Raúl Rocha Cantú ha sido una figura polémica desde la tragedia del Casino Royale en 2011 en Monterrey, donde 52 personas murieron tras un ataque de Los Zetas. El empresario huyó del país tras el atentado, si bien se declaró víctima y defendió la legalidad de la operación del casino, cuya estructura utilizaba un permiso cuestionado y contó con la presunta complicidad de exfuncionarios de Gobernación. Hoy, Rocha Cantú, actual dueño de Miss Universo, enfrenta nuevas acusaciones por tráfico de drogas, armas y combustible.
Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).– La tragedia del Casino Royale, que enlutó a México el 25 de agosto de 2011 con la muerte de 52 personas, no sólo puso en el foco al crimen organizado, sino también a la figura de uno de sus dueños, Raúl Rocha Cantú, cuya relación con el establecimiento y los sucesos posteriores estuvieron marcada por la controversia y la salida del empresario regiomontano del país en ese momento.
Raúl Rocha Cantú era socio de las empresas CYMSA Corporation y Entertainment Enterprises of Mexico, propietaria del Casino Royale. Hoy el empresario, convertido en dueño del certamen Miss Universo, vuelve a estar en la mira de las autoridades mexicanas al ser acusado de tráfico de drogas, de armas y de combustible.
Los mismos reportes sostienen que Rocha Cantú concretó con la Fiscalía General de la República (FGR) ser testigo colaborador al acercarse a la Fiscalía antes de ser detenido y solicitar un criterio de oportunidad, beneficio que consiste en negociar la entrega de información a cambio de la inmunidad penal y ya no ser perseguido por la justicia.
Hace más de una década, Rocha Cantú enfrentó una serie de cuestionamientos por el funcionamiento del Casino Royale, atacado por Los Zetas ante la negativa de los dueños a pagar extorsión.
Luego de salir del país a finales de agosto de ese año, Raúl Rocha declaró vía consular en Miami, Florida, donde sostuvo que tras negarse a pagar dos extorsiones de 50 mil dólares y 140 mil dólares tuvo que cambiar sus rutinas y forma de vida por temor a represalias.
En ese entonces, José Cuitláhuac Salinas, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, dijo a Televisa que se investiga si la extorsión a la que se refirió el empresario provino del narcotráfico o del gobierno.
Lo cierto es que una de las primeras controversias sobre el casino giró en torno a su operación. El negocio utilizaba un permiso supuestamente otorgado a otra empresa, Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V., un documento de 1992 que había sido ampliado en 2009.
Esta asociación entre la inversión de las empresas de Rocha Cantú (CYMSA/Entertainment Enterprises) y el permiso de Atracciones y Emociones Vallarta fue la estructura usada para operar, una legalidad que ha sido ampliamente criticada por presuntas anomalías, ampliaciones sin permisos claros y turnos irregulares.
Foto: Gabriela Pérez, Cuartoscuro.
Atracciones y Emociones Vallarta se deslindó de la operación del Royale, alegando que desde el 19 de septiembre de 2008 comunicó a Segob que no operaría ya en ese domicilio.
De hecho, los reportes de la época señalan que el casino Royale operó gracias a una mafia de ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación en complicidad con panistas del primer círculo de Felipe Calderón, entre ellos Roberto Gil Zuarth.
Para septiembre de ese año la Secretaría de Gobernación confirmó que el Casino Royale operaba de manera ilegal desde su apertura con la complicidad de funcionarios de la dependencia en las gestiones de Santiago Creel y Juan Camilo Mouriño.
Semanas después, El Universal publicó, en octubre de 2011, cómo los ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Juan Iván Peña Neder y Roberto Correa Méndez vendieron a empresarios de la industria del juego documentos, algunos falsos, que permitieron la instalación y operación de casinos irregulares en diferentes estados del país.
A finales de ese mes, la Comisión Especial Investigadora del Congreso de Nuevo León concluyó que hubo violaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos en la expedición de permisos y a diversas leyes locales en el otorgamiento de licencias municipales.
De hecho, en diciembre de 2011 la PGR dio a conocer el peritaje en el que determina que el Royale no cumplía con las medidas de seguridad, pero exonera de responsabilidad penal a los funcionarios de Protección Civil del Estado y a Raúl Rocha Cantú, dueño del casino.
Mientras que por esas fechas un juez federal giró una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú por la presunta violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos y no por hechos vinculados al ataque, pero al no ser un delito grave, el empresario logró evadir la captura.
Tras el atentado, que la hipótesis central vinculó a la negativa de los dueños a pagar extorsión a Los Zetas, las autoridades mexicanas giraron órdenes de presentación contra los propietarios o representantes legales del casino, incluyendo a Rocha Cantú.
Sin embargo, Rocha Cantú salió del país poco después del ataque, una acción que autoridades confirmaron. Desde el extranjero, Rocha Cantú publicó una misiva para defenderse y refutar las acusaciones. En ella aseguró que el casino operaba en regla y con los permisos correspondientes y afirmó no haber participado nunca en actividades ilícitas.
Cantú se declaró a sí mismo como una víctima del crimen organizado, al igual que los fallecidos y heridos. Expresó además que la tragedia le afectó más en el ámbito humanitario que en lo patrimonial. Manifestó su disposición a rendir declaración, siempre y cuando se le garantizara seguridad para su vida.
