El OAJ será la máxima autoridad administrativa del Poder Judicial de la Federación. Entre sus funciones estará la de elaborar y vigilar el presupuesto.
Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- En México hay millones de personas que no tienen dinero para pagar un abogado cuando deben enfrentar algún asunto legal y eso los hace vulnerables a los abusos y el desprecio, incluso de las autoridades responsables de administrar justicia, que tradicionalmente no han mostrado generosidad y solidaridad por los más pobres y desvalidos. Con la reforma al Poder Judicial de la Federación y el funcionamiento de nuevas instituciones como el Órgano de Administración Judicial, será factible que toda la gente que lo requiera pueda tener acceso a la defensoría pública gratuita proporcionada por el Estado.
Néstor Vargas Solano es el presidente del nuevo Órgano de Administración Judicial y llegó al cargo propuesto por la titular del Poder Ejecutivo, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo. Los otros cuatro integrantes del Pleno de este órgano colegiado son Surit Berenice Romero Domínguez, designada por el Senado de la República, en tanto que fueron aprobados para participar en este organismo, respaldados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lorena Josefina Pérez Romo, Catalina Ramírez Hernández y José Alberto Gallegos Ramírez. Los integrantes del Pleno del Órgano de Administración Judicial durarán en sus cargos seis años y la presidencia del órgano será rotatoria cada dos años.
El organo de Administración Judicial, que está e funciones desde la madrugada del pasado martes 2 de septiembre del 2025 es responsable de administrar los recursos financieros, materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación y de capacitar a todo el personal del Poder Judicial de la Federación. Pero también depende de este organo colegiado el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal que es proporcionado por el Instituto Federal de Defensoría Pública. Y es la Escuela Nacional de Formación Judicial la encargada de capacitar a los defensores públicos, así como de llevar a cabo los concursos de oposición.
El Instituto Federal de Defensoría Pública es un órgano auxiliar del Órgano de Administración Judicial responsable de garantizar el derecho a la defensa pública de todas las personas y particularmente aquellas que no tienen dinero para pagar un abogado. Proporciona servicios gratuitos de orientación, asesoría y defensa legal especializada preferentemente a personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres, niñas, niños y adolescentes, jóvenes, indígenas, hablantes de lenguas indígenas y personas de la diversidad sexual.
NUEVOS RESPONSABLES
En el Decreto de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicado el domingo 15 de septiembre del 2025 se establece que “la administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial”. Estas dos nuevas instituciones suplen las funciones del ahora desaparecido Consejo de la Judicatura Federal.
Además, al nuevo Órgano Judicial también le corresponde la administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que todo lo relacionado con la disciplina del Tribunal Electoral le corresponde al Tribunal de Disciplina Judicial. El Tribunal Electoral propondrá su proyecto de presupuesto anual al órgano de administración judicial, para que lo incluya en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación del año que corresponda.
LA ESTRUCTURA
Todas las facultades y responsabilidades que corresponden al Órgano de Administración Judicial están descritas en el Artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A este órgano colegiado le corresponde todo lo relacionado con la carrera judicial en lo que se relaciona a la preparación de magistrados y jueces. Tendrá a su cargo la determinación del número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito; el ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativo, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño, además de la inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo del Poder Judicial de la Federación.
Quienes integran el Pleno del Órgano de Administración Judicial son mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; tienen una experiencia profesional mínima de cinco años; y cuentan, indistintamente, con título de licenciatura en derecho, economía, actuaría, administración, contabilidad o cualquier título profesional relacionado con las actividades del órgano de administración judicial, con una antigüedad mínima de cinco años. Y por supuesto, no estan inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni han sido condenados por delito doloso con sanción privativa de la libertad.
Durante su encargo, las personas integrantes del Pleno del órgano de administración sólo podrán ser removidas de sus cargos mediante un Juicio Político, en el cual se les finquen responsabilidades administrativas o penales. En caso de defunción, renuncia o ausencia definitiva de alguna de las personas integrantes del Pleno de Órgano de Administración, la autoridad que le hubiese designado haría un nuevo nombramiento por el tiempo que reste al periodo de designación respectivo.
CARRERA JUDICIAL
Será responsabilidad del Órgano de Administración Judicial cuidar que en el país se ofrezca un servicio de administración de justicia de calidad, pues deberá establecer las bases para la formación, evaluación, certificación y actualización de funcionarios judiciales, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género.
El órgano de administración judicial contará con un órgano auxiliar denominado Escuela Nacional de Formación Judicial, responsable de diseñar e implementar los procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización del personal de carrera judicial y administrativo del Poder Judicial de la Federación, sus órganos auxiliares y, en su caso, del personal de los Poderes Judiciales locales, fiscalías, defensorías públicas, organismos de protección de los derechos humanos, instituciones de seguridad pública y del público en general, así como de llevar a cabo los concursos de oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial en términos de las disposiciones aplicables.
Y por supuesto, una de sus tareas principales será evitar el nepotismo que marcó en forma determinante al viejo Poder Judicial, donde prácticamente la mitad de los empleados tenían a por lo menos un familiar en la nómina.
Por otra parte, el Tribunal de Disciplina Judicial podrá solicitar al órgano de administración judicial la expedición de acuerdos generales o la ejecución de las resoluciones que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal en los asuntos de su competencia, cuando sea necesaria la suspensión o destitución de algún magistrado o juez, o en su caso, el obligado cambio de adscripción.
EL PRESUPUESTO
El órgano de administración judicial elaborará el presupuesto del Poder Judicial de la Federación, incluyendo el presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los presupuestos serán remitidos por dicho órgano al Poder Ejecutivo cuya titular es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que deberá ser sometido a la aprobación de la Cámara de Diputados. En el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley, como sucedía todavía con el Poder Judicial que presidia la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
Sin embargo, hay un punto en el que el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial se cruzan. Pues entre las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial está la evaluación del desempeño de los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que resulten electos en la elección federal correspondiente, durante su primer año de ejercicio. El Tribunal de Disciplina Judicial, después de evaluar el primer año de gestión de Magistrados y Jueces electos, podrá establecer medidas de fortalecimiento, consistentes en actividades de capacitación y otras tendientes a reforzar los conocimientos o competencias de la persona evaluada, a cuyo término se aplicará una nueva evaluación.
Cuando Magistrados y Jueces no acrediten favorablemente la evaluación que deriven de las medidas correctivas ordenadas o se niegue a acatarlas, el Tribunal de Disciplina Judicial podrá ordenar su suspensión hasta por un año y determinar las acciones y condiciones para su restitución. Transcurrido el año de suspensión sin acreditar satisfactoriamente la evaluación, el Tribunal de Disciplina Judicial resolverá de manera fundada y motivada la destitución de la persona servidora pública, sin responsabilidad para el Poder Judicial.
En gran medida, la calidad de la justicia que en el futuro pueda administrarse en México está supeditada al trabajo que realice el Órgano de Administración Judicial, que también tendrá que fortalecer las tareas de defensoría pública gratuita para los mexicanos más pobres y desvalidos, a los que tendrá que asesorar y defender cuando así se lo demanden.
