Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, ciudadano mexicano de 46 años, originario de The Woodlands, Texas, pagó más de 150 mil dólares a funcionarios de Pemex, determinó un jurado federal.
Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- Alexandro Rovirosa Martínez, empresario de origen mexicano, fue condenado ayer por un jurado federal en Houston, Texas, por sobornar a funcionarios del Gobierno de México en Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP), con lo que obtuvo beneficios por al menos 2.5 millones de dólares.
"Alexandro Rovirosa organizó un esquema para sobornar a funcionarios mexicanos con el fin de beneficiarse a sí mismo y a sus empresas”, dijo Matthew R. Galeotti, Fiscal General Adjunto en funciones de la División Criminal del Departamento de Justicia.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, el acusado, identificado como Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, ciudadano mexicano de 46 años, originario de The Woodlands, Texas, pagó más de 150 mil dólares a funcionarios de PEP para conservar contratos, asegurar pagos y obtener ventajas indebidas en negocios con dependencias de Pemex, en beneficio de empresas de su propiedad.
Texas Businessman Convicted for Scheme to Bribe Mexican Government Officials https://t.co/ryJ3BKPmLm
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) December 5, 2025
“El soborno a funcionarios gubernamentales para obtener negocios socava la competencia justa y enriquece injustamente a actores corruptos. Al procesar este caso, el Departamento ha enviado un mensaje claro de que no toleraremos esquemas de soborno y corrupción operados desde Estados Unidos, ya sea que los sobornos se paguen aquí o en el extranjero”, añadió el Departamento de Justicia.
Según las pruebas presentadas en el juicio, entre 2019 y 2021 Rovirosa y sus co-conspiradores, entre ellos Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años y residente de Spring, Texas, realizaron pagos en efectivo, bienes de lujo y otros artículos de valor a por lo menos tres funcionarios de Pemex y PEP.
A cambio, los servidores públicos presuntamente tomaron decisiones para favorecer los negocios vinculados a Rovirosa, lo que derivó en contratos con un valor mínimo de 2.5 millones de dólares.
Tras el proceso judicial, el jurado declaró a Rovirosa culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y de dos cargos por la misma legislación, y lo absolvió de un cuarto cargo.
Podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión; la fecha de sentencia será fijada por un Juez federal, quien tomará en cuenta las Guías de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El Departamento de Justicia informó que el co-conspirador Mario Ávila se encuentra prófugo.
En la investigación colaboran HSI Houston, FBI Houston y FDIC-OIG. El caso es llevado por los fiscales Lindsey Carson, Samad Pardesi y Paul Ream, de la Sección de Fraudes de la División Criminal, así como por el fiscal federal adjunto Brad Gray, del Distrito Sur de Texas.
El caso de los sobornos llegó a ser cuestionado en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró el pasado 15 de agosto que Pemex canceló contratos cuando se detectó un intento de soborno a funcionarios entre 2019 y 2021, durante la gestión de Octavio Romero Oropeza.
Posteriormente, el 29 de agosto, Raquel Buenrostro Sánchez, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló que fueron tres exfuncionarios de Petróleos Mexicanos de las áreas de abasto, exploración y producción así como de mantenimiento y construcción quienes habrían aceptado sobornos para liberar pagos anticipados, por servicios inexistentes, a cambio de contratos, y para alterar autorías y exonerar a empresas.
Los extrabajadores son identificados como Roberto P, quien dejó Pemex en diciembre de 2021; Juan V, quien salió en abril de 2022; y Erik N, quien quedó fuera de la petrolera en diciembre de 2024. Los tres son señalados de haber recibidos pagos ilegales por parte de siete empresas estadounidenses y dos residentes de ese país, uno de ellos un panista ligado al caso Oceanografía.
