La represión, las desapariciones forzadas, la tortura y los tratos inhumanos que sufrieron decenas de jóvenes en la jornadas de protesta realizadas el 4 al 5 de junio de 2020 por el homicidio de Giovanni López, no sólo no han sido reconocidos oficialmente, sino que se mantienen en total impunidad y que las autoridades han operado para olvidarlas y borrar su memoria.
Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).- Hace cinco años un episodio de represión policial marcó un antecedente en Jalisco y trazó la herencia del Gobierno del emecista Enrique Alfaro en materia de violencia: represión, violaciones a los derechos humanos y, en particular, las desapariciones de jóvenes. Un hecho que colectivos de desaparecidos y víctimas recuerdan como el #HalconazoTapatío.
El asesinato de Giovanni López, un joven trabajador de la construcción detenido por no portar cubrebocas y asesinado bajo custodia policial, levantó la indignación de la sociedad y principalmente jóvenes estudiantes que el 4 y 5 de junio de 2020 realizaron una movilización para exigir justicia y reclamar la brutalidad del crimen.
Los jóvenes no se esperaban que al ir a protestar ellos mismos serían testigos de esa brutalidad. Al menos 80 personas, la mayoría jóvenes, fueron reprimidas, detenidas y secuestradas por agentes de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco. Algunos permanecieron desaparecidos durante horas; otros, hasta el día siguiente. La presión social obligó a las autoridades a liberarlos.
“Socialmente, nos puso en un contexto en el que: una, creíamos que el Estado ya no actuaba de esa forma. Y nos sorprendió que, con esta impunidad, a la luz del día y con las camionetas de la Fiscalía del Estado, hayan detenido-desaparecido a estudiantes, lo cual se documentó. Y, por otro lado, entender que, en realidad, continuamente se están dando estos casos de desapariciones forzadas donde están involucrados estos elementos de la Fiscalía, que llegan y se identifican como tal, o no traen placas, o sin logos, se llevan a las personas, y estas personas —muchas de ellas— siguen sin aparecer hasta el día de hoy. Hay todo un sistema que permite y sostiene esta maquinaria de desaparición”, señaló en entrevista con SinEmbargo, Inés, una joven que fue víctima de esa represión y ahora forma parte del Colectivo 5 de Junio.
La conmemoración de los hechos, que colectivos y víctimas han nombrado como el "Halconazo Tapatío", cobra relevancia ante un contexto en el que se ha evidenciado que los jóvenes en Jalisco están expuestos a la violencia, y muchos de ellos son desaparecidos.
Un informe del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, con base en datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD), reportó un incremento en la desaparición de jóvenes en la entidad. Este aumento, además, resulta especialmente significativo porque pone en evidencia un patrón sistemático de violencia y omisión.
Inés, víctima de la represión, destacó que este caso evidenció el uso sistemático de la desaparición forzada por parte de la Fiscalía del Estado.
“Entonces seguimos, a cinco años, padeciendo el 5 de junio todos los días, con la diferencia de que ya no es mediático, de que no es caso viral, que terminó escalando hasta la ONU. Sin embargo, todos los días desaparecen personas. El 5J es todos los días. [....] Entonces, aquí estamos nosotras hablando de esto porque, gracias a la acción colectiva, se pudo accionar, ayudar a que apareciéramos con vida. Sin embargo, siguen faltando 105 mil personas que no sabemos dónde y en qué condiciones están”, añadió la joven.
Anna Karolina Chimiak, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), señaló que la represión, las desapariciones forzadas, la tortura y los tratos inhumanos que sufrieron decenas de jóvenes no sólo no han sido reconocidos oficialmente, sino que se mantienen en total impunidad.
“En realidad el caso se mantiene en una situación de impunidad y además también se han generado esfuerzos por parte de las autoridades de que el caso permanezca en el olvido y que no se reconozca la magnitud y la gravedad de los hechos el 5 de de junio”, detalló la activista de derechos humanos.
Más de 100 agentes estatales y municipales —incluidos elementos de la Fiscalía de Jalisco, y policías de Guadalajara y Zapopan— participaron en las agresiones. Sin embargo, solo 11 fueron imputados, cuatro vinculados a proceso y uno sentenciado, pero por el delito de abuso de autoridad con una pena de tres meses de prisión conmutable por una multa económica. La investigación nunca consideró los delitos de tortura ni desaparición forzada. Tampoco se investigó la cadena de mando.
Tras el escándalo, el Gobernador Enrique Alfaro dijo que sospechaba de la infiltración del crimen organizado en la dependencia. Sin embargo, el mandatario, que hoy se entrena para ser técnico de futbol, no hizo nada y las autoridades incluso siguieron en los cargos.
“¿Cómo es posible que el primer mandatario de un estado como es Jalisco hiciera declaraciones de tal magnitud y si era cierto, entonces ¿dónde están las acciones para arreglarlo? Y si no era cierto, peor todavía porque entonces estaba cubriendo para no aceptar que las ordenes fueron esas : reprimir a las personas. Entonces creo que el haber puesto el foco en unos cuantos policías, pero la responsabilidad era del mandatario de Jalisco y del fiscal”, señaló Inés.
Las investigaciones fueron llevadas por la Fiscalía Anticorrupción bajo el delito de abuso de autoridad, ignorando por completo que los hechos constituyen delitos graves como desaparición forzada y tortura, una estrategia jurídica que evidentemente reducía la dimensión real del crimen y protegió a los altos mandos implicados.
Anna Karolina detalló que a casi dos años de los hechos, Gerardo Octavio Solís Gómez, el titular de la Fiscalía seguía en funciones, el mismo funcionario que ya había sido Procurador de Justicia en la represión del 28 de mayo de 2004, durante la Tercera Cumbre de América Latina y la Unión Europea, cuando se registraron actos similares de tortura y detenciones arbitrarias.
“De ninguna manera fue una investigación independiente y exhaustiva y menos abonó al acceso a la verdad y la justicia por reparación integral para las víctimas y tampoco se investigó a cadenas de mando, a las personas superiores jerárquicas, quienes deberían de saber lo que estaba pasando dentro de la institución y una de las evidencias de ello fue que a casi 2 años más seguía el titular de la Fiscalía del Estado desempeñando su función – recordando que fue la misma persona que tenía el cargo de Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco cuando ocurrió una brutal represión el 28 de mayo de 2004”, recortó Chimiak.
Tras el escándalo nacional e internacional que provocaron las imágenes y testimonios de la represión de ese 5 de junio, el gobierno de Jalisco prometió reformas estructurales y protocolos para el respeto al derecho a la protesta. Pero nada de eso ocurrió.
Por ejemplo, una de las medidas implementadas fue la creación de un grupo policial especializado en protestas: “Las Ateneas”. No obstante, Chimiak recordó que apenas un año después, el 9 de julio de 2021, este mismo grupo fue denunciado por el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias contra 10 integrantes del Frente Feminista Jalisco que protestaban frente a la Secretaría de Educación. La represión no solo se repitió, sino que confirmó la ausencia total de voluntad política para erradicarla.
Las reformas anunciadas se quedaron en lo superficial, en respuestas coyunturales que jamás abordaron las estructuras de corrupción, colusión con el crimen y encubrimiento dentro de la Fiscalía.
“Se generaron compromisos de realizar diversas reformas para subsanar deficiencias estructurales en la Fiscalía del Estado de Jalisco, pero no se llevaron a cabo reformas de fondo que realmente pudieran permitir atacar los esquemas de corrupción, la colusión con el crimen organizado, el encubrimiento constante y la apuesta hacia la impunidad”.
Pero además de no cumplir con los compromisos siguió con una política de olvido y más represión. Hace dos años, el mandatario mandó quitar el AntiMonumento que el Coletivo 5 de Junio había instalado en la Plaza de Armas de Guadalajara para recordar la represión. Tanto el propio Alfaro, como el ahora Gobernador Pablo Lemus, que en ese momento era Alcalde, argumentaron que en el Centro Histórico de la capital tapatía no se puede poder ningún monumento sin permisos y regulaciones previas. El Monumento jamás se volvió a colocar.
“El Antimonumento que nos arrebataron sigue estando en nuestros corazones de forma simbólica porque ese Antimonumento lo pusimos y lo construimos con la ayuda de muchas personas que donaron y asistieron a la instalación y aunque lo hayan retirado, por la noche, ilegalmente, porque no tenían derecho de hacerlo, seguimos recordando que falta ese Antimonumento como faltan 15 mil personas desaparecidas en Jalisco”, agregó Inés.
🔴Mientras el @GobiernoJalisco y el Ayuntamiento trabajan de noche para retirar, nosotrxs resistimos a plena luz del día y acompañadxs. #5deJunio3Años NO se olvida, aunque el gobierno apueste por la desmemoria, hoy demostramos que podemos organizarnos. 🔴🔴 ¡RETIRARON EL ANTI! pic.twitter.com/NsdTn0u62U
— #5deJunioMemoria (@5deJunioMemoria) June 6, 2023
El eliminar los actos en memoria también fue sido una práctica recurrente en el Gobierno de Jalisco, por ejemplo además del antimonumento, su administración también mandó quitar las fichas de búsqueda que los familiares de personas desaparecidas colgaban en diversos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara.
Para Chimiak, la represión del 5 de junio no fue un hecho aislado, sino parte de una política sistemática que se ha extendido incluso contra familiares de personas desaparecidas. “Se ha intentado criminalizar la protesta, insertando la narrativa de que las manifestaciones son una molestia social en lugar de un derecho legítimo”, denuncia.
Por ejemplo, en julio de 2021 siete mujeres que protestaban frente a la Secretaría de Educación local para denunciar la violencia sexual en una escuela primaria fueron detenidas y una condición que tuvieron que aceptar para alcanzar su libertad fue mantener ciertos metros de distancia a los lugares donde se realizan protestas.
Mientras que en enero de 2023, seis personas que protestaban contra la construcción de un desarrollo inmobiliario en Guadalajara en el Parque Natural Huentitán fueron detenidas y dejadas en libertad horas después.
La especialista del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), reiteró que, a cinco años de la represión y las desapariciones forzadas de estos jóvenes, además de seguir impunes, el caso sigue marcados por una intención clara del Estado de minimizar lo ocurrido y evitar que se reconozca la magnitud de las violaciones graves a derechos humanos-
"El acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral para las víctimas ha sido, claramente, una burla y una ofensa. Los procesos realizados no han reconocido ni los derechos de las víctimas ni la magnitud y gravedad de los hechos. Además, las reformas estructurales que se han planteado no han tenido un seguimiento adecuado y, lejos de ser profundas, han sido cosméticas y superficiales. Urge generar políticas públicas y protocolos que partan del reconocimiento de la protesta social como un derecho, así como establecer acciones de capacitación sobre la atención a manifestaciones y el uso excesivo de la fuerza”, dijo.
Lemus aún puede enderezar rumbo
Tanto Anna Karolina Chimiak como Inés coincidieron en que con el nuevo gobierno de Pablo Lemus no se repitan los mismos patrones de represión de Alfaro, sin embargo, reconocieron que a la fecha ven señales mixtas. Ambas indicaron que, al inicio de su gestión, Lemus, mostró una postura que generó expectativas de cambio en comparación con su antecesor, Enrique Alfaro.
Chimiak puso como ejemplo que Lemus reconoció públicamente la gravedad de la violencia y las desapariciones en el estado y eso que dio señales de una posible apertura al diálogo, a la escucha de las demandas sociales y a la construcción colectiva de respuestas ante la problemática.
Uno de los actos simbólicos más relevantes, según Anna, fue el retiro de vallas en instalaciones públicas como Casa Jalisco y el Palacio de Gobierno, espacios que durante años habían estado protegidos por cercos que impedían el acceso de la población.
No obstante, la expectativa ya empezó a disminuir y ahora hay preocupación, pues el pasado 17 de mayo de 2025, se registró un acto de represión durante una protesta por el cierre del parque Rojo, donde personas comerciantes que solían instalarse ahí los sábados manifestaron su inconformidad.
“Eso generó una preocupación: que también la actuación de esta manera pudiera constituir una forma de responder. O sea, que este acto se constituya como el inicio de una postura que vaya a venir más adelante.
⚠️#ALERTA #ParqueRojo|Nos informan de la represión y detención de más de 10 mujeres por la @PoliciaGDL. Al momento solo se han localizado 4. Hacemos un llamado al #Diálogo y #Alto a la #Represión @VeroDelgadilloG. Libertad inmediata y respeto a los #DH @julioastillero @sonia_ssi pic.twitter.com/cAOI8kF6FA
— IMDEC AC (@imdecac) May 17, 2025
Anna dijo que esta actuación genera la preocupación de que pueda marcar una línea de gobierno similar a la de Alfaro. “Esperamos que no sea una situación generalizada y sistemática”, dijo, “y que no sea marca de Pablo Lemus tal como lo fue Alfaro”.
Inés por su parte coincidió en ello: “Eso es una mala señal, porque viene entrando Lemus, él aparentaba tener otra actitud y, sobre todo, otro tipo de declaraciones. En nuestro caso, él se comprometió a acatar la suspensión definitiva, cosa que no hizo, porque no reinstalaron el Antimonumento cuando la suspensión así lo dictaba. En este momento, decir que todavía tiene tiempo —y bastante tiempo— para poder hacer las cosas bien y demostrar voluntad. Al final del día, no son solo palabras ni salir a reunirse con los colectivos, sino accionar y trabajar para lo que todos y todas queremos, que es que ya no haya desapariciones forzadas.”
