El Ministro Espinosa precisó que el núcleo del debate no es la despenalización del aborto, vigente en México desde 2023, sino la disminución del número de semanas permitidas para interrumpir legalmente un embarazo.
Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá en enero de 2026 un proyecto de sentencia que propone invalidar la reforma aprobada en Aguascalientes para reducir de 12 a seis semanas el plazo para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), al considerar que se trata de una medida regresiva que prácticamente anula el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir.
El proyecto, elaborado por la ponencia del Ministro Irving Espinosa a partir de las acciones de inconstitucionalidad 172/2024 y 173/2024, sostiene que el derecho penal no es una vía constitucional válida para proteger la vida en gestación y que la reducción arbitraria de plazos vulnera derechos fundamentales. El asunto está listado para discutirse el próximo 6 de enero, en la primera sesión de la nueva integración de la Corte, tras la apertura del periodo ordinario de sesiones el día 5.
En un encuentro con periodistas, el Ministro Espinosa precisó que el núcleo del debate no es la despenalización del aborto, vigente en México desde 2023, sino la disminución del número de semanas permitidas para interrumpir legalmente un embarazo. “Entonces, este es el motivo de la discusión. El problema es que se reduzca”, señaló.
La Ministra Loretta Ortiz, por su parte, subrayó que la Corte ya cuenta con una jurisprudencia sólida en la materia y aportó la base científica que sustenta el plazo de 12 semanas. “Científicamente hay una diferencia de doce a seis semanas. Cuando están las 12 semanas es el punto exacto cuando se empieza a formar la corteza cerebral; antes teníamos un cigoto”, explicó, al adelantar que la discusión se centrará en la constitucionalidad de la reducción.
Por su parte, el Ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz contextualizó la relevancia del tema al recordar que la jurisprudencia de la Corte tiene más de cinco años y abarca no sólo el derecho al aborto, sino también el acceso a servicios de salud y a métodos como la pastilla del día después. Advirtió, además, que varias entidades federativas no han armonizado su legislación y se mantienen en incumplimiento de criterios obligatorios del máximo tribunal.
El Ministro Giovanni Figueroa dijo que existe una "complejidad del debate", al tratarse de un asunto “peleagudo” vinculado a consideraciones de bioética, y sostuvo que la Corte debe revisar, caso por caso, la constitucionalidad de las normas estatales relacionadas con la interrupción del embarazo mediante acciones de inconstitucionalidad.
En contraste, la Iglesia católica expresó su rechazo al proyecto en el editorial del semanario Desde la Fe, donde calificó la propuesta como una “desprotección total de los bebés por nacer”. Ante estos posicionamientos, los ministros señalaron que no pueden adelantar su criterio para no quedar impedidos de participar en la deliberación, y reiteraron que el debate de enero no versará sobre la despenalización del aborto en el país, sino sobre la validez constitucional de reducir el plazo legal para ejercer ese derecho.
