En las zonas más apartadas del país, donde la autoridad suele estar ausente y la violencia dicta las reglas, miles de familias continúan abandonando sus hogares sin que nadie registre plenamente su tragedia. El Informe Anual de Desplazamiento Interno en México 2024, elaborado por la Universidad Iberoamericana con apoyo del ACNUR, documenta que 28 mil 900 personas fueron desplazadas en al menos 72 episodios de violencia a lo largo del país.
Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- El desplazamiento forzado de personas de sus pueblos o pequeñas comunidades, en muchos casos en regiones aisladas y abandonadas por toda expresión de gobierno, es uno de los fenómenos más difíciles de documentar, porque para hacerlo hay que incursionar en los terrenos de la violencia, el dolor y el miedo, que han sembrado en muchas regiones del país organizaciones criminales que han impuesto sus siniestras leyes.
Aún así, hay esfuerzos encomiables para visibilizar estos dolorosos hechos, como sucede con el Informe Anual de Desplazamiento Interno en México 2024, coordinado por las investigadoras Eugenia Morales Viana y Renata Vadillo Polo, publicado por la Universidad Iberoamericana, con asistencia técnica y financiera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que concluye que durante 2024 fueron desplazadas de sus pueblos y hogares un total de 28 mil 900 personas en al menos 72 eventos ocurridos en diversas regiones del país.
Pero también ocurren algunas sorpresas y se concretan iniciativas singulares como la Ley Para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, aprobada por el Congreso de Oaxaca el 2 de septiembre del 2025 con el objeto proteger a las personas del desplazamiento arbitrario, así como prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno, responsabilidad atribuida a las autoridades del Estado y Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Principios rectores
Desde febrero de 1998 la Organización de las Naciones Unidas dio a conocer los principios rectores aplicables a los desplazamientos internos de personas. Actualmente, advierte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hay en todo el mundo más de 25 millones de personas que han sido forzadas a bandonar sus hogares, uno de los fenómenos más trágicos de nuestro tiempo.
Los desplazamientos -advierte la ONU-, consecuencia habitual de experiencias traumáticas de conflictos violentos, generan casi siempre condiciones de sufrimiento y penalidad para las poblaciones afectadas. Provocan la ruptura familiar, cortan los lazos sociales y culturales, ponen término a relaciones de empleo sólidas, perturban las oportunidades educativas, niegan el acceso a necesidades vitales como la alimentación, la vivienda y la medicina, y exponen a personas inocentes a actos de violencia.
Entre estos Principios Rectores para los desplazamiento internos se incluye la obligación y la responsabilidad de las autoridades nacionales de proporcionar protección y asistencia humanitaria a las personas afectadas. Ciertos desplazados internos, como los niños, especialmente los menores no acompañados, las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia, las personas con discapacidades y las personas de edad, tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales.
Los principios expresados por la Organización de las Naciones Unidas advierten que el desplazamiento de una comunidad no se llevará a cabo de forma que viole los derechos a la vida, dignidad, libertad y seguridad de los afectados. Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que experimentan una dependencia especial de su tierra o un apego particular a ella.
Como es común en los desplazamientos forrzados, se pierde el rastro de algunas personas. La ONU establece que los desplazados internos tienen derecho a conocer el destino y paradero de sus familiares desaparecidos. Las autoridades competentes están obligadas a averiguar el destino y paradero de los desplazados internos desaparecidos y cooperarán con las organizaciones internacionales competentes dedicadas a esta labor.
Regiones afectadas
La Universidad Iberoamericana, con asistencia técnica y financiera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicó su Informe Anual de Desplazamiento Interno en México 2024, coordinado por las investigadoras Eugenia Morales Viana y Renata Vadillo Polo. Concluye que durante 2024 se registraron un total de 28,900 personas desplazadas internas en México, en al menos 72 eventos diferentes. El problema se experimentó con mayor gravedad en Chiapas, Sinaloa, Michoacán y Chihuahua.
Durante 2024, según datos aportados por el Informe Anual de Desplazamiento Interno en México 2024 precisa que el mayor número de personas desplazadas ocurrió en Chiapas, que concentró 24 eventos y 17 mil 865 personas que tuvieron que abandonar sus hogares en los municipios de Tila, Pantelhó, Chenalhó, Chicomuselo y Frontera Comalapa. La causa principal, la violencia generada por las bandas del crimen organizado.
El Informe concluye también que Sinaloa fue la segunda entidad del país en doinde los deplazamientos forzados de personas se experimentaron con mayor crudeza, con 6 mil 476 personas que debieron dejar sus hogares, en tanto que Michoacán se ubicó en el tercer lugar de este drama con 1 mil 555 personas desplazadas, principalmente de los municipios de Apatzingán, Buenavista, Aquila y Coahuayana.
Otras entidades que también experimentaron desplazamientos forzados significativos fueron Chihuahua y Guerrero. El resto de las personas deplazadas de manera forzada a consecuencia de la violencia habitan en Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, concluye el Informe realizado por la Universidad Iberoamericana y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Sobre las causas de este grave y doloroso fenómeno, el informe pone en evidencia “un alarmante aumento de la violencia y un creciente número de personas obligadas a abandonar sus hogares. La principal causa de estos desplazamientos ha sido la violencia que ha traído la expansión territorial y confrontación, de grupos del crimen organizado, que han logrado imponer control mediante ataques armados, amenazas directas y el uso de tecnologías avanzadas, como drones explosivos. En varios estados, especialmente en Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero, la violencia ha alcanzado niveles sin precedentes, afectando tanto a comunidades rurales como urbanas”.
Consideran la Ibero y el y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que “la crisis ha impactado de manera desproporcionada a municipios estratégicos para las rutas del narcotráfico y otros bienes, convirtiéndolos en territorios de alta conflictividad. A través de extorsión o ‘cobro de piso’, control de exportación e importación local, reclutamiento forzado, secuestros y homicidios, los desplazamientos reactivos y preventivos se han vuelto cada vez más recurrentes (…) La mayoría de las personas desplazadas internas no han podido regresar a sus hogares debido a la persistencia del peligro, la ausencia de garantías de seguridad y la ocupación de sus territorios por grupos del crimen organizado”.
Aunque Oaxaca no aparece entre las entidades más afectadas por los deplazamientos forzados de personas por causa de los enfrentamientos armados entre bandas delictivas, es un hecho notable que haya diseñado y promulgado su Ley Para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, un protocolo que deberían ser secundado por otras entidades del país que enfrentan este grave problema.
