Todo empezó en un limonero: la historia de Hipólito Mora y su hijo, y la de otros como el doctor Mireles, levantados en armas para defender sus productos del campo. Esa es la realidad de Michoacán, una tierra bendita para los cultivos, una tierra azotada por la violencia y la extorsión.
Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- Michoacán es tierra de abundancia agrícola. Es la entidad líder en producción de aguacate, con exportaciones que superan los 3 mil 500 millones de dólares anuales. Pero esa riqueza también ha sido una maldición, con grupos criminales que desde hace más de una década extorsionan, matan a productores y atemorizan a la población, además de someter a autoridades locales.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre 2013 y 2014, ante esa amenaza violenta surgieron grupos de autodefensa en distintos municipios michoacanos de la Tierra Caliente. Hartos de la falta de acción de las autoridades, líderes limoneros como Hipólito Mora y José Manuel Mireles tomaron las armas en Tepalcatepec y La Ruana, para enfrentar por su cuenta a extorsionadores y cárteles como Los Caballeros Templarios.
Rebasado, el Gobierno de Peña Nieto aceptó el despliegue de autodefensas e incluso buscó regular su operación, aunque sin tener claro de dónde habían obtenido su armamento, ni su historial. En medio de ese descontrol, a la postre surgieron reportes sobre que grupos criminales se habían hecho pasar como autodefensas, y aún así el gobierno había tolerado su actuación. Uno de ellos Los Viagras, que hasta la fecha sigue afectando a productores michoacanos, según lo mencionado por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.
Con el paso del tiempo las autodefensas fueron disolviéndose. Al menguar a los Templarios, algunos enfrentaron acusaciones legales por uso de armas y otros fueron reprimidos. El 6 de enero de 2015, la entonces Policía Federal acudió a la Presidencia Municipal de Apatzingán, Michoacán, por un reporte de que había personas armadas. Se dio una persecución contra presuntos miembros de autodefensas, les dispararon y el saldo fue nueve personas muertas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó uso excesivo de la fuerza y una ejecución extrajudicial.
Mireles fue encarcelado y luego absuelto, pero finalmente murió en 2020 por complicaciones derivadas de la COVID-19. Mientras que Hipólito Mora fue asesinado en junio de 2023, en su poblado de La Ruana, donde había seguido denunciando la extorsión criminal.
El 1 de noviembre pasado uno de sus sobrinos, el productor citrícola Alejandro Torres, también fue asesinado. Su familia culpó a Los Viagras. Apenas un par de días después, se dio el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de uno de los municipios con mayor actividad y ganancias agrícolas en Michoacán, Uruapan. Y antes, el 20 de octubre, había sido asesinado el líder de productores de limones en Apatzingán, Bernardo Bravo.
Estos hechos de alto impacto desataron una ola de señalamientos de la oposición en contra de la estrategia de seguridad implementada por los gobiernos morenistas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que “desde hace siete años México se ha convertido en un cementerio nacional”, porque los gobiernos de Morena son “culpables del siniestro manto de sangre que cubre al territorio nacional”.
Esto aunque los principales grupos criminales que hasta la fecha afectan a Michoacán con extorsiones y asesinatos, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras y Cárteles Unidos, surgieron y aumentaron su poderío justo durante los sexenios de Calderón y el priista Peña Nieto, como lo señalan reportes de autoridades mexicanas y estadounidenses, investigaciones periodísticas y académicas, y libros como “Territorios Violentos en México. El caso de Tierra Caliente, Michoacán”, de Enrique Guerra Manzo.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) surgió entre 2009 y 2011, durante la llamada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón Hinojosa. En un inicio, como aliados del Cártel de Sinaloa, su principal misión fue eliminar a un grupo rival: Los Zetas, pero ya durante el mandato de Peña Nieto fueron más allá de ese objetivo y extendieron por su cuenta su presencia a casi todos los estados del país.
En el caso del grupo criminal de Los Viagras, surgió también durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en Michoacán. En su caso, se conformó entre 2014 y 2016, enfrentando a Los Caballeros Templarios, y luego se asentó en varios municipios michoacanos, utilizando al grupo denominado Blancos de Troya como su brazo armado.
En su libro editado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el investigador Guerra Manzo relata que el Gobierno de Peña Nieto y el comisionado Castillo permitieron en los hechos que un grupo de autodefensas operara como una banda paramilitar denominada G250, contra los Templarios, aunque varios de sus integrantes habían sido señalados como integrantes de grupos criminales, como Los Viagras.
“Todo eso fue interpretado como una alianza peligrosa del Estado con un sector del crimen organizado para combatir a otro”, apuntó Guerra Manzo.
“Una vez rota la alianza (con la represión del 6 de enero de 2015 en Apatzingán), esos aliados oscuros, en especial Los Viagras, mostrarían ese músculo para llevar a la tierra calentana, serrana y costeña (e incluso a otras regiones de Michoacán relativamente pacificadas) a niveles de violencia mayores que los de la época templaria”.
Televisa mostró que uno de los líderes de Los Viagras, Nicolás Sierra Satana, por el que ahora Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares de recompensa, incluso recibió en 2014 una credencial de la Fuerza Rural creada por Alfredo Castillo, aunque se sabía de sus vínculos con grupos criminales. En 2018, Sierra Santana dijo en un video que el Gobernador Silvano Aureoles Conejo supuestamente le había enviado 1 millón de pesos para ayudarlo en su campaña, y luego le ofreció 10 millones para garantizar la seguridad en el estado. Sierra Santa culpó a Aureoles de la violencia en la entidad, aunque el político negó todas las acusaciones.
Según un reporte del Departamento del Tesoro estadounidense, cuando el pasado 14 de agosto se les designó como organizaciones terroristas, Los Viagras se aliaron con el CJNG, trafican metanfetamina y cocaína, además de extorsionar a ganaderos y productores de aguacate y cítricos.
El Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo a Milenio TV el 27 de octubre pasado que los autores intelectuales y materiales del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo eran los Blancos de Troya, brazo armado de Los Viagras, y reiteró la recompensa de 100 mil pesos por información que lleve a uno de sus líderes, César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias "El Bótox".
Otra organización que afecta a Michoacán es Cárteles Unidos. Se identifica como su líder a Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, quien también formó parte de los grupos de autodefensa, para repeler a los Templarios de Tepalcatepec, y por el que ahora Estados Unidos ofrece como recompensa de 10 millones de dólares.
“La organización se dedica a la extorsión y a diversas actividades delictivas. En su brutal conflicto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)... Cárteles Unidos ha perpetrado actos de violencia contra civiles y fuerzas del orden, desestabilizando aún más a Michoacán”, refirieron autoridades estadounidenses.
En una entrevista con el diario El País, en 2014, Farías Álvarez negó entonces ser un líder criminal del Cártel de los Valencia, como lo habían señalado previamente la PGR y el Ejército, y contó que había tenido una charla con Alfredo Castillo, designado por Peña Nieto como comisionado federal para atender la crisis de seguridad en Michoacán, para pedirle que no hiciera caso a “chismes” de los Templarios en su contra.
En su etapa como diputado federal de Morena, en 2022, Carlos Manzo denunció que con Felipe Calderón había iniciado “la tragedia” de Michoacán, por lanzar ahí una “guerra contra el narco” que no había servido para brindar seguridad a la gente.
Cuestionada sobre el asesinato del Alcalde, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se aplicará inteligencia para hacer justicia, y que no se repetirá lo hecho en sexenios previos.
“Vamos a estar cerca de Michoacán. No están solos y no los vamos a dejar solos, de Uruapan y de todo Michoacán, igual que de todo el país. Repito, ¿qué propone la derecha?, ¿la guerra contra el narco?, ¿que regrese García Luna? ¿Qué proponen? ¿La intervención? Eso no lleva a ningún lado”, mencionó.
“La guerra contra el narco, las ejecuciones extrajudiciales, esas no llevaron a nada: seis años de guerra contra el narco; seis años en donde Peña armó, a través de un comisionado, autodefensas. No funcionó”, expuso.
La mandataria insistió en que para frenar la violencia deben atenderse sus causas, por lo que además de reforzar la presencia federal, se trabajaría para seguir abatiendo la pobreza y la desigualdad en la entidad. Pese a su riqueza agrícola, en 2016 en Michoacán un 54.2 por ciento de la población vivía en pobreza. Para 2024, al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el nivel bajó a 34.3 por ciento, según los datos del INEGI.
En el caso de Uruapan, Michoacán, se tenía un 42.1 por ciento de población en pobreza, y un 8 por ciento en pobreza extrema. En contraste, Morelia registró un 27.3 por ciento de habitantes en pobreza, según las cifras actualizadas por Coneval hasta 2020, y difundidas por la Secretaría del Bienestar.
Se dispararon homicidios en Gobierno de Silvano Aureoles
Los datos del Secretariado Ejecutivo muestran que la cifra de homicidios dolosos en la entidad aumentó 186 por ciento durante el periodo de gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán, al pasar de 915 asesinatos en 2015 a 2 mil 731 en 2021.
Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena, inició su gobierno en Michoacán en octubre de 2021. De ese año a 2024, se observó una baja de 45 por ciento en la cifra de asesinatos, y de enero a septiembre de 2025 se habían contabilizado mil 024.
Si se revisa por tasa, en 2015 se tuvieron 20.32 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y para 2021 subió 176%, al ubicarse en 56.16. En 2025 la tasa es de 20.30 homicidios, 63 por ciento menos que en 2021.
El mayor incremento en la tasa de asesinatos se dio en el sexenio de Enrique Peña Nieto, al pasar de 16.56 en 2012 a 28.05 en 2018. Durante el Gobierno de López Obrador se registró un pico en 2021, con una tasa de 45.92, pero para 2024 bajó a 24.93.
En 2024, Michoacán se ubicó como el noveno estado con más homicidios dolosos, con 1,490. Mientras que de enero a septiembre apareció en séptimo lugar, con 1,024.
Si bien se dio esa reducción, también está el dato de que de 2022 a la fecha han sido asesinados 7 alcaldes en Michoacán, de los municipios de Churumuco, Aguililla, Contepec, Cotija, Tacámbaro, Tepalcatepec y ahora Uruapan.
En el caso del delito de extorsión, en 2014 se registraron 229 víctimas en Michoacán, pero luego en 2015 la cifra bajó a 49, y durante el mandato de Aureoles el promedio fue de 26 víctimas al año.
En tanto, de 2022 a 2024 el promedio fue de 201 al año. En 2025, se registraron hasta septiembre 210 víctimas. El gobierno de Sheinbaum ha reconocido el aumento de los indicadores de este delito, por lo que anunció un reforzamiento de su estrategia, lo que incluyó promover una nueva ley contra la extorsión.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI (Envipe) advierte que los delitos de secuestro y extorsión tienen la cifra oculta más alta. Es decir, de delitos que la gente no acude a denunciar, por desconfianza a las autoridades o temor a los perpetradores, entre otros motivos. En 2024, a nivel nacional, los delitos de secuestro y extorsión registraron los porcentajes más elevados de cifra oculta, con 98.1 y 97 por ciento, respectivamente.
Uruapan, municipio aguacatero afectado por el crimen
Uruapan se ubica en la región occidental de Michoacán, enlaza la región de Tierra Caliente y la Meseta Purépecha. Hasta 2020, tenía 356 mil 786 habitantes. En la entrada del municipio se pueden leer carteles con la leyenda “Bienvenidos a Uruapan, capital mundial del aguacate”.
Según los datos de la Secretaría de Economía, en 2024 Uruapan registró exportaciones de higos, piñas, aguacates, guayabas y mangos por 2 mil 585 millones de dólares.
En su plan municipal para el periodo 2024-2027, el alcalde independiente Manzo presumió orgulloso el éxito de Uruapan como productor de aguacate, pero también alertó sobre una inseguridad creciente, de ahí que pidiera en distintos momentos apoyo estatal y federal.
En la edición más reciente de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, respecto al tercer trimestre de 2025, Uruapan se ubicó en séptimo sitio entre las que tienen el nivel más alto de percepción de inseguridad, con un 82.6 por ciento de su población con temor al crimen. En junio tenía un nivel de 89.5 por ciento.
Hace una década, en 2015, Uruapan registró 59 carpetas de investigación por homicidio doloso, mientras que para 2021 se alcanzó un pico de 261. Desde entonces se ha observado una reducción, con la cifra de 187 carpetas por asesinatos en 2024, y 104 entre enero y septiembre de 2025.
Tal como ocurre a nivel estatal, en el caso de la extorsión la tendencia es contraria, de crecimiento. Entre 2015 y 2021 sólo se registró un promedio de 3.7 carpetas de investigación al año por ese delito, y de 2022 a 2024 el promedio fue de 39 al año. De enero a septiembre de 2025, se contabilizan 54.
