A 50 años de la desaparición forzada de los hermanos Roberto Reyes y Rubén Izazaga en Guerrero, autoridades realizaron la exhumación de osamentas que podrían corresponder a ellos. Familiares y organizaciones exigen que se acelere la identificación de los restos.
Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).– Roberto Reyes Piedra y Rubén Izazaga Piedra fueron víctimas de desaparición forzada en octubre de 1975, luego de ser detenidos por integrantes del Ejército en la comunidad La Tigra, en Petatlán, Guerrero, en el contexto de la represión política y militar de esa época.
Tuvieron que pasar décadas para que este 24 de octubre autoridades exhumaran dos osamentas que, de acuerdo con la búsqueda encabezada por familiares, podrían ser de los hermanos campesinos.
Desde hace más de 30 años la familia de Roberto y Rubén tenía la referencia de un posible punto de entierro en Coyuquilla. Durante la búsqueda, sus familiares supieron, a través de autoridades estatales, del hallazgo de dos cuerpos que habían sido abandonados muy cerca de Petatlán, de donde ellos eran originarios.
"Tuvieron conocimiento de estos hechos y se acudió al lugar a poner una lápida, sin embargo, es hasta ahora que se logra acudir ya con las autoridades, con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) para confirmar, en primer lugar, que existiera este entierro, que existieran los cuerpos que le señalaron en su momento a la familia que ahí estaban enterrados, y finalmente la información se confirma. Es a partir de la propia investigación de la familia que se tiene conocimiento de este lugar", explicó Natalia Cordero, investigadora del Programa de Derechos Humanos de Fundar, una de las organizaciones que acompañan la búsqueda de justicia por este y otros casos de desaparición forzada.
La investigadora resalta que Roberto y Rubén eran civiles, campesinos que no estaban vinculados con movimientos sociales, por lo que su desaparición forzada muestra que este delito formó parte de una política de estado generalizada que buscaba generar terror entre la población para inhibir cualquier disidencia política o vinculación con grupos que exigían mejores condiciones de vida.
"Por eso hablamos de un terrorismo de Estado, porque fue una práctica sistemática y generalizada", agregó Natalia Cordero.
En el periodo conocido como Guerra Sucia, poblaciones campesinas, indígenas y afromexicanas, incluidas infancias, adolescentes y personas de la tercera edad, de Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Veracruz sufrieran una serie de violaciones graves a derechos humanos como detenciones arbitrarias individuales y masivas, desplazamiento forzado interno, masacres, desapariciones forzadas, prisión política, la ocupación militar del territorio, tortura y violencia sexual.
Sobre la desaparición forzada de Roberto Reyes y Rubén Izazaga, la Comisión de la Verdad de Guerrero publicó desde 2014 un testimonio anónimo que exhibe las constantes trabas que enfrentaron sus familiares para localizarlos:
"En el mes de octubre de 1975 nos encontrábamos dándoles sal a la vacas. Teníamos el corral al frente de la casa cuando llegaron muchos militares, creo que eran dos pelotones, yo tenía trece años cuando llegaron. Un militar dijo: 'Soy el Teniente Avilés'. Cuando llegaron ya traían el señor Rubén Izazaga Piedra al que fueron a sacar de su casa, entonces le dijeron a Roberto [Reyes Piedra] que estaba detenido, era ya tarde y se quedaron a dormir tendidos en el patio debajo de los árboles, a Roberto y Rubén ya no los dejaron moverse con libertad, si tenían que salir los llevaban resguardados. Ya por la madrugada del día siguiente se los llevaron a los dos, al día siguiente los buscamos, fuimos a Petatlán, a Acapulco, en la zona Militar de Acapulco les dijeron que los trasladaron a Zihuatanejo, fueron a buscarlos allá pero tampoco los encontraron. Como a los dos meses en la comandancia de policía de Petatlán les entregaron un pedazo de camisa, el comandante de la policía le dijo a mi mamá que la encontró por Petacalco, a nosotros nos sacaron de ahí porque los soldados siguieron yendo y le dijeron que ya no le buscara, porque traían orden de colgarlos a los dos, ya no regresamos, lo que teníamos se quedó".
Incluso ahora, cuando el trabajo coordinado con autoridades ha avanzado, la exhumación de restos óseos se pospuso tres días –había sido programada el 21 de octubre– por lo que Fundar describió como una "falta de exhaustividad y flexibilidad por parte de la FGR y el Poder Judicial Federal". El retraso abonó a la angustia e incertidumbre que desde hace décadas enfrenta la familia de Roberto y Rubén.
Natalia Cordero enfatizó la importancia de que con el reciente hallazgo la FGR realice los peritajes forenses necesarios para acreditar la identidad de las dos osamentas.
"Es necesario que la Fiscalía lo vea como un caso prioritario, ya que es un caso que lleva esperando 50 años de justicia. La expectativa es que la familia pueda tener certeza de saber si es su padre, su tío, y en ese sentido poder acceder a la verdad de lo que ocurrió, de cómo terminaron ahí, cuáles fueron las causas de muerte, y sobre todo que esto se haga de la manera más pronta y expedita posible, las familias no pueden seguir esperando muchos años más. Ya han sido 50 años de angustia y para ellos cada día, cada hora, sigue siendo de angustia, de incertidumbre hasta que no tengan certeza que efectivamente son sus familiares", expuso la investigadora.
En el mismo sentido, si las osamentas son identificadas, Fabián Sánchez Matus, director del Laboratorio de Litigio Estructural, habló de la importancia de que las autoridades garanticen la restitución digna a los familiares. Se trataría del tercer hallazgo de víctimas del terrorismo de Estado, con los que en total se ha podido exhumar 11 cuerpos.
Los primeros hallazgos se hicieron en 2005, cuando la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) creada por el Gobierno de Vicente Fox exhumó las osamentas de Lino Rosas Pérez y Esteban Mesino Martínez a más de 30 años de su desaparición. Pero las investigaciones y búsquedas deben continuar, enfatizó Sánchez Matus.
"La FEMOSPP que cerró con el Gobierno de Vicente Fox y se quedaron por ahí en el olvido estos casos, entonces ha sido una impunidad permanente. Desde antes no se hizo nada por parte del Estado mexicano. Es una de las deudas históricas más importantes que tiene este país en materia de derechos humanos [...] La impunidad del pasado es la impunidad del presente, hay una conexión muy fuerte entre la falta de diligencia, de cuidado, de interés, de relevancia de esta temática que hoy día nos tienen en una situación de crisis de personas desaparecidas en este país".
En 2024, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) publicó un informe en el que documentó cómo entre 1965 y 1990 al menos ocho mil 594 personas fueron víctimas de violaciones graves a derechos humanos, 517 de desaparición forzada.
Mientras que organizaciones de familiares de desaparecidos como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM) estiman que el número de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia es de al menos mil 200, 650 de ellos en Guerrero.
Esta semana, la AFADEM, Fundar y el Laboratorio de Litigio Estructural se sumaron a la exigencia de los familiares de Roberto Reyes Piedra y Rubén Izazaga Piedra para acelerar los trabajos de identificación de las osamentas localizadas en Guerrero y, si se trata de los hermanos, que se garanticen las condiciones para una restitución digna.
