El Instituto Nacional de Migración registró irregularidades a lo largo de 2023 por servicios de alimentación, vigilancia y traslado, tanto terrestre como aéreo, de migrantes mexicanos y extranjeros
Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 11.7 millones de pesos en el gasto que el Instituto Nacional de Migración (INM) destinó para servicios de alimentación, vigilancia y traslado de migrantes mexicanos y extranjeros a lo largo de 2023.
La gestión de Francisco Garduño en el INM ha sido objeto de denuncias por malos tratos hacia la población migrante que derivó, por ejemplo, en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua. A eso se suman estas irregularidades.
En la revisión de la cuenta pública, por ejemplo, se detectó un posible daño a la Hacienda Pública Federal por 4.5 millones de pesos por traslados realizados por un mismo chofer en un mismo día y en horarios simultáneos en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
La Auditoría señala que el INM no acreditó cómo se determinó la cantidad diaria de servicios requeridos a la empresa de servicios de transportación ETN Turistar Lujo, S.A. de C.V., pues la información entregada no contiene información que acredite que los servicios se prestaron a personas migrantes y presentan errores que impactan en el importe de los pagos realizados.
“(El INM) pagó 286 servicios de traslado y de guardia realizados por un mismo chofer en los mismos días y en horarios simultáneos y, 40 servicios de relenti que no corresponden con las horas plasmadas en los entregables [...] aunado a que de los 219 operadores que se reportó ejecutaron el total de los servicios pagados, el proveedor sólo pagó las cuotas obrero-patronales de 33”, expone la Auditoría.
El segundo rubro que guarda más irregularidades es por un monto de 3.3 millones de pesos por irregularidades en la contratación de servicios de alimentación. Se trata de un monto pagado a la Operadora de Comedores Saludables, S.A. de C.V., con la cual se suscribió un convenio que modificó el monto contratado de diversas partidas por más del 20.0 por ciento permitido. El INM tampoco acreditó cómo determinó la cantidad diaria y tipos de menús requeridos al proveedor, además de que las listas de entrega de alimentos no cumplieron con los requisitos establecidos en el Manual de Operación en Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales y, no proporcionó documentación que acredite la entrega de 39 mil 36 alimentos
En el mismo sentido se documentaron irregularidades por 2.6 millones de pesos por no acreditar la transportación aérea de pasajeros de un vuelo realizado el 27 de octubre de 2023, toda vez que se presentaron dos listados de pasajeros con nombres distintos para acreditar los servicios. Fueron servicios de transportación aérea pagados a Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V.
Otro caso es el de los servicios de transportación aérea pagados en marzo de 2023 a Grupo Aéreo Monterrey, S.A. de C.V., en los que el INM no acreditó que 46 viajes pagados fueron para el traslado de migrantes en condiciones de vulnerabilidad. En este caso, la dependencia solicitó y pagó 10 viajes a países no autorizados para el retorno de migrantes; y el proveedor no comprobó el pago de cuotas obrero-patronales de 19 pilotos y copilotos que informó ejecutaron los servicios pagados por el INM.
De igual forma se documentaron irregularidades por 1.8 millones de pesos por el pago de mil 775 servicios de enero y febrero de 2023, por los que no se proporcionó evidencia documental que acredite que el proveedor prestó los servicios con el total de los guardias de seguridad requeridos.
“Aunado a que los servicios no se prestaron con el número de elementos y las características requeridas, y no aplicó descuentos y deductivas por 1.8 millones de pesos. Asimismo, la documentación presentada por el proveedor al INM, correspondiente al pago de cuotas obrero-patronales difiere con los registros del IMSS y con los pagos realizados conforme a sus estados de cuenta y; se verificó que el 93.9 por ciento de los recursos públicos federales los transfirió a 5 personas morales sin contar con evidencia de que se emplearon para el pago de nómina del personal requerido por el INM”.
