Pablo Gómez Álvarez, uno de los líderes históricos de la izquierda, señaló que el reporte independiente que se hizo sobre el rescate bancario del Fobaproa estaba encriptado y se le impuso una cláusula de confidencialidad para que no se hiciera público debido a que así lo decidieron el PRI y PAN.
Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acusó que el expresidente priista Ernesto Zedillo “miente feo” al asegurar que entregó abierta y oportunamente la auditoría que se le realizó al Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa), por lo que relató cómo tanto Zedillo como el PRI y el PAN hicieron todo lo posible para ocultar dicha información, primero, encriptando el reporte y después manteniéndolo en reserva.
Un análisis del Centro Internacional de Casos (CIC) del Tecnológico de Monterrey, basado en un reporte del contador canadiense Michael W. Mackey, evidenció que durante la aplicación del Fobaproa tuvieron lugar varias irregularidades, amparadas en la impunidad, y que existió una negativa de los involucrados de proporcionar la información sobre el caso a la auditoría que se ordenó, misma que terminó siendo un reporte.
El análisis del CIC exhibió la manera en que, tanto el Gobierno federal como las instituciones financieras que resultaron beneficiadas por el Fobaproa, se negaron a proporcionar información a los expertos que en 1999 llevaron a cabo una auditoría con el propósito de conocer el desempeño del programa de rescate bancario, mismo que aunque sólo benefició a unos cuantos, hasta el momento, está siendo pagado por toda la población mexicana.
En 1999 un grupo de diputados, entre lo que se encontraban Fauzi Hamdan Amad, Jorge Estefan Chidiac, Jorge Silva Morales, Santiago Gustavo Pedro Cortés y Gloria Lavara Mejía instruyeron una auditoria al Fobaproa para la que contratraron al contador canadiense Michael W. Mackey, quien junto a un equipo de trabajo realizaría dicha tarea.
Este 1 de mayo, el titular de la UIF, quien durante la discusión del Fobaproa fue coordinador de los diputados del PRD, entregó de manera simbólica el reporte de auditoría que en 1999 realizó el canadiense Michael W. Mackey, mismo que por un tiempo fue público, pero que después las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) determinaron ocultar, para lo cual, en un primer momento, no entregaron las claves completas para su apertura y después votaron a favor de mantenerlo bajo reserva.
Gómez calificó a Zedillo de mentiroso, ya que éste ha asegurado que el reporte se entregó de manera abierta, sin embargo, Gómez sostuvo que no fue así, ya que el documento en el que se analizó la aplicación de Fobaproa estaba encriptado con cinco llaves cibernéticas, una para cada bancada, y que el PRI, partido de Zedillo, no quiso entregarla para que se abriera el reporte.
“Dice Zedillo que se auditó el Fobaproa y que se entregaron los resultados en su momento, miente feo, miente feo, hay varias formas de mentir, éste miente feo. Aquí está el que no quisieron entregar. Entregaron en la Cámara un disco encriptado, tenía cinco llaves [para cada uno de los partidos: PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista (PVEM), y Partido del Trabajo (PT)]”, explicó este jueves durante su intervención en la habitual conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Le dieron una al PRD, una al Verde, una al PT, otra al PRI y otra al PAN, para poder desencriptar había que tener las cinco (...) los del PAN dieron una llave que no era, Fauzi Hamdan, ese es bueno para esas cosas, la entregó pero era falsa, entonces, se generó un conflicto interno en el PAN, diciendo ‘pero qué les pasa, estamos en vísperas de una elección y ustedes jugando con esto’, entonces, entregaron la llave”, recordó.
Entonces, relató que, pese a tener cuatro llaves, les faltaba una, la del PRI, el cual nunca la entregó. Incluso, el actual titular de la UIF aseguró que se la solicitó a Francisco Labastida, el candidato presidencial priista en 2000, pero éste se negó a entregarla, pese a lo cual, después de mucho trabajo se logró abrir y publicar el reporte el reporte de la auditoría con los créditos que consideraban el crimen, delito".
“Ya teníamos cuatro llaves, pero imposible de abrir (...) yo le mandé a decir a Labastida, a través de una persona que trabajaba con él y en algún momento trabajó conmigo, que nos diera la clave, la llave, que eso era la mejor para el país, para todo el mundo, la transparencia más elemental, me mandó decir que no, no sé si porque no podía o porque no quería, o por las dos cosas, eso nunca lo dijo, se hizo el desentendido”, acusó Gómez.
Luego de desencriptarlo, dijo, “lo subimos a la página [de la Cámara de Diputados] para que cualquiera lo pudiera consultar”, no obstante, poco después se ordenó bajarlo. “Este documento fue público, estuvo en la página de la Cámara meses, cuando vino el cambio ahí de Presidencia llegó una priista a ser presidenta de la Cámara y ordenó que quitaran eso”, comentó Gómez.
El titular de la UIF señaló que dicho reporte fue encriptado y se le impuso una cláusula de confidencialidad porque contiene “la lista completa de las operaciones reportables identificadas durante la ejecución del Programa para la Evaluación Integral de las Operaciones del Fondo Bancario de Protección del Ahorro y en el Saneamiento de las Inscripciones Financieras de México”, explicó.
“El problema es que esto violaba la regla laxa de ellos mismos, no obstante, lo cual, cubrieron estos créditos, la regla de ellos era impresionantemente favorable para los grandes deudores, los empresarios y todo eso, especuladores, esto estaba fuera de ellos y nunca pudieron explicar por qué Fobaproa y su comité que tenían aprobó esto, nunca, no dieron la menor explicación, saben que esto no iba a ser conocido nunca con el sistema del encriptamiento, con cinco llaves, con el PRI que dijera no”, ahondó.
“Este documento se conoció en su momento, se está negando su existencia, Zedillo está diciendo que se entregó el resultado de la auditoría abiertamente en el momento, el resultado de la auditoria que entregaron es este, donde está la historia, lo que hicieron, más o menos la política que llevaron a cabo, pero también la crítica de la política económica del Gobierno, sobre todo bancaria de aquella época, está incluida aquí”, reiteró.
Gómez recordó que como un intento para evitar que nuevamente se hiciera público el reporte, el PAN en complicidad con el PRI aprobaron una propuesta para deslindar a la Cámara de Diputados de la publicación del reporte y estableciendo de manera enfática que sólo el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) tenía facultades para utilizarlo, siendo que, aseguró, los consejeros de IPAB habían sido impuestos por el PAN y el PRI.
“[Los diputados del PAN] presentaron el 23 de marzo de 2000, un documento propuesto al pleno a la Cámara, dónde la Cámara de diputados se deslindaba de la publicación de las operaciones reportables que habíamos publicado [la izquierda] y declaraban que sólo el IPAB puede darle un uso, o sea, ellos mismos, que se habían dividido entre el PRI y el PAN la integración de los consejeros del IPAB, o sea, que ya estaba todo bien planchado”, relató.
En su intervención indicó que la salida de capitales del país estuvo impulsada por las políticas económicas del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que a pesar de que la misma fue advertida por economistas y por empresarios, los bancos otorgaron créditos millonarios sin garantías a funcionarios de los mismos bancos y a los cercanos a estos, situación de la Zedillo estaba al tanto.
“Durante esta época, este periodo, los bancos daban créditos quirografarios, es decir, sin ningún respaldo, nada más con la pura firma del que recibió el crédito, créditos millonarios, créditos a personas relacionadas con los bancos, es decir, accionistas, altos funcionarios de los bancos, parientes de los gerentes, hicieron un reparto de créditos baratos por muchos millones de pesos, esto está documentado”, dijo Gómez.
“En el momento en que estalla la crisis, el Secretario de Hacienda [en ese entonces Jaime Serra Puche] y el nuevo Presidente dice ‘es que no sabíamos nada de los bonos que había estado Salinas emitiendo’, cómo que no sabía nada si eran miembros de ese Gobierno ¿desde dónde llegaban? llegaban del mismo grupo político”, cuestionó el titular de la UIF.
“Zedillo no iba a ser el candidato (...) pero Zedillo era el coordinador de la campaña, entonces, había estado en el Gobierno directamente, tenía conocimiento de eso, su carrera como funcionario alto fue en el fideicomiso para cubrir los riesgos cambiarios, que era un instrumento para sustituir confianza por soluciones a los problemas de deuda en dólares de los empresarios”, añadió.
“El fobaproa empezó a operar dando bonos, fondeando a los bancos que tenían dificultades de cobro, una cantidad enorme de créditos que estaban en cartera vencida y que el Fobaproa asumía a cambio de bonos que se le entregaban y entraban al activo y al patrimonio del banco. El Fobaproa empezó a cubrir adeudos privados, esta no era la función, la función del Fobaproa era una especie de seguro para proteger el ahorro bancario. Estaban simplemente regalando dinero, para decirlo en términos llanos”, afirmó.
Pablo Gómez, quien sostuvo que la Cámara de Diputados se enteró del “desastre” cuando ya era muy tarde, enfatizó que la entrega simbólica del reporte de Mackey fue “para desmentir que la decisión del Gobierno de Zedillo era que la auditoría fuera transparente”, así como para evidenciar la complicidad del PAN en todo el caso, tanto para avalar el rescate bancario que se hizo mediante el Fobaproa, como para ocultar la auditoria al resto de los ciudadanos mexicanos”.
“No, la decisión [de Zedillo] fue que no lo fuera [pública la auditoría] y la complicidad del PAN, no solamente en la votación que se hizo para reconocer la deuda gigantesca, sino también para desconocer el contenido de este documento que no habían querido que fuera público. Esto lo volvemos a presentar al pueblo de México, a través de su Presidenta, como un testimonio de lo que hicieron innecesariamente para proteger los intereses de los grandes ricos y poderosos de este país”, concluyó Gómez.
Pese a la resistencia que hubo por parte de autoridades e involucrados en el Fobaproa para entregar información indispensable, particularmente la que se refiere a los fideicomisos, por lo que el equipo de contadores obtuvo datos limitados y seccionados, y como consecuencia la auditoría se realizó de manera incompleta y deficiente, Mackey logró presentar su informe de resultados en julio de 1999.
El documento del CIC refiere que uno de estos incidentes lo protagonizó el empresario Carlos Cabal Peniche, quien en los años 90,s formaba parte de la entidad denominada Banco Unión-Cremi, misma que fue una de las tantas intervenidas por el Fobaproa, hecho del cual Cabal Peniche reservó información bajo la justificación del secreto bancario.
El reporte que presentó el contador canadiense incluyó un análisis de las operaciones que llevó a cabo el Fobaproa, una evaluación del actuar del Gobierno de México previo a la crisis bancaria, así como el diagnóstico de los programas de rescate y saneamiento financiero que aplicó. No obstante, en el documento también detalló la negativa que hubo por parte de las autoridades para que su equipo obtuviera información indispensable.
"En los casos en que los bancos habían sido intervenidos estaba claro que nuestro alcance se extendería a todo el banco ya que FOBAPROA era responsable de todos los pasivos en el banco intervenido”, señala el reporte retomado por el CIC, en que, además, se describen dos situaciones que surgieron en el marco del rescate bancario.
“Primero, en los casos donde solamente se emprendió de facto una intervención administrativa, los interventores tomaron la postura de que no había ocurrido ninguna intervención y se negó el acceso a todos los aspectos del banco excepto a aquellos relacionados con los programas del FOBAPROA”, explicó Mackey en su reporte referido por el CIC.
“Segundo, en los casos donde sí se había emprendido una intervención gerencial, los interventores adoptaron la postura de que las cuentas de los fideicomisos en los bancos intervenidos no eran parte de los bancos, resultando con esto que se negó acceso a la información relacionada con todas las cuentas de los fideicomisos", añadió el contador canadiense.
El reporte estimó que resolver la crisis bancaria, hasta junio de 1998, implicó un costo fiscal de 633.3 mil millones de pesos, sin embargo, otras investigaciones señalaron que el costo fiscal, un año después, ascendió a más de 690 millones de pesos. Además, reconoció que el Programa de Capitalización Temporal (PROCAPTE) se aplicó de manera adecuada, no obstante, subrayó que el periodo de las intervenciones excedieron el periodo marcado por la Ley.
Uno de los programas más polémicos fue la compra de cartera, el cual aunque se supervisó de manera adecuada y resultó efectivo para algunos bancos, otros fueron intervenidos pese a que no cumplieron con los compromisos adquiridos, indicó el reporte que concluyó que aunque había mecanismos para minimizar la crisis, el rescate instrumentado se implementó de manera inoportuna y tardía, enfatizando que el rescate de bancos quebrados resultó más costoso que cerrarlos.
Mackey también criticó la privatización de bancos que llevó a cabo el Gobierno federal, al puntualizar que esta se hizo “sin una supervisión adecuada” y con diversas fallas que jugaron un papel fundamental para incrementar excesivamente “el costo del rescate bancario”. Además, en un apartado final, el auditor destacó que los créditos presentaban “todo tipo de irregularidades”, por lo que debieron haber sido revisados por las autoridades.
En tanto, el análisis del Tec de Monterrey señaló que la crisis financiera de 1995, que a sus vez fue el resultado de “una política aventurera del gobierno”; la venta apresurada de los bancos con fines políticos; y la usencia de vigilancia oficial sobre el funcionamiento de la banca fueron factores determinantes que desencadenaron la quiebra del sistema financiero.
Además, aseveró que “La banca fue entregada a grupos ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el propósito de crear un sistema financiero vinculado a las actividades políticas”, lo que resultó en una paradoja, ya que por un lado grandes deudores resultaron beneficiados y por otro una gran proporción de personas se vieron atadas a deudas que se volvieron impagables, pese a que en un inicio eran pequeñas.
Agregó que “las más altas autoridades” del Gobierno federal fueron las responsables de graves errores, ya que pese a que su proposito fue ingresar la economía de México “a las reglas del mercado internacional” lo hicieron de prisa e ignorando grades obstáculos como la corrupción y el autoritarismo, los cuales no logró eliminar, por lo que, como resultado de esta combinación de factores, sólo unos cuantos ricos resultaron beneficiados.
Por ello, recordó el análisis del CIC, el reclamo de la ciudadanía hacía el Fobaproa fue que, bajo la justificación de un rescate bancario, las instituciones bancarias continuaron otorgando créditos de manera ilegal e irregular, bajo un manto de la impunidad, ya que las autoridades no otorgaron la supervisión adecuada y contaban con la certeza de que los depósitos estaban garantizados al 100 por ciento por el Gobierno federal.
Ante la falta de gran parte de información, el reporte que presentó Mackey sólo se consideró como una asesoría, incluso, el propio Mackey puntualizó la situación. "Este informe y las evaluaciones que se han llevado a cabo no constituyen una auditoría financiera, sino una revisión y análisis basados en preguntas específicas previamente convenidas con el Comité de Contrataciones bajo requerimiento expreso”, indicó en su reporte.
“Por lo tanto, no deberá considerarse una auditoria, no expresamos opinión alguna sobre ninguno de los estados financieros o registros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), del FOBAPROA, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Banco de México, de los bancos individuales o de los controles internos de estos organismos e instituciones”, añadió.
“Como se señaló en otra parte de este informe, los términos de referencia de esta revisión fueron diferentes a los de una auditoría financiera y no debía considerarse que proporcionan la misma información y nivel de seguridad que una auditoría financiera", destacó Mackey en su reporte presentado en la Cámara de Diputados en 1999.
Y aunque la bancada del entonces Partido de la Revolución Democrática (PRD) insistió en que una auditoria pertinente al Fobaproa quedaba pendiente, Marco Provencio, entonces vocero de la Secretaría de Hacienda y Credito Público (SHCP), se indignó y arremetió contra quienes se atrevieron a “cuestionar la validez de la auditoria”, a la que calificó como la “más profunda, más amplia y más costosa en la historia de México".
En este sentido, el análisis del CIC enfatizó que lo que el vocero gubernamental olvidó fue que “la presunta auditoría”, que terminó siendo un reporte, no sólo resultó ser una de las más caras en la historia de México, sino la única en la cual el auditado decidió proporcionar, o no, a su conveniencia, la información que el auditor requería.
“Las restricciones a las que se vio sometido el reporte del auditor Mackey fueron mucho más graves de lo que en un principio él mismo se había imaginado. El Gobierno se cerró para evitar que salieran a la luz sus malos manejos. Un gobierno que obstaculizó la auditoria hasta el último momento reveló que faltaba lo principal de la democracia: dar cuentas”, subrayó el análisis del CIC del Tecnológico de Monterrey.
