Las conductas ilícitas se reiteran cada nuevo proceso electoral, sin que veamos a los delincuentes pagando sus culpas detrás de las rejas. La impunidad en materia de delitos electorales es generalizada y recurrente.
Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).– Uno de los temas que no se ha abordado a fondo en el proceso de consultas para elaborar la propuesta de Reforma Electoral promovida por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es el de los delitos electorales, que debería tener como propósito fortalecer la autonomía y las facultades de las fiscalías especializadas en la materia, tanto la federal como las estatales, para que cumplan con su propósito evitar la llegada de dinero ilícito a los partidos y al financiamiento de las campañas políticas.
El gran reto para las fiscalías, además de los delitos que en forma recurrente cometen los presuntos servidores públicos y los partidos políticos, es el del involucramiento del crimen organizado en el financiamiento de candidatos y campañas políticas, sobre todo ahora que las organizaciones delictivas pretenden ampliar el control territorial a los espacios del control político. Las conductas ilícitas se reiteran cada nuevo proceso electoral, sin que veamos a los delincuentes pagando sus culpas detrás de las rejas. La impunidad en materia de delitos electorales es generalizada y recurrente.
En las reformas a las leyes en materia electoral y en su vinculación con los delitos electorales incluidos en los códigos penales, deberían establecerse protocolos para que las fiscalías especializadas en la materia puedan apoyarse en todo el sistema de inteligencia e investigación sobre el crimen organizado y el lavado de dinero de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, áreas que están bajo la responsabilidad del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch.
El 5 de marzo de 2025 el Senado de la República dio su anuencia para el nombramiento de Facundo Santillán Julián como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), a propuesta del Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero. Del 2019 al 2024 José Agustín Ortiz Pinchetti estuvo a cargo de esa fiscalía especializada en delitos electorales.
Los delitos más comunes
El Artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales refiere que debe ser sancionado quien “obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto”.
De acuerdo con el mismo artículo estaría cometiendo delito electoral quien “amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición”.
Comete delito electoral quien realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla. Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos.
Los amigos de Fox
Hay casos emblemáticos que ilustran algunas de estas conductas. El viernes 25 de enero del 2013, SinEmbargo publicó el caso del financiamiento ilegal de la campaña del panista Vicente Fox Quezada, que terminó sólo en una multa al PAN y a su entonces aliado el Partido Verde Ecologista de México.
En junio del 2000, a unos días de que se realizaran los comicios federales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una queja ante el Instituto Federal Electoral por la presunta existencia de una red de financiamiento paralelo en favor de la campaña presidencial del Partido Acción Nacional, encabezada por Vicente Fox Quesada.
El tema fue creciendo y poco a poco aparecieron más detalles. Ese mismo año el entonces senador priista Enrique Jackson denunció que a través de la empresa Alta Tecnología en Impresos se recibió dinero proveniente de una compañía belga, para luego transferir los recursos a cuentas de Lino Korrodi, presidente de la asociación Amigos de Fox. Después se dio a conocer que esta asociación civil logró reunir 91 millones de pesos para la campaña blanquiazul.
Hasta el 2003 el Instituto Federal Electoral impuso multas al PAN por 360 millones 971 mil 39 pesos y al Partido Verde Ecologista de México, con quien se unió en los comicios, por 184 millones 198 mil 610. El panista Vicente Fox gobernó del 2000 al 2006.
Las sanciones a funcionarios
Multas de 200 a 400 días de salario mínimo y prisión de 2 a 9 años están consideradas en la ley para los presuntos servidores públicos que interfieran ilícitamente en los comicios.
Los supuestos: quien coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición; quien condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.
También se debe sancionar a los funcionarios públicos que destinen, utilicen o permitan la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado.
En otra figura delictiva que involucra programas sociales, el Artículo 11-B de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece sanciones más severas…
Se impondrá de 500 a 1,000 días de multa y prisión de 4 a 9 años, a la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición.
En la ley existen regulaciones que pretenden inhibir la posibilidad de que recursos de procedencia ilícita lleguen a los procesos electorales. Al respecto, el Artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales señala que se impondrá de 1,000 a 5,000 días multa y de 5 a 15 años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.
La pena prevista en el párrafo anterior se aumentaría hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.
El Pemexgate
El jueves 18 de marzo del 2021, una nota firmada por nuestra compañera Dulce Olvera, advertía en SinEmbargo que el Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) tuvo la oportunidad de inhabilitar y/o encarcelar al entonces líder petrolero Carlos Romero Deschamps por su participación en el “Pemexgate”. Sin embargo, el desvío de recursos públicos para la campaña presidencial de Francisco Labastida —parecido al de “Amigos de Fox”— se acotó a una multa de mil millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por parte del Instituto Federal Electoral (IFE).
Un registro más de SinEmbargo, publicado el miércoles 4 de abril del 2018, advertía que las brigadas de apoyo a José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI, entregarían tarjetas a los ciudadanos como parte de su estrategia de campaña “Avanzar Contigo”.
Y aunque Meade aseguró que no eran tarjetas bancarias, la entrega de documentos similares fue usada por los candidatos del PRI en anteriores elecciones: Alfredo del Mazo Maza entregó en 2017 la “Tarjeta Rosa” en la elección a Gobernador del Estado de México, o “La Efectiva”, que dio Eruviel Ávila en su campaña para Gobernador del 2011. Los plásticos estaban acompañados de certificados de compromiso firmados por José Antonio Meade, que recordaban el método utilizado por Enrique Peña Nieto: “Te lo firmo y te lo cumplo”, que lo encumbró como gobernador mexiquense en 2005 y como Presidente de la República en 2012.
Desde 2011 partidos políticos y candidatos han usado tarjetas y monederos electrónicos para incentivar el voto a su favor. En ese periodo, además del PRI, los partidos políticos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) emitieron 12 tarjetas diferentes que prometieron amplios beneficios a sus portadores.
Otros delincuentes
También cometen delitos electorales los sacerdotes que, aprovechando su influencia espiritual y moral sobre los parroquianos, hacen propaganda y piden el voto en favor o en contra de algún candidato, partido o Gobierno. Es muy claro el Artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que establece que “se impondrán de cien hasta quinientos días multa a los ministros de culto religioso que, en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto religioso, presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición”.
Aunque no es único caso, ni tampoco es una conducta aislada, todos conocemos la reiterada actitud violatoria de la Ley del cardenal arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, quien en las elecciones del 2021 fue responsable de que se anularan los comicios por la Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lugar donde él reside, al pedir el voto en contra del Gobierno, y reincidió en la misma violación el 25 de abril del 2024, cuando publicó un video en contra del Gobierno que advirtió, podría llevar a México al comunismo.
En la reforma electoral se deben establecer disposiciones que faculten a las fiscalías especializadas en el combate a los delitos electorales para escudriñar más a fondo en los recursos que utilizan los partidos políticos y sus candidatos, que tengan origen oscuro o ilícito y además, aumentar las sanciones para inhibir a los delincuentes electorales, en cualquiera de sus modalidades.
