La crisis en Venezuela llegó hasta la ONU con advertencias por un precedente peligroso y llamados a priorizar los derechos humanos sobre intereses políticos.
Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- La intervención militar de Estados Unidos (EU) en Venezuela y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro serán discutidos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que el Consejo de Seguridad sesionará el lunes para analizar la legalidad de la acción, mientras que el Consejo de Derechos Humanos (DDHH) exigió una rendición de cuentas por crímenes internacionales.
Días antes, en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había reiterado su rechazo a las intervenciones en otros países y cuestionado la postura pasiva de Naciones Unidas frente a este conflicto.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene previsto reunirse mañana para abordar la intervención militar de EU en Venezuela y el secuestro del mandatario venezolano, una acción que, advirtió el Secretario General de la ONU, António Guterres, sienta “un precedente peligroso” para el orden internacional.
"El Secretario General sigue insistiendo en la importancia del pleno respeto -por parte de todos- del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU. Le preocupa profundamente que no se hayan respetado las normas del derecho internacional", señaló.
La sesión fue solicitada por Colombia, con el respaldo de Rusia y China, de acuerdo con fuentes diplomáticas. Se trata de la tercera vez que el órgano de 15 miembros discute la escalada de tensiones entre EU y Venezuela, luego de reuniones celebradas en octubre y diciembre pasados.
A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres reiteró la importancia del pleno respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, y expresó su preocupación por el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados.
Desde Washington, el Presidente Donald Trump afirmó ayer que EU dirigirá Venezuela “hasta que pueda lograrse una transición segura, adecuada y juiciosa”, sin precisar cómo se llevará a cabo la administración del país. Sin embargo, en los últimos meses, la administración estadounidense intensificó su presencia militar en la zona bajo el argumento de combatir el narcotráfico y anunció un bloqueo de buques sujetos a sanciones, lo que derivó en la interceptación de petroleros con crudo venezolano.
En una carta enviada al Consejo de Seguridad, el Embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, acusó a EU de emprender “una guerra colonial” para destruir el sistema republicano venezolano e imponer un gobierno que facilite el saqueo de los recursos naturales del país, en particular sus reservas petroleras.
"Esta es una guerra colonial dirigida a destruir nuestra forma republicana de gobierno, libremente elegida por nuestro pueblo, y a imponer un gobierno títere que permita el saqueo de nuestros recursos naturales, incluidas las mayores reservas de petróleo del mundo", denunció Moncada ante el Consejo de Seguridad.
Además, sostuvo que EU violó la Carta fundacional de la ONU, que establece que los países miembros deben abstenerse de recurrir al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier nación.
Por su parte, Trump defendió su actuación al amparo del artículo 51 de la Carta de la ONU, que permite acciones de legítima defensa. El Embajador estadounidense ante el organismo, Mike Waltz, negó que se trate de un cambio de régimen y afirmó que la operación responde a un acto de justicia contra un gobierno al que acusó de narcoterrorismo.
Consejo de DDHH de la ONU exige rendición de cuentas por "crímenes internacionales" en Venezuela
En paralelo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió rendición de cuentas por los crímenes internacionales cometidos en Venezuela y advirtió que la situación podría agravarse tras la intervención militar de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela expresó su alarma por el contexto de alta volatilidad y recordó que existen violaciones ampliamente documentadas, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, tratos crueles y violencia de género.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, indicó que la gravedad de estos crímenes no legitima la acción militar extranjera, la cual contraviene el derecho internacional, aunque precisó que ello no exime a las autoridades venezolanas, incluido Maduro, de su responsabilidad por años de represión que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El organismo alertó además sobre el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos en un escenario de estado de emergencia y posibles planes de administración temporal del país, y llamó a Estados Unidos, Venezuela y a otros actores internacionales a garantizar el respeto al derecho internacional, la protección de la población civil, y mecanismos efectivos de justicia y reparación para las víctimas.
