Ecuador vive una encrucijada marcada por la expansión del crimen organizado, el colapso del sistema penitenciario y una disputa política que ha profundizado la fragilidad institucional del país. El Gobierno de Daniel Noboa ha apostado por una estrategia militarizada que despierta expectativas y temores. Entre acusaciones de infiltración del narco, pugnas entre élites y una sociedad exhausta, Ecuador intenta contener una crisis que avanza más rápido que las respuestas oficiales.
Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- En medio de un clima político enrarecido y una crisis de seguridad que no da tregua en Ecuador, el Gobierno de Daniel Noboa enfrenta crecientes cuestionamientos por el rumbo de su estrategia contra el crimen organizado.
Mientras las bandas criminales consolidan su influencia y el país acumula récords de violencia, la respuesta oficial, marcada por operativos militares, estados de excepción y disputas internas, alimenta dudas sobre la capacidad del Estado para recuperar el control y contener una espiral que ya desbordó los márgenes de lo institucional.
En enero de 2024, Daniel Noboa, recién electo Presidente de Ecuador, declaró la guerra al crimen organizado. La medida se tomó en medio de una profunda crisis de seguridad, marcada por la toma de rehenes en prisiones, fugas carcelarias, atentados con bombas y la ocupación temporal de un estudio de televisión. Noboa emitió un decreto designando a 22 bandas criminales como grupos terroristas y "objetivos militares", autorizando a las fuerzas armadas a "neutralizar" estas facciones.
La estrategia de "mano dura" del gobierno ecuatoriano inicialmente gozó de popularidad y arrojó un éxito "efímero", apunta The Guardian. El gobierno reportó una reducción del 17 por ciento en la tasa de homicidios en 2024. Sin embargo, el panorama a largo plazo es "mixto", con un "resurgimiento de la violencia": el primer semestre de 2025 se cerró como el más violento en la historia reciente de Ecuador. La misma información indica que las operaciones militares y policiales han tenido un éxito fugaz, ya que las bandas "se adaptan rápidamente o simplemente se desplazan a nuevos territorios".
En un artículo titulado "Neoliberalismo, narcotráfico y violencia frente a la tormenta criminal en el Ecuador contemporáneo," Salvador Maldonado Aranda y Juan Fernando Vera Cabrera señalan que Ecuador ha pasado de ser el segundo país más pacífico de América Latina hace unos años a ser el "país más violento de América Latina" en la actualidad.
Los académicos argumentan que la política de mano dura "posibilita navegar temporalmente en medio de la tormenta criminal, pero que, en el largo plazo, no brinda soluciones para prevenir el deterioro social." Al contrario, la militarización y suspensión de garantías constitucionales "ahondan un proceso de violación sistemática de los derechos humanos" sin alterar las redes criminales. Los desafíos estructurales de la crisis.

Los principales desafíos que socavan la efectividad de la "guerra" declarada son: la corrupción que está "profundamente arraigada en las instituciones estatales", incluyendo la policía, el sistema judicial y el sistema penitenciario.
A eso se suma que a pesar del despliegue militar, las cárceles siguen "bajo el control de facto de las redes criminales," con violencia interna, extorsión y contrabando. De hecho, Las cárceles se han convertido en centros de operación y el escenario "donde el crimen organizado trama sus batallas por el control del narcotráfico en Ecuador", como revela un reporte de Crisis Group de 2022.
La crisis carcelaria fue la "punta del iceberg" de la ola de violencias. El aumento de 11 mil presos en 2009 a casi 40 mil en 2021, la mayoría por tráfico de drogas, refleja un giro hacia políticas punitivas. Implicaciones políticas y comparaciones internacionales, ahonda el reporta.
Noboa, con tan solo 35 años, fue el presidente más joven de América Latina. Ha gobernado mediante una serie de estados de excepción, utilizando "amplios poderes para desplegar al ejército en las calles y las cárceles". También ha seguido el consejo de Erik Prince, fundador de Blackwater, y planea construir megacárceles y traer tropas extranjeras de países como Israel y los Emiratos Árabes Unidos.
Una nueva ley otorga al Presidente mayor discreción para declarar un conflicto armado interno y le da mayor poder para indultar a soldados que cometan abusos, a pesar de reconocer los riesgos de la militarización y las posibles "violaciones de derechos humanos".
La caída de Ecuador en el caos ha sido impactante: se ha convertido en uno de los países con mayor índice de homicidios del mundo. Los asesinatos han aumentado aproximadamente un 800 por ciento desde 2018 y se encaminan a alcanzar un récord este año de cerca de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes, según datos de la policía ecuatoriana citado.
Las mismas cifras refieren que cuatro de las 10 ciudades con mayor índice de homicidios del mundo se encuentran ahora en Ecuador, según el Instituto Igarapé, un centro de estudios brasileño.
Luis Chonillo, alcalde reformista de Durán, quien sobrevivió a una emboscada, dijo a Jon Lee Anderson, para un amplio artículo en The New Yorker, que la situación en Ecuador es similar a la de México bajo el Presidente Felipe Calderón, afirmando que "los estados de sitio tienden a funcionar al principio. Pero sin continuidad, estas políticas no funcionan." Chonillo sugirió que la aplicación de la ley debe ir "acompañada de programas para abordar la pobreza y la desigualdad".
A pesar de la popularidad inicial de su estrategia de seguridad, el gobierno de Noboa aprovechó el estado de excepción para aprobar su agenda neoliberal, incluyendo un tratado de libre comercio con China y un régimen comercial de zonas francas. Mientras la sociedad civil "ilusamente creyó" que se trataba de una solución, la "criminalidad de alto nivel parece seguir siendo intocable," y la atribución de la violencia a las bandas "exonera las complejas relaciones de estas mismas bandas con la protección estatal y las élites criminales, refieren los académicos Maldonado Aranda y Vera Cabrera.
Lo cierto es que las drogas, sobre todo la cocaína, siguen llegando en cantidades industriales desde los puertos del país a los mercados estadounidenses y europeos. Las comunidades pobres, especialmente a lo largo de la costa del Pacífico, languidecen bajo el control de una multitud de grupos hiperviolentos que luchan por el control, como sostiene Crisis Group.
De Harvard a la Presidencia
Daniel Noboa, el actual Presidente de Ecuador, es hijo de un multimillonario magnate bananero que se postuló sin éxito a la presidencia en cinco ocasiones. En ese sentido Noboa fusiona la herencia de una élite con una imagen moderna, adaptada a la era digital, lo que lo ha llevado a ser comparado con el también derechista Nayib Bukelel. Sus publicaciones en redes sociales alternan entre fotos posando con botín confiscado y villanos acobardados, y videos de él entrenando con su esposa, una influencer.
Pertenece a una de las dinastías empresariales más conocidas del país: es nieto de Luis Noboa Naranjo, un conocido empresario bananero. Estudios académicos y trabajos sobre la historia del banano en Ecuador muestran cómo empresas como Exportadora Bananera Noboa fueron actores clave en la cadena exportadora y en la transformación del litoral ecuatoriano en un gran proveedor mundial de fruta.
Su padre Álvaro Noboa fue empresario y candidato presidencial en cinco ocasiones, y Daniel dio el salto propio a la política como asambleísta y luego —en un contexto de crisis de seguridad, narcotráfico y reclamos por gobernabilidad— se convirtió en presidente de la República tras las elecciones de 2023.
The Economist expone que, en lugar del “machismo fanfarrón de la extrema derecha", Noboa parece "introvertido, nervioso y un poco intelectual". Muestra disposición a debatir sobre asuntos técnicos como "la relación deuda/ PIB de Ecuador y la prima de riesgo país", y admite tener dudas sobre el cargo, preguntándose si "el puesto merece el riesgo."
Noboa es frecuentemente comparado con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. No obstante, en una plática con The Economist, Noboa se rió de la comparación, considerándola “absurda," y prefirió compararse con figuras como Emmanuel Macron o Luiz Inácio Lula da Silva.

En una plática Jon Lee Anderson, para un artículo en The New Yorker, Noboa intentó distinguir su campaña de la de Bukele asegurando haber actuado de forma "completamente democrática," consultando a los poderes Legislativo y Judicial. A pesar de esto, la Corte Constitucional de Ecuador dictaminó que el presidente "no había aportado pruebas suficientes para justificar su declaración," y observadores internacionales manifestaron preocupación por la posible ignorancia del debido proceso, indicando que más de trece mil personas fueron arrestadas en los primeros dos meses de 2024, según reporta Jon Lee Anderson.
La trayectoria personal de Noboa, como relata Jon Lee Anderson, está marcada por una identidad bicultural y una formación académica en EU. Nacido en Miami, Noboa habla inglés como un nativo y confiesa sentirse "tan estadounidense como ecuatoriano," señalando a "Nueva York" como el lugar en Estados Unidos donde se siente más a gusto, gracias a los veranos que pasó en la casa de su padre en los Hamptons.
Daniel Noboa hizo sus estudios en instituciones como la NYU Stern y Kellogg, y desde joven trabajó en empresas vinculadas al Grupo Noboa, la gran corporación bananera fundada por su abuelo y consolidada por su padre, Álvaro Noboa. Antes de ocupar cargos públicos se desempeñó como ejecutivo en ramas del negocio familiar (logística, exportación y naviera).
Su camino a la élite internacional no estuvo exento de dificultades. Noboa relata una historia de sus primeros problemas cuando, a los dieciocho años, fundó una compañía de conciertos en Miami que terminó en quiebra en un año, dejándolo con más de un millón de dólares en deudas. Tras este revés, pidió trabajo a su padre en el negocio bananero familiar, Bonita, y fue enviado a Centroamérica, donde se vio envuelto en situaciones de alto riesgo, como un tiroteo entre coyotes cerca de Tapachula, en el que tuvo que "saltar a un canal para evitar que le dispararan."
Su tránsito a la política fue relativamente rápido: elegido asambleísta en 2021, saltó en 2023 a la presidencia en un contexto de crisis de seguridad y violencia ligada al narcotráfico, convirtiéndose en el presidente electo más joven de la historia reciente del país.
La descomposición de Ecuador
La cocaína ha redefinido el panorama social y político de Ecuador, transformando a la que fuera una de las naciones más estables de Sudamérica en "el país más peligroso del continente" en el lapso de tan solo diez años, según un análisis de The Economist.
Este cambio abrupto se manifiesta en una escalada de violencia sin precedentes. El año pasado se superaron los 8 mil asesinatos, y la lista de víctimas mortales es un sombrío recuento que incluye diez jugadores de voleibol, nueve pescadores, seis alcaldes, dos fiscales, y el asesinato del candidato presidencial en 2023.
La crisis alcanzó un punto de inflexión crítico en enero de 2024 con el estallido de "brutales motines en cárceles de todo Ecuador". Los gánsteres encarcelados desafiaron abiertamente la autoridad estatal, tomando como rehenes a cientos de guardias y manejando a sus líderes dentro y fuera de las prisiones a su antojo.
En respuesta a esta insurrección criminal, Noboa declaró el estado de emergencia y ordenó el despliegue del ejército en las calles, desafiando directamente a las pandillas: "Sean valientes", les conminó, "luchen contra los soldados". Este acto marcó el inicio de una guerra abierta declarada por el Estado ecuatoriano contra las estructuras del crimen organizado.
Esta guerra ha llevado a que se acumulen los informes de abusos de las fuerzas de seguridad, como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, mientras el gobierno proclama su proximidad al presidente estadounidense Donald Trump y su confianza en las fuerzas del orden lideradas por los militares. “Sin servicios públicos más fuertes en las zonas afectadas por la delincuencia y una postura más firme contra la corrupción en los puertos, las cárceles y el Estado, Ecuador corre el riesgo de perder su batalla por la seguridad pública”, alerta Crisis Group.
La influencia de las pandillas y los cárteles además ha desfigurado segmentos enteros de la sociedad. La descomposición social se extiende desde las costas hasta los centros urbanos y la infraestructura de exportación clave.
Por ejemplo, dice The Economist, desde 2015, casi un tercio de los 3 mil pescadores que zarpaban mensualmente de Jaramijó han desaparecido. Obligados a transportar contrabando para las pandillas, muchos reaparecen meses después en prisiones extranjeras, acusados de narcotráfico.

En El Oro, la región productora de una décima parte del banano mundial, la infraestructura de transporte se ha convertido en una "colosal fachada de contrabando", asociando el producto estrella del país con el tráfico ilícito. En Manta, el torrente de lavado de dinero fue tal que obligó a una prohibición de depósitos bancarios superiores a 5 mil dólares.
A eso se suma la crueldad de las pandillas que se manifiesta en rituales de protección, como los sacerdotes de Mocache que han recibido órdenes de enterrar a pandilleros con arsenales de ametralladoras.
La transformación de Ecuador no es casual. Durante décadas, el país, situado entre los campos de coca de Colombia y Perú, operó al margen del narcotráfico. Sin embargo, su geografía y economía lo han convertido en un punto neurálgico para el crimen global.
Ecuador tiene decenas de puertos con carreteras bien conectadas, infraestructura capaz de exportar 4 millones de toneladas de banano al año, y las Islas Galápagos como una estación ideal de reabastecimiento y distribución.
Es además una economía dolarizada y una floreciente industria turística que ofrecen oportunidades idóneas para el lavado de dinero ilícito.
En este contexto, organizaciones criminales "desde México hasta Montenegro" han concentrado sus esfuerzos en la costa del Pacífico ecuatoriano. Estableciendo vínculos con más de 20 bandas locales, se disputan ahora el lucrativo tráfico internacional de cocaína, un negocio de 100.000 millones de dólares anuales.
La competencia entre estas bandas locales, algunas aliadas con el Cártel de Sinaloa y otras con el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha intensificado la violencia. Tras el encarcelamiento de cientos de pandilleros en 2021, la tasa de homicidios se duplicó en 2022 y "volvió a duplicarse en 2023," reflejando el nulo impacto inicial del Estado ante la magnitud de la crisis.

Crisis Group apunta en ese sentido cómo la escisión en 2020 de lo que había sido el grupo dominante, Los Choneros, desencadenó una brutal guerra territorial, sobre todo con el grupo en rápida expansión Los Lobos. “Las organizaciones mexicanas han alimentado las luchas internas, con el Cártel de Sinaloa respaldando a Los Choneros, mientras que el Cártel Jalisco Nueva Generación apoya a Los Lobos. Mientras tanto, docenas de bandas más pequeñas, muchas de ellas arraigadas en barrios pobres carentes de servicios básicos y oportunidades laborales, compiten por dominar los mercados locales de drogas y las redes de extorsión, a la vez que buscan demostrar que son aliados dignos de bandas más grandes y adineradas”.
Noboa ganó precisamente reelección este año con la promesa de mano dura contra pandillas como los Lobos, pero no ha logrado detener el derramamiento de sangre. A eso se suma la derrota que sufrió recientemente cuando los ecuatorianos rechazaron la propuesta de reforma constitucional para permitir la operación de bases militares extranjeras en el país.





