Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo/ZonaFranca).– La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato detuvo a siete socios del ex director de Adquisiciones y Suministros de la Secretaría de Finanzas en el sexenio del Gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez, Eduardo García Sánchez, quien todavía se encuentra prófugo por el posible desfalco de casi 2 millones de pesos por la compra, a precios inflados, de 480 megáfonos.
Los siete socios pertenecientes a las empresas Omniprov de México, Maedal Comercializadora y Soluciones de Tecnología Avanzada, fueron detenidos y presentados a las autoridades como presuntos responsables de fraude contra el Gobierno del Estado por un monto que asciende a 27 millones 190 mil 341 pesos.
A finales del año 2009 y principios de 2013 en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, de la Secretaria de Finanzas y Administración Pública, se confeccionaron procesos de compra ilícitos en los que intervinieron socios de las empresas anteriormente mencionadas; quienes simulaban la entrega de bienes a través de facturas con contenido, firmas y sellos falsos de diversas Dependencias, con las cuales tramitaban su pago a fin de obtener un lucro mediante las transferencias de dinero de las cuentas de Gobierno del Estado a las propias.
De ese modo se descarta la detención de Eduardo García Sánchez, ex director de adquisiciones de la Secretaría de Finanzas, acusado del posible desfalco por casi 2 millones de pesos en la compra, a precios inflados, de 480 megáfonos.
Cabe recordar, que temprano por la mañana a través de varios rotativos, se manejó la versión de la detención de Eduardo García Sánchez y otros cinco ex funcionarios de alto rango, quienes estarían prófugos acusados de fraude.
A pesar de que se trató de corroborar dicha versión con la autoridad correspondiente, la opacidad no se hizo esperar, ya que no fue hasta entrada la noche que la PGJE, emitió una postura.
García Sánchez ya había sido inhabilitado por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) por 10 años para ocupar cargos públicos y posteriormente, en mayo de este año, interpuso denuncia penal ante el Ministerio Público.
En julio pasado fue declarado como prófugo por la PGJEG, luego de que la fiscalía le girara una orden de presentación sin obtener respuesta.
Transparencia y Rendición de Cuentas también había presentado denuncias penales contra dos funcionarios de Finanzas y dos del Instituto de Salud Pública de Guanajuato (Isapeg) precisamente por la adquisición de los megáfonos, cuyo costo real era de mil pesos pero ellos los pagaron a 3 mil 400 pesos cada uno.
Entre ellos estaban Eduardo García Sánchez; Marco Antonio Hernández Gómez, ex funcionario del Isapeg; Arturo Antonio Perera Cortés y Alberto Martínez Lara, ambos ex funcionarios de Finanzas.
La PGJE confirmó que hubo detenciones, pero no será hasta las próximas horas que den a conocer detalles de los arrestos y los detenidos.
