Así como buscó y tuvo una con el Presidente Felipe Calderón, Sicilia ha demandado reuniones con el Congreso, con el Poder Judicial y con los gobernadores. Creo que salvo la cita con los representantes de los jueces –federales y locales-, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad debería planificar una cumbre en donde estuvieran, en ese orden, los jefes de los partidos políticos, los gobernadores y, finalmente, los coordinadores legislativos del Congreso de la Unión.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad sí puede, con los apoyos adecuados, armar en poco tiempo la base de datos sobre las víctimas (por ejemplo, en el renglón de los desaparecidos hay activistas reclamando por sus familiares desde hace años tanto en Nuevo León como en Coahuila, Chihuahua y Baja California. Y huelga decir que luego de la Caravana del Consuelo y de los hallazgos de fosas clandestinas en Tamaulipas y Durango, este problema por fin ha dejado de ser minimizado).
Sicilia podría demandar, en diálogo público, que los dirigentes nacionales de los partidos, jefes formales de los políticos, establecieran dos agendas paralelas. La primera, de efectos inmediatos: ante un diagnóstico inicial de víctimas que podría presentar el Movimiento a los líderes de los partidos, estos deberían hacer compromisos de presentar avances mes con mes y entidad por entidad, incluida la Federación para aquellos que le correspondan. Estos “avances” serían monitoreados por la propia sociedad civil.
El segundo compromiso de los partidos tiene que partir de la doble realidad de que el proceso electoral para renovar Presidente de la República ya se instaló, y de que como la problemática es, en el mejor de los casos, de mediano plazo, los políticos tienen que exponer qué tipo de acuerdos y compromisos se pueden lograr para solucionar esto que no empezó con Felipe Calderón, pero quien sí dejará al país en una situación crítica.
¿Por qué tendrían que encabezar esta estrategia de rendición de cuentas los partidos políticos? El Presidente ya se va. Los legisladores federales también, por eso sería más que inútil verlos. Además, senadores y diputados no se mandan solos, ni formal ni realmente: no rinden cuentas a sus electores porque se deben a sus gobernadores o a los partidos. Por lo mismo, habría que pactar con estos los compromisos específicos, incluidos cambios en leyes. Las manos que sirven para recibir dinero de todas partes (prerrogativas y donativos), las manos por donde pasan candidaturas y pactos intrapartidistas deberían ser las mismas que firmen una agenda concreta, resistente a las veleidades electoreras, frente a las víctimas.
En todo un mes, el gobierno de Nuevo León no pudo dar pistas concretas de ningún caso de los trece que sabía que le iban a reclamar. No pudo informar de un solo arresto relativo a esos expedientes. Increíblemente se llegó a presentar como “avance” la apertura de “nuevas líneas de investigación”, algunas de las cuales los familiares ya habían demostrado erradas. En un mes no pudieron, en sumo, dar con el paradero de alguno de esos desaparecidos. Nada.
El caso debería ser un escándalo nacional: se comprometieron con el movimiento más visible de demanda de justicia y los resultados que dan son de vergüenza. Lo peor es que Nuevo León no es excepción: la investigación de ocho de cada diez crímenes están en manos de procuradurías como la neoleonesa. No pidamos más Sicilias que vayan a citas con procuradores, en este país ya sobran las víctimas que pueden preguntar, mediante un sistema más sencillo y abierto, por sus familiares a cada uno de los partidos políticos que mantenemos. Javier Sicilia: eviten el Congreso, hagan que jefes partidistas y gobernadores se comprometan con las víctimas.
