Además de los desastres ambientales causados por Grupo México, existen denuncias laborales contra Germán Larrea que se remontan a casi dos décadas de conflictos con trabajadores mineros, marcadas por huelgas históricas como la de Cananea, acusaciones de violaciones a la libertad sindical, incumplimientos a contratos colectivos y litigios que incluso escalaron a instancias internacionales.
Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- Durante casi dos décadas, la relación entre Grupo México, el principal consorcio minero en México controlado por el magnate Germán Larrea, y su fuerza laboral ha estado marcada por conflictos gremiales prolongados, huelgas históricas y denuncias sobre vulneraciones a derechos sindicales.
Hay dos eventos que han marcado las operaciones de Grupo México en los últimos 20 años. El primero, fue el desastre minero de Pasta de Conchos. La tragedia tuvo lugar el 19 de febrero de 2006 cuando se registró una explosión en la mina 8, en Coahuila, en la que 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. En ese año se inició el rescate que se suspendería un año después.
Ni el Gobierno de Vicente Fox ni el de Felipe Calderón así como el de Enrique Peña Nieto hicieron algo para rescatar los cuerpos. Fue hasta que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia que se retomaron las labores de rescate y con Claudia Sheinbaum Pardo se han podido rescatar los restos de 21 mineros y la entrega digna de 13 de ellos.
En su libro El colapso de la dignidad, el líder minero y Diputado federal por Morena, Napelón Goméz Urrutia retrata a Germán Larrea como un patrón que no otorgaba seguridad ni se preocupaba por una ventilación suficiente en sus minas, además de haber sido omiso con las familias afectadas por el desplome.
"El cobarde de Germán Larrea no se presentó en la mina ni para pedirle disculpas a las familias, ofrecer las condolencias y ofrecer los recursos técnicos o materiales para el rescate", acusó sobre Pasta de Conchos Gómez Urrutia.
Grupo México es además responsable del mayor desastre ecológico en el país. El derrame de químicos en el Río Sonora ocurrido en agosto de 2014, cuando la mina Buenavista del Cobre —subsidiaria de Grupo México— derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico con 700 toneladas de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora. Desde entonces, las personas viven con afectaciones en su salud y en sus comunidades.
Las denuncias laborales contra Larrea
En 2004, la fracción I de la sección 207 de Agua Prieta, Sonora, del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, inició huelga por violaciones al contrato colectivo a raíz de un adeudo que se mantenía con los trabajadores.
Tres años después, en 2007, el Sindicato Minero se declaró en huelga y paró las operaciones mineras en Cananea , San Martín y Sombrerete en 2007 en demanda de contratos colectivos y una revisión a los estándares de seguridad.
Desde entonces, los mineros mantenían su huelga. Fue apenas el pasado 23 de diciembre que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), anunció haber llegado a un acuerdo reparatorio con los mineros de Cananea que asciende a más de dos mil millones de pesos, mismos que se invertirán en un plan que contempla que los trabajadores o a las viudas de aquellos que hayan fallecido reciban los beneficios directamente.
"En total se invertirán dos mil 222.6 millones de pesos en un Plan que contempla que los trabajadores mineros o sus viudas reciban directamente el recurso, sin intervención de nadie", mencionó la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez.
¿Qué contempla el plan?
De acuerdo con lo dado a conocer durante la presentación, el Plan de Justicia para Cananea contempla múltiples acciones, mismas que se listan a continuación:
- Realización de labores de justicia ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
- Construcción de 16 plantas potabilizadoras por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
- Equipamiento y operación de un laboratorio regional de calidad del agua.
- Establecimiento de estaciones para monitorear la calidad del agua del río Sonora.
- Construcción del Hospital Regional de Ures que contará con un laboratorio especializado de metales pesados y toxicología.
- Mejoramiento de la infraestructura hospitalaria en la región por parte del IMSS Bienestar.
El conflicto no se limitó solo a Cananea, sino que se replicó en Sombrerete (Zacatecas) y Taxco (Guerrero), donde también se reclamaban violaciones contractuales y falta de cumplimiento de acuerdos colectivos. Tribunales han rechazado intentos de Grupo México por declarar inexistentes dichas huelgas, reafirmando el derecho constitucional de los trabajadores a mantener estos paros y a salarios caídos.
Denuncias internacionales
En abril de 2017, el Sindicato Único de Trabajadores de Southern Perú Copper Corporation presentó diversas demandas a Grupo México como fueron el rechazo a la instalación de cámaras de vigilancia y cumplimiento de la prueba de protección de la jornada máxima; el cese de despidos masivos bajo la modalidad de incapacidad permanente; la revisión del pago por concepto de participación de utilidades de 2016; y mejoramiento de la atención médica.
Dos años antes, agricultores protestaron en Arequipa por los posibles riesgos que traería Southern Copper a la zona costera, algo que negó la firma.
En Estados Unidos también ha tenido señalamientos. Asarco, una firma minera que Grupo México compró en 1999, fue señalada en 2006 de haber incinerado y almacenado tóxicos como agua utilizada para lavar un horno en el que se quemaron desechos de armas químicas. En 2008, Asarco demandó a Grupo México de quitarle sus activos más valiosos y llevarla a la bancarrota, no obstante, un año después la minera estadounidense saldría de la bancarrota controlada por Grupo México.
En Gobierno pasado, Grupo México enfrentaría otra polémica cuando en noviembre de 2022 concluyó su contrato de manera anticipada en la construcción del tramo cinco del Tren Maya porque dijo que le era imposible cumplir con los plazos establecidos para la entrega del proyecto.
Este día, en otro episodio polémico, el Presidente López Obrador dio a conocer que German Larrea “mal aconsejado” por sus abogados, entre ellos Fernando Gómez-Mont Urueta, Secretario de Gobernación con Felipe Calderón, exigió 9 mil 500 millones de pesos al Gobierno de México luego de que se declarara de utilidad pública y se ordenara la ocupación temporal de tres tramos de ferrocarril que pertenecen al Grupo México.
-Con información de Obed Rosas
