VIDEOS ¬ El ICE en acción: Maltrato, abuso, crueldad; durante arrestos y en prisiones

04/02/2026 - 8:24 pm

La política migratoria en Estados Unidos ha dejado un saldo letal: decenas de personas han muerto en operativos y dentro de centros de detención, según registros periodísticos independientes.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).– Los abusos y la crueldad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, no solo ha sido una norma en los arrestos que ha realizado a lo largo de todo el país. Investigaciones realizadas por la prensa de ese país han revelado cómo esos mismos malos tratos se han replicado e incluso intensificado en las prisiones migratorias y durante los vuelos para deportar a migrantes.

En las redadas encabezadas del ICE, por ejemplo, los agentes migratorios han sido exhibidos por el uso desmedido de la fuerza que ha causado la muerte de ocho personas, entre ellas Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que manifestaron su oposición al poder desmedido de las autoridades migratorias.

Lo cierto es que Renee Good y Alex Pretti no han sido las únicas víctimas de la violencia infligida por agentes de inmigración. Cifras recopiladas por The American Prospect dan cuenta cómo las fuerzas de inmigración han matado al menos a ocho personas en todo el país y herido a nueve más durante su prolongada campaña de terror, además de causar la muerte de al menos otras 35 personas en campos de detención.

A eso suma las burlas que han hecho las propias autoridades migratorias sobre sus operativos, denunciados dentro de EU como inhumanos. Mediante memes y grabaciones, el ICE y la Casa Blanca se han mofado de las detenciones que han perpetrado los agentes migratorios, de cómo han esposado y abusado de los detenidos.

Es decir, entre julio de 2025 y el 28 de enero de 2026, al menos 43 personas murieron como resultado directo de operativos y detenciones migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos: ocho en acciones de campo atribuidas a agentes federales y 35 dentro de centros de detención migratoria.

Los datos, que provienen de un conteo realizado por el medio The Prospect, documentan muertes y lesiones causadas por agentes de inmigración, ante la opacidad del ICE, que no publica registros oficiales de incidentes violentos. El balance contradice la narrativa oficial y expone el costo humano de la ofensiva de deportaciones impulsada por el Presidente Donald Trump.

El registro subraya que dos ejecuciones públicas, las de Renee Good y Alex Pretti, detonaron indignación nacional, pero advierte que no son hechos aislados. En el mismo periodo, otras seis personas habrían sido asesinadas o provocado su muerte durante operativos. A ello se suma un número aún mayor de fallecimientos en prisiones migratorias, ocurridos en un lapso incluso más corto.

De acuerdo con el documento de The Prospect, no existe un número oficial de personas heridas por agentes federales y sostienen que el gobierno trabaja activamente para ocultar la magnitud de la violencia. La iniciativa busca, dicen, contrapesar la “sanitización” mediática de operativos mortales y dar nombre y contexto a los hechos.

“Ninguna de estas muertes tenía que ocurrir”, señala el informe, que atribuye el patrón a la política de deportación masiva. El conteo se actualizará conforme emerjan nuevos datos, en un contexto donde la falta de transparencia oficial impide conocer el impacto real de la campaña migratoria.

Los excesos del ICE

Lo cierto es que las autoridades de inmigración enfrentan una reacción violenta de los residentes y los líderes locales por arrestos sin orden judicial , enfrentamientos agresivos con manifestantes y el tiroteo fatal de la madre de tres hijos, Renee Good así como el reciente asesinato de Alex Pretti.

The News York Times refiere en ese sentido que dos meses después de la ofensiva migratoria que Trump ha calificado como el mayor esfuerzo de control en la historia del ICE, los residentes de las Ciudades Gemelas, en Minneapolis, dicen que la tensión constante de la operación se ha vuelto abrumadora, agravada por una persistente incertidumbre sobre cuándo terminará.

“ICE no está haciendo lo que dice”, declaró la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her, estadounidense de ascendencia hmong, sobre el arresto de Thao. “No persiguen a criminales empedernidos. Persiguen a cualquiera que se les cruce en el camino. Es inaceptable y antiestadounidense”.

Además de Good y Pretti, al menos otras seis personas murieron en acciones de campo entre julio de 2025 y enero de 2026. En estos casos, la información es fragmentaria: se sabe que los fallecimientos ocurrieron durante persecuciones, arrestos o intervenciones directas de agentes de inmigración, pero los nombres, circunstancias completas y responsabilidades oficiales no han sido plenamente revelados por el gobierno federal.

El 10 de julio de 2025, por ejemplo, durante un operativo del ICE en Glass House Farms, un cultivador de cannabis con licencia que también produce tomates y pepinos en Camarillo, aproximadamente a una hora al este de Los Ángeles, fueron arrestados decenas de trabajadores cuando Jaime Alanis se cayó del techo de un invernadero y se fracturó el cuello. El trabajador mexicano de 57 años falleció en un hospital dos días después.

Sus familiares dijeron que Alanis llevaba una década trabajando en la granja y que enviaba sus ganancias a su esposa e hija en México. Durante la redada, Alanis llamó a su familia para decirles que se escondía. Las autoridades informaron que Jaime cayó desde una altura de unos 9 metros del techo del invernadero. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Alanis nunca estuvo detenido ni era perseguido por las autoridades de inmigración.

Roberto Carlos Montoya Valdez:, un hombre de 52 años originario de Guatemala murió tras ser atropellado por una camioneta mientras huía de inmigración frente a una tienda Home Depot en el sur de California el 14 de agosto. De acuerdo con los reportes, Roberto intentaba cruzar una autopista. La policía de Monrovia, al noreste de Los Ángeles, informó que agentes del ICE realizaban operativos de control de inmigración cuando el hombre huyó hacia la Interestatal 210. Cruzaba corriendo los carriles en dirección este de la autopista cuando una camioneta lo atropelló y murió en un hospital.

Silverio Villegas González un inmigrante mexicano de 38 años que residía sin papeles en Estados Unidos, fue detenido el 12 de septiembre por agentes del ICE durante una parada vehicular en Illinois. Los agentes estacionaron su Jeep frente al auto de Villegas González, y uno de ellos se acercó al vehículo por el lado del conductor y el otro por el del pasajero. Ninguno de los oficiales llevaba cámaras corporales, pero según muestra un video captado por cámaras de seguridad de un negocio cercano, un agente pareció introducir la mano en el auto, justo cuando Villegas González retrocedía y luego avanzaba.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos indicó que Silverio golpeó y arrastró a uno de los agentes, quien abrió fuego contra el vehículo. Villegas González se estrelló contra una camioneta cercana; fue trasladado al hospital, donde falleció posteriormente.

En otro caso, el 24 de octubre de 2025, José Castro Rivera, un hombre que intentaba huir de agentes del ICE murió atropellado al intentar cruzar una autopista en Virginia. De manera distinta, Isaias Sanchez Barboza, un ciudadano mexicano de 31 años murió tras un encuentro con agentes de la Patrulla Fronteriza en la ribera del río que divide a Estados Unidos y México.

A eso se suma el caso de un agente del Departamento de Seguridad Nacional fuera de servicio que mató a tiros a su vecino Keith Porter durante la noche de Año Nuevo en el vecindario de Northridge, Los Ángeles, tras un incidente con disparos reportado poco antes de la medianoche, informaron autoridades. Hasta ahora, las autoridades no han informado si el hecho quedó registrado en video ni han dado detalles adicionales sobre la investigación en curso.

Los campos migratorios

Oren Peleg escribe en The New Yorker cómo dentro del Centro de Detención de California City (CCDF), una instalación remota ubicada en las profundidades del desierto de Mojave, que fue reconvertida por la empresa con fines de lucro CoreCivic en abril de 2025, los migrantes enfrentan condiciones climáticas extremas y una falta de servicios básicos que han puesto en riesgos sus vidas.

Diversos testimonios de detenidos revelaron a la revista un patrón sistemático de negligencia médica grave, la cual, según defensores legales, ha sido utilizada como un arma para fomentar las autodeportaciones. Casos como el de "Karam", un seudónimo para evitar represalias, ilustran esta situación: a él a pesar de padecer una úlcera crónica, se le negó medicación adecuada y una dieta líquida prescrita, lo que lo llevó a realizar huelgas de hambre y a vomitar sangre sin recibir atención especializada oportuna.

Otros detenidos describen la instalación como una "cámara de tortura" o un "infierno en la tierra" debido al maltrato y la privación de cuidados básicos.

Situado en una zona extremadamente aislada, a dos horas de Los Ángeles y cerca del Parque Nacional del Valle de la Muerte, el centro enfrenta condiciones climáticas extremas y una falta de servicios básicos de comunicación, lo que dificulta el acceso de abogados a sus clientes. Con una capacidad proyectada para más de 2 mil 500 personas, se perfila como el centro de detención más grande de la costa oeste.

La infraestructura y el personal de la instalación no han seguido el ritmo del rápido aumento de la población detenida, que pasó de 500 personas en septiembre a mil 400 en enero. Investigaciones han señalado que el centro se abrió de manera apresurada tras estar vacante desde 2023, lo que resultó en un estado de deterioro significativo. Además, se ha reportado una escasez crítica de médicos y personal experimentado.

A pesar de las denuncias de condiciones inhumanas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que las instalaciones cumplen con los estándares nacionales de detención y proporcionan atención médica integral. Por su parte, autoridades locales como el Alcalde de California City han adoptado una postura pragmática, priorizando los ingresos y empleos que genera CoreCivic para la ciudad, a pesar de reconocer que el cálculo moral puede parecer "distante y frío". Algunos funcionarios incluso han sugerido que las quejas de los detenidos podrían ser "estratégicas" para causar problemas.

Deportaciones más largas y crueles

Las deportaciones aéreas impulsadas por el Gobierno de Donald Trump no sólo se han intensificado, también se han vuelto más largas, opacas y crueles. En el centro de este negocio está Omni Air International, una aerolínea prácticamente desconocida para el público, pero clave para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que desde 2025 ha multiplicado sus vuelos de expulsión de migrantes encadenados durante trayectos de hasta 50, 70 e incluso más de 80 horas, señala el medio Mother Jones.

Omni pertenece a Air Transport Services Group (ATSG), empresa adquirida en abril de 2025 por el fondo de capital privado Stonepeak, que administra unos 80 mil millones de dólares en inversiones. Desde esa compra, los vuelos de deportación operados por Omni se cuadruplicaron, coincidiendo con el endurecimiento de la política migratoria de Trump.

Melissa Tran, madre de cuatro hijos y residente en Maryland, fue una de las miles de personas expulsadas. Antes de abordar un Boeing 767 sin logotipos visibles, fue encadenada de muñecas, tobillos y cintura. Pasó más de 10 horas sin comida ni agua y permaneció esposada durante 42 horas, mientras el avión hacía escalas en Europa y Asia rumbo a Vietnam, un país que no pisaba desde que huyó siendo niña.

“Me sentí menos que un animal”, relató Tran a Mother Jones. Como ella, cientos de migrantes han sido trasladados en condiciones extremas. Datos de vuelos públicos indican que, en apenas ocho meses tras la compra de Stonepeak, Omni realizó 77 vuelos de deportación con 194 escalas en 42 países, incluidos Estados autoritarios como China, Laos, Venezuela, Camerún y la República Democrática del Congo. En el mismo periodo de 2024, apenas había hecho 20 vuelos a 14 países.

Los testimonios y registros muestran que muchos de estos traslados violan órdenes judiciales y normas internacionales. Omni ha llevado solicitantes de asilo iraníes a Qatar y Kuwait para luego enviarlos a Teherán; ucranianos fueron expulsados a Polonia y posteriormente trasladado a Ucrania, pese a la prohibición de repatriaciones a zonas de guerra; además migrantes africanos han sido enviados a Ghana, país con el que no tenían vínculos, quedando algunos en situación de apatridia.

Redacción/SinEmbargo

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Lo dice el reportero