Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) planteó este lunes al nuevo Congreso de la Unión 11 prioridades "que no pueden soslayarse, de particular interés para el sector privado", de cara al Paquete Económico 2016, que el Gobierno federal entregará mañana.
Entre ellas, que "vaya a fondo" la austeridad en el gasto público anunciada para el Paquete Económico 2016, una mayor transparencia en las licitaciones de obras a empresas y más sanciones a las malas prácticas en la subcontratación.
En materia económica, recapitula, es preciso salvaguardar la salud macroeconómica y de las finanzas públicas, en un entorno de alta inestabilidad internacional. Al mismo tiempo, el contexto social exige aprovechar las alternativas que existen para conseguir que el mercado interno realmente repunte y salga de la atonía.
En la vertiente política, los tiempos inevitablemente van a comprimirse, rumbo al 2018 y con el impasse de las elecciones locales del 2016 y 2017, además de los problemas sociales vigentes.
1. Medidas a la legislación fiscal para impulsar el crecimiento, la inversión, ahorro y empleo.
El Gobierno Federal y los legisladores deben ser sensible a la situación que prevalece en la economía nacional "de crecimiento bajo e inercial", e implemente soluciones efectivas, que no comprometan las finanzas públicas ni la estabilidad macroeconómica.
2. Presupuesto Base Cero y Responsabilidad Financiera.
El gran reto es que la eficiencia en verdad sea criterio rector; que la austeridad prometida vaya a fondo y en los rubros que no son estratégicos. Es posible, agrega, que sea necesario hacer ajustes adicionales a la baja en el presupuesto.
3. Combate a la corrupción e impulso a la transparencia.
Recordó a los nuevos legisladores que están pendientes las leyes secundarias sobre Transparencia y las relativas al Sistema Nacional contra la Corrupción.
4. La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.
El organismo empresarial exige impulsar la aprobación de un nuevo marco jurídico para una mejor planeación de las obras y una mayor transparencia en licitaciones, así como propiciar una visión integral en los tres principales momentos de la contratación pública: pre-contratación, contratación, post-contratación.
5. La Reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles.
El consejo adelantó que promoverá reformas para simplificar la disolución de sociedades y la modernización de las prácticas de gobierno corporativo de las empresas, lo que permitirá agilizar su eficiencia operativa y potenciar su competitividad, con instrumentos acordes a los estándares internacionales.
6. Consulta Indígena.
Debe perfilarse un marco legal que, al tiempo que ratifique el derecho constitucional de los pueblos y comunidades indígenas, establezca las precisiones pertinentes a fin de no afectar la seguridad jurídica en obras y proyectos, ni para desincentivar las nuevas inversiones derivadas de las reformas estructurales aprobadas.
7. Desvinculación de los salarios mínimos y otros temas laborales.
En el objetivo de consolidar un esquema equilibrado entre empleadores y trabajadores, hay que trabajar en materia de subcontratación para sancionar malas prácticas, sin afectar a las empresas que utilizan este esquema de manera adecuada.
8. Esquema de pensiones y de salud pública que tenga viabilidad financiera de largo plazo y fomente la formalidad en la actividad económica, así como la calidad en el servicio.
9. Sustitución de servicios de salud.
Mediante mecanismos como APPs, concesiones o subrogación para reducir gastos y costos laborales, generar ahorros y promover el empleo, deben sustituirse los servicios de salud no eficaces.
En cuanto a la pensión universal, el CCE pide cuantificar el costo del programa y sus implicaciones futuras para las finanzas públicas.
10. Reformas legislativas sobre seguridad pública.
Con carácter de urgente, demanda consolidar mandos únicos estatales: depuración y profesionalización de cuerpos policiales; infiltración del crimen organizado en municipios; redefinición de facultades en materia federal y estatal. Asimismo, impulsar un paquete de leyes para dar certeza jurídica a nuestras Fuerzas Armadas.
11. Agenda ambiental.
Que la legislación en materia de protección al medio ambiente sea compatible con el crecimiento económico y la certidumbre jurídica necesaria para invertir.
