La homologación de la extorsión a nivel federal comprende reformas a distintos ordenamientos legales como lo son el Código Penal Federal, códigos penales locales y la Ley federal contra la delincuencia organizada.
Ciudad de México 17 de octubre (SinEmbargo).- La Consejera Jurídica de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Ernestina Godoy Ramos, informó este viernes que ya fue enviada al Congreso de la Unión la iniciativa para la homologación del delito de extorsión a nivel Federal y que el mismo se persiga de oficio.
“Lo que se pretende es que todos los estados y a nivel federal el delito de extorsión cuente con los mismo elementos y se persiga de oficio por parte de las autoridades y pretende que no sea necesaria la presentación de la denuncia para su investigación”, indicó la Consejera hoy en la conferencia matutina.
La funcionaria afirmó que la propuesta contempla una penalidad que va desde los seis hasta los 15 años de prisión para el delito de extorsión y habrá una serie de agravantes, las cuales serán cuando la extorsión sea para el cobro de piso, o cuando la víctimas sean migrantes, por ejemplo.
Además, también establece como agravantes los casos en que los extorsionadores sean servidores públicos o cuando se cometa el delito desde un centro penitenciario.
Para lograr la homologación del delito a nivel federal, la iniciativa comprende reformas a distintos ordenamientos legales como lo son el Código Penal Federal, códigos penales locales y la Ley federal contra la delincuencia organizada.
La funcionaria indicó que esta propuesta comprende también la coordinación entre autoridades con un tipo penal básico, así como todos los elementos y previsiones para la prevención e investigación.
La Ley general unificará y contemplará, entre otras cosas, el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, y se podrán cumplir con los objetivos generales de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva a las personas víctimas, ofendidas y testigos.
Previamente, en septiembre, fue aprobada una reforma constitucional para permitir que el Congreso pudiera legislar sobre el delito de la extorsión, antes una facultad que sólo tenían los congresos locales.
