Una serie de revisiones a lo largo de los últimos meses en el sureste del país ha revelado la deforestación de miles de hectáreas de selva que ha provocado daños graves incluso en reservas bioculturales de la región.
Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– La península de Yucatán, incluida la entidad que le da el nombre, así como Campeche y Quintana Roo, sufre un problema de deforestación. No se trata de incendios, sino de la mano humana. Supuestamente comunidades menonitas han sido señaladas por las autoridades del Gobierno federal por destruir cientos de hectáreas de selva en la zona y cambio de uso de suelo, todo ilegal, para imponer su producción agrícola.
En los últimos meses, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha suspendido docenas de predios en las tres entidades donde se llevaban a cabo estos trabajos, precisamente en zonas donde este grupo se ha establecido.
"La Profepa continuará vigilando y trabajando para impedir que se continúe removiendo la selva que ha sido manejada durante siglos por los pueblos mayas y son fundamentales para la provisión de agua en la zona, además de ser el hogar de numerosas especies”, afirmó Mariana Boy Tamborrell, la Procuradora Federal de Protección al Ambiente.
La Profepa anunció el miércoles pasado que había clausurado un predio por "cambio ilegal de uso de suelo" en el ejido Nohalal, municipio de Tekax, en Yucatán. Las mismas autoridades señalaron a un grupo menonita de presuntamente haber devastado 39.6 hectáreas de una superficie de 49.5 hectáreas, es decir, 80 por ciento de la superficie total.
La dependencia detectó un claro dentro de la vegetación de selva predominante, donde se realizó lo que calificaron como "la eliminación de la vegetación nativa que crecía de manera natural", es decir, una zona de deforestación grave. "Se observó un terreno nivelado donde se ha removido el suelo natural y se aprecian restos carbonizados de vegetación, terreno preparado presumiblemente para actividad agrícola.
Además, la comunidad fue acusado de realizar un camino de acceso, nivelado y trazado con maquinaria pesada, conteniendo “sascab” y “kancab” como recubrimiento. Estos dos nombres, tanto tierra blanca como tierra roja, es como se le conoce al material usado para preparar mezclas para la construcción.
El camino construido era extenso, de mil 300 metros de largo y un ancho constante de cinco metros. Esto provocó también una deforestación importante, de siete mil 500 metros cuadrados.
"Se realizó la remoción total y remoción parcial de la vegetación que crecía de manera natural en el sitio, incluyendo arbolado adulto, arbolado joven o renuevo y vegetación herbácea. Se observó el suelo natural nivelado y sobre el mismo restos vegetales como tallos y raíces, con evidencia del uso de fuego como herramienta", explicó la Profepa.
Las autoridades destacaron que ni este proceso de deforestación ni el uso de la tierra para expansión agrícola "cuentan con autorización y tienen un grave impacto en los ecosistemas naturales". Además advirtieron que da paso a conflictos por el acceso al agua y tensiones con las comunidades de la zona.
Inmediatamente, fueron clausuradas todas las actividades en la zona y además la Profepa abrió un procedimiento administrativo por este caso. Anunció que mantendrá la vigilancia para evitar aún más deterioro de la selva "mediana subcaducifolia" de la zona.
Una práctica común
Pero este tipo de actividades ilegales no son una excepción. Entre el 28 de mayo al 14 de junio pasados, inspectores de la Profepa realizaron operativos intensivos en predios forestales ubicados en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, a lo largo y ancho de la Península, y clausuraron 7 predios por remoción de vegetación y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización, nuevamente para transformar estas selvas en monocultivos agroindustriales.
En estos casos, los predios en total significaron una deforestación de prácticamente 2 mil 609 hectáreas e incluso se aseguraron 108.5 metros cúbicos de madera en rollo y escuadría (madera cortada o labrada en ángulos rectos). "Todos los predios afectados se ubican en zonas donde se registra la expansión de las actividades del grupo poblacional menonita", destacaron.
En Quintana Roo, suspendieron actividades en los municipios de José María Morelos, donde detectaron el cambio de uso de suelo en 10.68 hectáreas de terreno forestal selvático. Se removieron en la zona mil 57 metros cúbicos de especies nativas, incluida la caoba; en Othón P. Blanco, donde se detectó el cambio de uso de suelo sin autorización en una superficie de 437.5 hectáreas, con deforestación de especies como palma de guano kum, la palma chit y la palma zamia.
En Campeche, cerraron actividades en los municipios de Hopelchén y en Calakmul, donde detectaron nueve áreas afectadas en total. Las actividades que se llevaban a cabo: establecimiento de cultivos agrícolas, derribo y arranque de vegetación forestal en un total de 527 hectáreas de selva, así como el aseguramiento de tractores agrícolas, cosechadoras y remolques.
Por último, en Yucatán se visitaron predios en el municipio de Tekax, donde inspectores de la Profepa y elementos de la Guardia Nacional, de la Defensa y la policía estatal recorrieron el paraje San Diego Buenavista.
"En ese lugar constataron que la vegetación natural fue reemplazada por un terreno nivelado, donde se aprecia el corte, derribo, seccionado y eliminación por fuego de arbolado adulto, arbolado joven o renuevo y vegetación herbácea que crecía en el sitio", donde se usó maquinaria e incluso los restos de árboles y maleza deforestada se hallaba aún en el lugar sin ser retirada.
Cambian selva por sembradíos de forma ilegal
Las construcciones realizadas supuestamente por la comunidad menonita no eran anecdóticas, sino complejas: en una sección del predio ubicado en Tekax había drenes para desalojar agua de lluvia y la conformación de un camino de acceso trazado con maquinaria pesada y cubierto con "sascab". También se encontraron perforaciones en el subsuelo, la construcción de una estructura fija de concreto al costado así como un sistema de riego por aspersión. La superficie afectada es de 350 hectáreas.
Precisamente el municipio de Tekax es uno de los puntos neurálgicos de la deforestación. A principios de marzo, las autoridades federales clausuraron trabajos en terrenos forestales en la Reserva Biocultural de la comunidad de Puuc. Ahí detectaron un cambio de uso forestal ilegal, la eliminación total y eliminación parcial de la vegetación natural del lugar.
La Reserva Biocultural del Puuc es un área protegida que alberga una gran variedad de ecosistemas representativos de Yucatán, tales como las selvas bajas caducifolias, subcaducifolias y subperennifolias, las selvas medianas caducifolias y subcaducifolias y las sabanas, entre otros.
Esta reserva es la primera que recibe la denominación "biocultural", que se refiere a la influencia del medio ambiente sobre la cultura y viceversa, pues es imposible desvincular el aspecto cultural humano del medio ambiente que le rodea. En la región Puuc, como en el resto de la zona maya, los recursos naturales han tenido una fuerte influencia en la cosmovisión, las expresiones artísticas y religiosas y, por supuesto, en la manera de relacionarse con su entorno de las comunidades mayas.
En uno de los predios, por ejemplo, se deforestó la zona para sembrar oleaginosas, es decir, vegetales de cuya semilla o fruto puede extraerse aceite, en algunos casos comestibles, como soja, la palma, el maní, el girasol, el maíz y el lino, cultivos comunes entre las comunidades menonitas.
En otro predio en Puuc, los inspectores encontraron maquinaria pesada tipo bulldozer, con la que se estaba eliminando vegetación de selva: acumulaban 10 hectáreas. A este sitio se le conoce como el paraje San Antonio, y está ubicado dentro del área de influencia de la Reserva Biocultural del Puuc. Ambas zonas son habitadas por menonitas.
Deforestación ilegal y dañina
El cambio de uso de suelo en terrenos forestales está prohibido: el Código Penal Federal establece en su artículo 418 una pena de seis meses a nueve años de prisión y multa de cien a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA), siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas o bien sin contar con la autorización previa de la autoridad competente.
No se puede desmontar o destruir vegetación forestal; ni realizar el corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o el cambio del uso de suelo en terrenos forestales sin la autorización expedida por la autoridad competente.
La Profepa informó que las clausuras y el aseguramiento de maquinaria era una primera medida urgente, pero que el objetivo final de los procedimientos es "que los responsables reparen el daño, es decir que lleven a cabo las acciones necesarias para que los terrenos forestales vuelvan a su estado original".
Y es que las comunidades menonitas han sido señaladas de este tipo de actividades ilegales. Un reporte de la Coalición por una Producción Sostenible reveló que estos grupos han desaparecido cerca de 9 mil hectáreas de bosque tropical en la Amazonía peruana entre 2017 y 2023.
"Se estima que ya han deforestado más de cuatro millones de hectáreas de los biomas Chaco y Chiquitanía, principalmente para ganadería y soya. A partir del presente siglo comenzaron a invadir la Amazonia de Bolivia y más recientemente las de Perú y Colombia, habiendo ya deforestado posiblemente unas 20 mil hectáreas", dice un estudio publicado en 2022.
"Por sus antecedentes en México y Centroamérica, así como en Paraguay y Bolivia, también preocupa el hecho de que sus tácticas para ocupar la tierra, tanto como muchas de sus prácticas, serían en gran medida ilegales y perjudiciales tanto al ambiente como a las poblaciones locales, especialmente indígenas", añade el documento.
