La nueva Fiscal de la República, Ernestina Godoy Ramos, asume su cargo con un cúmulo de asuntos de alto nivel que estuvieron prácticamente paralizados durante los siete años de gestión de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República (FGR). Estos casos incluyen investigaciones a políticos como Enrique Peña Nieto, Alejandro Moreno Cárdenas y Francisco García Cabeza de Vaca, así como tramas de corrupción como Odebrecht y redes de "factureros" y "huachicol fiscal", además de expedientes relacionados con el crimen organizado como el caso Ayotzinapa, la operación de "La Barredora" y el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada. Godoy Ramos formará dupla con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con quien ya coordinó esfuerzos en la Ciudad de México para reducir la incidencia delictiva.
Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– Ernestina Godoy Ramos, la nueva Fiscal de la República, hereda un cúmulo de asuntos de primer nivel que prácticamente estuvieron congelados en los 7 años que Alejandro Gertz Manero encabezó la Fiscalía General de la República (FGR), casos que pasan por las investigaciones a políticos como Enrique Peña Nieto, Alejandro Moreno Cárdenas, Francisco García Cabeza de Vaca, redes de corrupción como la de factureros, la de huachicol fiscal y el propio caso Odebrecht, además de aquellos relacionados con el crimen organizado como la operación de La Barredora en Tabasco y el plagio de Ismael “El Mayo” Zambada en Sinaloa.
Godoy Ramos fue elegida este miércoles como la sucesora de Gertz Manero en un proceso que se desarrolló rápidamente en el Senado de la República, en donde la semana pasada se dirimió la salida de Alejandro Gertz Manero, quien se prevé que sea designado por esa misma instancia a una Embajada de “un país amigo” aún sin precisar. Ernestina Godoy Ramos hará nuevamente una dupla con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien ya trabajó en la Ciudad de México, cuando la Jefa de Gobierno era precisamente la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La coordinación de ambos llevó a una reducción del 60 por ciento en delitos de alto impacto entre 2019 y 2023. Godoy es además una mujer de todas las confianzas de la Presidenta, hasta antes de asumir al frente de la FGR se desempeñaba como la Consejera Jurídica de la Presidencia.
Junto al rato de la violencia que enfrentarán ambos, Godoy Ramos también tendrá que atender el rezago en los principales casos de corrupción que no avanzaron con Alejandro Gertz Manero, quien en casi 7 años no obtuvo sentencias en las tramas de corrupción de la Estafa maestra, el caso Odebrecht, el desfalco en Pemex, la investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, y la que se inició y al parecer abandonó contra el actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
La investigación contra Alito y Cabeza de Vaca
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fueron investigados por la Fiscalía de Gertz Manero. Ambos casos requerían que se presentaran solicitudes de desafuero. La FGR sí lo hizo con Cabeza de Vaca cuando era Gobernador, la cual no fue homologada por el Congreso de Tamaulipas, desde entonces ha permanecido prófugo, pero reuniéndose en privado con figuras de su partido.
En lo que respecta a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, la FGR abrió una investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias, pero nunca acudió al Congreso para solicitar que se iniciará un juicio de procedencia contra el priista para determinar si había elementos o no para quitarle la inmunidad del fuero y ser proceso. Nada de eso ocurrió. De hecho, “Alito” ha sido en los últimos días uno de los principales defensores de la gestión de Gertz Manero.
La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo una investigación contra "Alito" Moreno Cárdenas que difiere de la realizada por la Fiscalía de Campeche. La FGR profundizó las pesquisas a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos Borja.
La carpeta de investigación (FED/FEMCC-CAMP/0000275/2002) se centró en los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias, como informó SinEmbargo el 12 de septiembre de 2022. Los señalamientos abarcan el periodo de 2015 a 2020, tiempo que coincide con su desempeño como Gobernador de Campeche, aunque en 2020 ya presidía el PRI.
En lo que respecta a la investigación contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la investigación de la FGR se centró principalmente en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Este proceso judicial inició formalmente en 2021, cuando la Fiscalía solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del panista.
A pesar de que la Cámara de Diputados aprobó el desafuero el 30 de abril de 2021, el Congreso de Tamaulipas, dominado por el PAN, se negó a confirmar la resolución, permitiendo al exmandatario evadir la acción de la justicia, lo que resultó en una orden de aprehensión y una ficha roja internacional en su contra. La investigación se basa en informes de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Departamento de Justicia de EU, que lo vinculan con una presunta red de triangulación de más de 100 millones de pesos a través de empresas inmobiliarias y constructoras, involucrando a varios familiares.
Un punto clave fue la polémica de febrero de 2025, cuando García Cabeza de Vaca anunció la supuesta anulación de la Ficha Roja de Interpol, lo cual fue desmentido por la FGR, aclarando que solo se había suspendido temporalmente por un amparo no resuelto. Más recientemente, en octubre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el Amparo en Revisión 54/2024 para determinar si debe ejecutarse la orden de aprehensión en su contra. Adicionalmente, el exmandatario ha sido acusado por legisladores federales de mantener privilegios ilegales y costosos, como un cuerpo de escoltas y vehículos oficiales pagados por el Estado de Tamaulipas, a pesar de su condición de prófugo de la justicia.
El documental El populismo en México
En febrero de 2022, SinEmbargo informó que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, investigó un esquema de financiamiento presuntamente ilícito detrás del documental “Populismo en América Latina” que se enfocó en ocho empresas y once ejecutivos y empresarios por haber cometido varios delitos.
Entre las empresas clave se mencionaron la transnacional OHL de España (ahora Aleática), la cual fue una de las favoritas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y está señalada por escándalos de sobornos. El documental, realizado entre 2017 y 2018, tenía el supuesto propósito de evitar el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, quien durante su campaña prometió combatir la corrupción.
El esquema financiero investigado revelaba que Sergio Hidalgo Monroy Portillo, exdirector general de OHL-México, habría transferido 186 millones de pesos al Bufete de Proyectos de Información y Análisis S.A. de C.V.. Esta última empresa es propiedad de Federico Berrueto Pruneda, identificado por la FGR como un personaje central en la trama, quien además es socio de Gabinete de Comunicación Estratégica y ha trabajado para campañas del PRI. A su vez, Berrueto Pruneda supuestamente canalizó 47 millones 900 mil pesos a Grupo TV Promo S.A de C.V y TV Promo S.A de C.V, empresas propiedad de Alejandro Jesús Quintero Iñiguez, exejecutivo de Televisa y asesor de Peña Nieto, con el fin de realizar el documental.
Aunque el documental no se proyectó en Cinépolis, propiedad de Alejandro Ramírez, sí se llevó a cabo una profusa difusión en medios de comunicación y propaganda, incluyendo la televisión. La serie fue fuertemente promocionada en autobuses de transporte público en la Ciudad de México durante abril y mayo de 2018, con el objetivo de presentar a López Obrador, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, como un líder “populista” y “redentor furioso”. López Obrador denunció que este documental era parte de una estrategia de guerra sucia en su contra durante la campaña presidencial de 2018.
La investigación de la FGR (carpeta FED/FECC-CDMX/0000764/2020) se originó a partir de dos denuncias presentadas en marzo de 2019 por Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Previamente, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya habían sancionado a Quintero Íñiguez y a Mónica Bolaños Cacho Albarrán, además de otras personas y empresas, por la contratación ilegal de espacios de difusión.
La FGR envió oficios a múltiples instituciones para acreditar los movimientos financieros de los 11 implicados y las 8 empresas, que incluyen a OHL Concesiones México/Aleática, Obrascón Huarte Lain S.A. y Bufete de Proyectos y Análisis, involucradas en el financiamiento presuntamente ilícito. Sin embargo, nunca se dieron a conocer avances de este caso, como pasó con muchos otros.
El caso Odebrecht
Cuando asumió la FGR, Gertz Manero planteó que el caso Odebrecht debía traer claridad sobre la corrupción del pasado: definió al exdirectivo de Pemex, Emilio Lozoya, como “la expresión de toda una forma de conducirse de una administración y de un gobierno”, según declaró a la agencia The Associated Press.
Sin embargo, lo que prometía ser un caso emblemático de combate a la impunidad se convirtió en un laberinto: Hasta la fecha, de los más de setenta involucrados señalados por Lozoya, solo un exlegislador Jorge Luis Lavalle Maury ha sido encarcelado, y solo por un tiempo debido a que se le permitió seguir su proceso en libertad.
El principal implicado, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, sigue con su proceso en curso, con acusaciones debilitadas tras la pérdida de pruebas clave como las que desechó un Tribunal en 2023 para demostrar los sobornos (transferencias a cuentas suizas y empresas offshore).
Desde febrero de 2024, Lozoya cumple arresto domiciliario mientras continúa su proceso por el caso Odebrecht. Cuestionado por el caso, en febrero pasado, Gertz Manero señaló que el caso Lozoya es un ejemplo de las fallas en el Poder Judicial, ya que acusó que el proceso está anquilosado por decisiones de los jueces.
"El individuo está sujeto a proceso. En un momento dado, había llegado a tal extremo su situación que pedimos la orden de aprehensión y lo internamos, e inmediatamente un juez le dio libertad procesal. En eso estamos", declaró Gertz Manero en ese entonces y nunca más volvió a dar informes.
Las investigaciones a Peña Nieto
Desde 2022 la FGR había informado que tenía al menos tres carpetas de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, derivados de diversas denuncias que incluyen a la empresa OHL por posibles delitos patrimoniales y electorales.
Sin embargo, en julio pasado el entonces Fiscal Gertz Manero sencillamente indicó que las carpetas de investigación no se judicializaron, es decir no se presentaron ante un juez, porque no se ratificaron y porque no le entregaron las pruebas, aún cuando él mismo señaló desde hace tres años que había una investigación en curso y pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera había hecho públicos distintos datos de prueba que apuntaban a un esquema de enriquecimiento ilícito.
¿Qué pasó con esas investigaciones? Nada. Así lo confirmó Gertz Manero que responsabilizó a otras dependencias como la UIF por no haber ratificado la denuncia. "Nosotros hemos vuelto a exigir a todas las autoridades que hicieron algún tipo de denuncia que ratificaran los elementos para poderlos judicializar y, hasta el momento, no nos los han entregado", se limitó a decir Gertz Manero el 8 de julio pasado.
A eso se sumó la revelación del medio israelí The Marker sobre un supuesto soborno de 25 millones de dólares que recibió Peña Nieto con el objetivo de permitir el funcionamiento del sistema de espionaje Pegasus en territorio nacional, hechos por los que la FGR dijo que abrió una carpeta de investigación.
El caso Ayotzinapa
Gertz Manero afirmó que vendría una nueva etapa en la investigación del caso Ayotzinapa al declarar públicamente que “se acabó la verdad histórica”, la versión oficial impuesta por el Gobierno de Enrique Peña Nieto. De hecho, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra varios funcionarios implicados, incluyendo el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien lleva su proceso en prisión domiciliaria, y Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC), señalándolo por tortura, desaparición forzada de personas y coalición con servidores públicos, quien se encuentra en Israel
Aunque ciertos operativos y detenciones se llevaron a cabo en su gestión, la gran mayoría de responsables —sobre todo funcionarios públicos que ocupaban cargos de poder al momento de los hechos— siguen sin ser judicializados o sentenciados. Las familias de las víctimas denuncian que los avances son pequeños, que la búsqueda del paradero de los 43 normalistas continúa sin resultados concretos y que la claridad sobre lo ocurrido aquella noche permanece tan difusa como antes
De hecho, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa junto al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han pedido la extradición de tres personajes clave en este caso: el propio Tomás Zerón así como Ulises Bernabé, el exjuez de barandilla, quien habló con un grupo de al menos 17 jóvenes la noche de la desaparición; Abraham Eslava Arvizu, exmando de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Rocha Cantú y la red de huachicol fiscal
Uno de los últimos casos que hereda Gertz Manero a la nueva Fiscal es la investigación a Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, quien junto con otras 12 personas es acusado por delincuencia organizada, narcotráfico, huachicol y tráfico de armas. La FGR abrió la carpeta de investigación 928/2024 el 29 de noviembre de 2024, tras obtener información suficiente de la Secretaría de Seguridad.
A pesar de que existía una orden de aprehensión girada por un Juez federal en su contra, Raúl Rocha Cantú no fue detenido. En cambio, el empresario se acogió a un criterio de oportunidad, convirtiéndose en testigo colaborador protegido a cambio de entregar información sobre sus presuntos cómplices.
No obstante, reportes periodísticos de Milenio y El País, así como documentos filtrados, sugieren que Rocha Cantú pudo haber corrompido a la FGR mediante sobornos para obtener información sensible y anticiparse a la orden de captura, negociando así su inmunidad. Se menciona que Rocha Cantú habría pagado hasta dos millones de pesos a integrantes de la Fiscalía, incluyendo a servidores públicos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), como Mari Carmen Ramírez Rodríguez y Diego Adrián Mendoza Pérez.
Aunado a este caso, figura la red de huachicol fiscal que en septiembre de 2025 llevó a la detención de empresarios, funcionarios aduanales y miembros de la Marina como el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. En total han sido vinculadas a proceso 14 personas por su presunta participación en esta operación de huachicol fiscal, la cual permitió en dos años el ingreso irregular de 31 buques con combustible ilegal a través de los puertos de Altamira y Tampico.
El caso de la La Barredora
Un caso clave que también tendrá que atender Ernestina Godoy es la investigación en torno al grupo criminal conocido como "La Barredora". Informes de la prensa que nunca fueron desmentidos indican que Ulises Pinto Madera, alias "El Mamado", segundo al mando de la organización, solicitó y obtuvo por parte de la Fiscalía General de la República un criterio de oportunidad para convertirse en testigo protegido del caso.
Días después de que esto ocurriera un operativo conjunto en el que participó la FGR llevó a la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco en los gobiernos del hoy Senador Adán Augusto López Hernandez y Carlos Manuel Merino Campos, quien es acusado de ser el jefe del cártel “La Barredora”.
El secuestro de “El Mayo”
Este 1 de diciembre, Joaquín Guzmán López, e hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, reconoció en una Corte Federal, en la que se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, que Ismael “El Mayo” Zambada fue secuestrado y llevado contra su voluntad a Estados Unidos.
En octubre pasado, Gertz Manero había sostenido que EU no había dado información sobre esto, aunque sostuvo que su secuestro fue un “delito que se cometió en México” además de afirmar que había “una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron”, como el de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). “Lo que nosotros necesitamos es que nos informe el gobierno de los Estados Unidos. Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental”, indicó sobre el caso.
Los factureros: Veyruti, Álvarez Puga
Desde al menos 2019 la FGR, apoyada por alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y denuncias fiscales, abrió una carpeta de investigación contra Álvarez Puga, su esposa, la exconductora Inés Gómez Mont, y un conjunto de empresas acusadas de emitir facturas falsas —es decir, empresas fachada o “fantasma” usadas para desviar recursos públicos
Esta red, considerada por las autoridades como una de las más grandes del país, habría facturado de forma simulada contratos públicos, sobre todo vinculados al equipamiento de penales federales bajo la administración de la antigua Secretaría de Gobernación (Segob), por un monto aproximado de 2 950 a 3 000 millones de pesos.
La FGR ha girado órdenes de aprehensión contra Álvarez Puga, Gómez Mont y otros implicados, señalándolos por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. En octubre de 2025, Álvarez Puga fue detenido en Florida por una revisión migratoria; aunque eso no significa que haya sido capturado directamente por los cargos en México, su detención activó de nuevo la posibilidad de que sea extraditado.
La FGR también abrió desde 2021 una investigación contra Beyruti Sánchez por su presunta participación en una red de factureras y empresas de outsourcing que operaban con recursos de procedencia ilícita. Se le acusa de delitos graves como delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Entre 2014 y 2017, Sánchez recibió al menos 4 millones 335 mil 705 pesos provenientes de empresas consideradas “factureras”. Sin embargo, la investigación no se limita a ese monto: la FGR ha documentado posibles irregularidades por decenas de miles de millones de pesos en recursos no reportados, vinculados a unas 92 empresas del sector outsourcing.
El caso de Javier Duarte
El pasado 28 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la nueva gestión de la FGR tendría que aclarar el estado de las investigaciones contra Javier Duarte y su exesposa Karime Macías, contra quien pesa una solicitud de extradición, por el presunto desvío millonario del Gobierno de Veracruz a través de 32 empresas fantasma.
De igual forma hay otros temas pendientes en contra del exmandatario como han sido las acusaciones por desapariciones forzadas ocurridas durante su gestión.
Javier Duarte fue detenido en Guatemala en abril de 2017 y extraditado a México. En 2018, recibió su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero. Desde entonces, ha permanecido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
