Las comisiones del Senado avalaron la Ley Aduanera; se prevé que en el pleno incluyan una modificación para que entre en vigor en 2026, por pedido de Sheinbaum.
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– Las comisiones del Senado de la República avalaron este martes la reforma a la Ley Aduanera, luego de que fuera aprobada en la Cámara de Diputados, y propondrán en el pleno realizar una modificación para que entre en vigor el 1 de enero de 2026, por pedido de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, avalaron, con 21 votos a favor y nueve en contra, el proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Aduanera, a fin de modernizar dicho ordenamiento, incrementar las recaudaciones y combatir la evasión fiscal en esa materia.
Se trata del dictamen a la minuta que envió la Cámara de Diputados, el pasado 7 de octubre, que incluye 65 modificaciones, 44 adiciones y nueve derogaciones de la Ley Aduanera, propuestas por la Presidenta Sheinbaum.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, adelantó que, durante la discusión del proyecto ante el pleno del Senado, se propondrá una reserva con el propósito de incluir un artículo transitorio para que la reforma entre en vigor el primero de enero, junto con el Paquete Económico 2026.
Servirá, añadió el Senador, aliado de Morena, para que a partir de su aprobación y hasta su entrada en vigor el primer día de 2026, se elabore la reglamentación de las nuevas disposiciones de la Ley Aduanera, una de las cosas que “tenía preocupado al gremio” y “hubiera generado muchos problemas” si la ley se implementa con el reglamento vigente.
Yunes Márquez detalló que esta modificación se realizará luego de conversar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que solicitó a los senadores evaluar esta posibilidad, algo que el oficialismo aceptó. Subrayó que la solicitud se realizó por instrucciones de la Presidenta Sheinbaum, argumentando precisamente las preocupaciones del sector.
Se prevé que la reforma se apruebe este miércoles en el pleno, con la modificación para que entre en vigor el 1 de enero de 2026. Con esta reforma a la Ley Aduanera, explicaron en comisiones, se modernizan las reglas para un comercio exterior más competitivo y fortalece la transparencia y la legalidad de los procedimientos aduanales.
También asegura una recaudación justa, equitativa y solidaria que sostenga las finanzas públicas sin nuevos cargos para la ciudadanía, en un contexto en que los ingresos por comercio exterior se han incrementado 18.3 por ciento en comparación con el 2024, es decir, poco más de 1.07 billones de pesos, lo que equivale al 26 por ciento de los ingresos tributarios del país.
Su propósito, aseguró Yunes Márquez, no es obstaculizar operaciones legítimas, sino facilitarlas con certidumbre y trazabilidad y, al mismo tiempo, sancionar a quien distorsione el mercado formal y dañe a la hacienda pública. “Con esta reforma avanzamos hacia una aduana moderna que agiliza al cumplido y disuade al infractor, una aduana que cuida la competitividad y a la par la integridad del sistema", concluyó el Senador.
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) tendrá la facultad de realizar tareas de inspección, fiscalización, recaudación y vigilancia sobre las operaciones de importación y exportación, con el propósito de prevenir actos de corrupción y mejorar la eficiencia en los procesos aduaneros.
Por su parte, la SHCP será responsable de emitir las patentes de los agentes aduanales y de autorizar exclusivamente el despacho de mercancías cuyas fracciones arancelarias estén debidamente aprobadas, asegurando así un manejo más ordenado y regulado del comercio internacional.
La reforma también establece que los agentes aduanales deberán presentar cada año la información correspondiente a su evolución patrimonial, con el fin de llevar un control de inventarios de forma permanente. Además, los bancos autorizados para operar cuentas aduaneras deberán presentar una declaración mensual que incluya el nombre y RFC de los usuarios, así como los montos transferidos tanto a las cuentas de los importadores como a la Tesorería de la Federación.
Por otra parte, la iniciativa incrementa significativamente las sanciones para quienes introduzcan mercancías prohibidas o no acrediten el cumplimiento de las regulaciones correspondientes. Estas serán de 250 al 300 por ciento del valor comercial de las mercancías importadas, a comparación de las multas anteriores que oscilaban entre el 70 al 100 por ciento.
Finalmente, la reforma establece sanciones económicas, entre ellas una multa de hasta ocho mil pesos por cada 10 días de retraso en la entrega de documentos o informes requeridos por las autoridades aduaneras, y una multa de dos millones paras las empresas importadoras o exportadoras que no cumplan con sus obligaciones.
