El defensor informó que presentó ante la SCJN pruebas que acreditan que él y otros trabajadores de la Defensoría fueron espiados con el malware Pegasus, lo que atribuyó a la defensa de los derechos de Brenda Quevedo y Juana Hilda González, involucradas en el caso Wallace.
Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– Salvador Leyva Morelos Zaragoza, Secretario Técnico del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que presentó su renuncia el mismo día que la Magistrada Taissa Cruz Parcero asumió la dirección, explicó que lo hizo al considerar que "no existen condiciones para continuar trabajando en pro de las personas sobrevivientes de tortura".
El abogado impulsó desde su cargo el caso de siete personas implicadas de manera irregular en 2007 por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.
"No puedo dejar esta institución sin expresarle el profundo temor que tengo de que la defensa de Brenda, Juana Hilda, Tony, Albert, Jacobo, y César, implicados en el fabricado secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, sea vulnerada como en administraciones anteriores, en las que personal de la defensoría encubrió tortura y contribuyó a que se violara el debido proceso, cediendo a las influencias de personas ajenas a la institución", expuso Morelos Zaragoza en una carta que entregó a la Magistrada presidenta del IFDP y que publicó ayer en su cuenta de Twitter.
También alertó sobre "la influencia de poderes ajenos a la institución" e identificó a Abraham Pedraza, quien trabajaría como secretario de Estudio y Cuenta de la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, como presunto cuñado de Isabel Miranda de Wallace.
"No creo que existan las condiciones para que este caso culmine satisfactoriamente con la defensa pública. Sin embargo, apelo a que su formación como impartidora de justicia le permita contagiarse de la Indignación que causa uno de los casos más representativos de la corrupción y el tráfico de influencias que persisten en las instituciones mexicanas, que permiten la fabricación de culpables", agregó en la carta.
Esta renuncia la presento a unos días de haber informado a la @SCJN la confirmación de @citizenlab de que su servidor y otras personas de la @defensoriaifdp fuimos espiadas con Pegasus, presumiblemente en beneficio de Isabel Miranda Torres. pic.twitter.com/7fz1gvJiEl
— Salvador Leyva (@eseleyva1) February 3, 2023
Salvador Leyva también cuestionó a la Magistrada Taissa Cruz porque, según dijo, se ha negado a juzgar el con estándares de derechos humanos actuales.
El defensor informó que presentó ante la SCJN pruebas que acreditan que él y otros trabajadores de la Defensoría fueron espiados con el malware Pegasus, lo que atribuyó a la defensa de los derechos de Brenda Quevedo y Juana Hilda González, involucradas en el caso Wallace.
"Tengo la esperanza de que usted tomará todas las medidas necesarias para la vida e Integridad tanto del personal que conforma la Secretaria Técnica de Combate a la Tortura y de las personas representadas", mencionó.
Brenda Quevedo Cruz fue detenida arbitrariamente en 2007 por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, a inicios de este año el IFDP informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudiará su caso.
La CIDH notificó el pasado 5 de enero a Quevedo Cruz, a quien describió como sobreviviente de tortura y víctima de diversas violaciones a sus derechos humanos, la admisión de su petición P-718-10.
EL CRIMEN DE HUGO ALBERTO
El 11 de julio de 2005, Hugo Alberto Wallace Miranda fue secuestrado y asesinado cuando tenía 36 años de edad, según la afirmación de su madre Isabel Miranda de Wallace, misma que está respaldada por una resolución judicial, pese a que la evidencia del caso ha sido cuestionada por investigaciones periodísticas y por diversos organismos que señalan que los acusados fueron torturados para confesar el crimen.
Según la versión de la presidenta y fundadora de Alto al Secuestro, al no saber nada de su hijo, interpuso una denuncia ante entonces la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), pero como, aseguró, no tuvo apoyo de las autoridades se dio a la tarea de buscar a los presuntos secuestradores de su hijo. Para este propósito colocó varios anuncios espectaculares con los rostros de quienes acusó de ser los secuestradores de su hijo y la recompensa que ofrecía por su captura, misma que llegó a los 250 mil pesos.
De acuerdo con lo que sostiene Isabel Miranda, su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda fue llevado con engaños por seis personas a un departamento de la colonia Insurgentes Mixcoac, en la capital mexicana, en donde lo asesinaron. Su cuerpo, según esta versión, habría sido tirado en un canal de Cuemanco. Además, afirmó que los plagiarios le solicitaron un rescate por 950 mil dólares, pero se concretó la entrega.
Tras la detención de Juana Hilda González Lomelí, en 2006, se implicó en el caso a Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, César Freyre Morales, a quienes Isabel Miranda no se ha cansado de señalar como los presuntos responsables del crimen de su hijo, pese a que varios de estos han acusado de tortura para obtener su confesión.
LAS ACUSACIONES DE TORTURA
El 9 de enero de 2006, González Lomelí fue detenida tras lo cual confesó el secuestro y homicidio de Hugo Alberto, en el que implicó al resto de los acusados. Sin embargo, como refirió el propio IFDF, la confesión de Juana Hilda habría sido obtenida bajo tortura sexual y psicológica, además, se realizó en una casa de seguridad sin la presencia del abogado defensor de la presunta responsable.
Luego de la captura de González Lomelí y de que ésta confesó, bajo circunstancias irregulares, el nombre de sus presuntos cómplices, tuvo lugar la detención de Brenda Quevedo Cruz, el 28 de noviembre de 2007 en Estados Unidos, y hasta 2009 fue extraditada a México.
Pero la persecución mediática en contra de Brenda inició, como en el caso de Juana Hilda, desde 2005, cuando Isabel Miranda la exhibió en espectaculares acusándola de secuestradora, sin que en ese momento existieran pruebas periciales que confirmaran esas imputaciones, con lo que violó la presunción de inocencia de la joven, quien entonces tenía 24 años de edad.
La periodista Guadalupe Fuentes López consignó en el reportaje titulado Brenda: 14 años presa sin sentencia. Por Wallace. Pero su destino podría cambiar, publicado el 16 de julio de 2021 en SinEmbargo, que Quevedo Cruz fue objeto de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, el 27 de noviembre de 2009, con base en un trabajo de documentación del Grupo de Trabajo de la ONU.
“Entre las 18:30 y las 19:00 horas, personal de seguridad y custodia del centro penitenciario acudió a su celda y le comentaron que se le trasladaría a una audiencia con el director del penal. En lugar de esto, la introdujeron a un cuarto en donde se encontraban dos hombres vestidos de traje y encapuchados. Posteriormente, los hombres le vendaron los ojos, le esposaron las manos y la sentaron en una silla. Estos comenzaron a amenazarla, golpearla y colocaron una bolsa de plástico en su cabeza para crear sensación de asfixia, con el propósito de que confesará su participación en el delito acusado”, se lee en el documento del Grupo de Trabajo de la ONU emitido el 8 de octubre de 2020.
El 7 de octubre de 2010, se agrega en el informe, Quevedo Cruz fue trasladada al penal de las Islas Marías y el 13 de octubre nuevamente sufrió de actos de tortura: “se le vendaron los ojos, le envolvieron los brazos con una cobija y encima le pusieron cinta adhesiva. Posteriormente, un hombre introdujo su puño con fuerza entre sus piernas varias veces, mientras le preguntaba, “¿qué se siente?”. Continuaron echándole agua en la cara con el propósito de crear una sensación de asfixia; le suministraron toques eléctricos y la amenazaron con tomar represalias contra sus familiares”.
De acuerdo con el testimonio de Brenda, los funcionarios que la torturaron, los cuales pertenecían a la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR), le dijeron que iban por órdenes de la señora Miranda de Wallace.
