El incremento en la desaparición de jóvenes en Jalisco pone en evidencia el abandono institucional que ha tenido el estado por años y que se agravó en el sexenio de Enrique Alfaro. Con la llegada de Pablo Lemus, si bien ha habido un cambio en el discurso oficial, en la práctica tampoco ha habido avances sustanciales: el registro estatal sigue siendo deficiente, las cédulas de búsqueda no se emiten oportunamente, no hay transparencia y las desapariciones de adolescentes están aumentando sin una respuesta integral ni una estrategia clara de prevención, indicaron las especialistas.
Ciudad de México, 17 (SinEmbargo).– El incremento y recrudecimiento de la desaparición de jóvenes –evidenciada por el Comité Universitario de Análisis de Desaparición de la UdeG– , en un contexto donde el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado se ha vuelto una práctica constante, no sólo ha puesto a Jalisco en el centro del fenómeno y bajo la lupa mediática, sino que también muestra y pone en evidencia lo que los colectivos jaliscienses han denunciado durante años: la falta de acción estatal, el abandono institucional y una narrativa oficial que ha preferido negar antes que proteger.
Ana Karolina Chimiak, coordinadora del área de documentación y análisis del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), consideró que el aumento en las desapariciones de jóvenes en Jalisco refleja una omisión sistemática del gobierno estatal. Las autoridades han minimizado el reclutamiento forzado y negado su responsabilidad, mientras los riesgos para adolescentes y juventudes siguen sin ser atendidos.
“Esta situación evidencia, sin duda alguna, una omisión prolongada por parte de las autoridades del estado de Jalisco para atender problemáticas denunciadas desde hace años por familiares de personas desaparecidas”, expresó. Aunque se ha documentado la existencia de patrones y dinámicas delictivas que afectan principalmente a jóvenes, las respuestas institucionales han sido mínimas y poco eficaces.
La información presentada por el Comité encendió las alertas en un contexto donde apenas se comienza a poner atención al reclutamiento forzado, una problemática denunciada desde hace tiempo pero desatendida hasta el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán. En su comunicado, el Comité destacó que el aumento de adolescentes desaparecidos, especialmente entre los 15 y 19 años, coincide con patrones vinculados a esta práctica criminal.
“La causa más probable de este ascenso es el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, que se aceleró desde el año pasado y parece continuar con la misma intensidad en los meses recientes, a pesar de los esfuerzos por controlar las centrales de autobuses, las campañas de alerta sobre empleos engañosos y las detenciones realizadas tras el hallazgo de dos centros de adiestramiento criminal en el municipio de Teuchitlán, Jalisco”, se lee en el informe.
Chimiak destacó que el tema del reclutamiento forzado ha sido deliberadamente minimizado por el gobierno de Jalisco. Como ejemplo, recordó el caso de 2017 en Tala, donde jóvenes fueron reclutados mediante ofertas de empleo, así como los más de 70 casos denunciados en 2023 por el colectivo “Buscadoras” en la Nueva Central Camionera.
Por su parte, la catedrática de la UdeG Dolores Carmen Chinas Salazar recordó cómo durante 2024 se denunciaron públicamente estos mecanismos de engaño, especialmente en terminales de autobuses, donde jóvenes eran citados para entrevistas de trabajo inexistentes.
“Esto fue denunciado por el periodismo, por colectivos, y en un principio la autoridad dijo: ‘eso no está pasando, eso no es real’. Meses después se comprobó que sí, que era una situación fuera de control con un patrón claro de desaparición”, explicó. Aunque algunos operativos permitieron rescatar a jóvenes antes de que fueran desaparecidos, muchas víctimas nunca fueron localizadas.
A pesar de la gravedad, las autoridades han calificado estas desapariciones como “ausencias voluntarias” y han sostenido un discurso que evade su responsabilidad, señaló la especialista del CEPAD. Ejemplo de ello es el informe Riesgos Psicosociales en la Desaparición de Adolescentes, publicado entre 2018 y 2021 por la Fiscalía de Jalisco, donde se atribuye más del 80 por ciento de las desapariciones a decisiones personales, problemas familiares, consumo de sustancias o relaciones amorosas. Sólo el 8 por ciento se relacionó con riesgos externos como la violencia o el delito.
“Esa ha sido la postura o narrativa del gobierno: no reconocer su responsabilidad ante la desaparición y el reclutamiento forzado de personas jóvenes. Pero también ha servido como pretexto para no tomar acciones firmes al respecto, para no prevenirlas. Y lamentablemente, lo que ha evidenciado el Comité de análisis de la UdeG es que estas omisiones, sostenidas por años, han derivado en un incremento del número de personas jóvenes desaparecidas”, expresó la especialista.
Además, la sistemática desaparición de jóvenes en Jalisco siempre fue negada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Por ejemplo, el 26 de agosto del 2024 rechazó la versión de una ola de desapariciones en las inmediaciones de la nueva Central Camionera de Guadalajara. En entrevista con medios de comunicación de Guadalajara declaró: “Eso no es cierto. Hay casos en los que estamos todavía buscando, pero no podemos estar hablando de que hay 15 desaparecidos en la Central [Camionera]. Yo no me voy a prestar ese tipo de cosas, siempre hemos actuado con responsabilidad, atendemos los temas de manera puntual e informamos a través de la Fiscalía de los mismos, así será hasta el último día del gobierno".
Cambio de discurso, pero no en los hechos
La crisis de personas desaparecidas y fosas clandestinas en el país comenzó a agravarse desde el gobierno emecista de Enrique Alfaro, quien, de acuerdo con cifras oficiales, dejó una entidad convertida en la número uno del país en personas desaparecidas, con índices altísimos en fosas clandestinas, miles de cadáveres sin identificar y un incremento sensible en homicidios dolosos. Sin embargo, su respuesta ante el tema de desapariciones no solo fue de desatención, sino de ocultamiento, confrontación y ataques constantes contra los colectivos de búsqueda; negó información y no colaboró.
Desde 2019, Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional en número de personas desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Frente a ello, el Gobierno de Alfaro, desde 2022, suspendió unilateralmente el envío de información sobre personas desaparecidas a la base de datos federal. Alfaro justificó esta decisión diciendo que : “en Jalisco las cosas se resolvían en Jalisco”, recordó Chinas.
Cuando se suspendió la alimentación del registro nacional, la base de datos federal contabilizaba cerca de 16 mil personas desaparecidas en Jalisco. Posteriormente, el número disminuyó a poco más de 14 mil, tras la eliminación de alrededor de mil 200 cédulas. Desde entonces, el gobierno estatal no ha vuelto a subir información al sistema nacional, en el cual Jalisco reporta solo 15 mil 270 casos, con apenas 212 en 2023, 159 en 2024 y 215 personas desaparecidas en 2014. Sin embargo, esos registros se han agregado por denuncias interpuestas directamente ante instancias federales u otras vías, pero no por autoridades estatales.
Es decir, a las 128 mil personas desaparecidas que reporta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas le faltan los números reales del estado con mayor cantidad de casos: Jalisco.
Por esa razón, los datos que utilizó el Comité para emitir su informe provienen del Registro Estatal de Personas Desaparecidas de Jalisco (REPD), el único disponible, aunque también es muy deficiente, según expusieron las expertas entrevistadas.
La doctora Chinas explicó que, aunque la ley estatal de personas desaparecidas fue elaborada con la participación de colectivos, académicos y autoridades, el registro estatal sigue siendo una herramienta limitada. “Apenas nos permite ver municipios, edad, fechas. Es decir, es un registro demasiado restringido que no nos permite conocer más información sobre quiénes son las personas desaparecidas”, indicó.
Esta opacidad institucional entorpece los análisis de contexto y debilita los esfuerzos de localización, detalló la integrante del Comité, organismo que también, en su informe, hizo un llamado a que el Gobierno del Estado de Jalisco elabore y haga público un análisis que permita explicar tanto el incremento de desapariciones como las razones detrás de la creciente dificultad para localizar a los adolescentes.
Anna Chimiak coincidió en que uno de los factores más alarmantes es la falta de protección hacia las juventudes, uno de los grupos poblacionales más expuestos a la desaparición.
“Las personas jóvenes es grupo uno de los grupos de población más en riesgo en cuanto a poder convertirse en víctimas de desaparición y tanto toca el Estado atender las causas estructurales de esta situación, que es una deuda pendiente para las personas jóvenes y para la sociedad en conjunto en términos de, como decía, la pobreza, desigualdad estructural o la falta de oportunidades, pero también también es un grupo, uno de los grupos más expuestos también por su función, su utilidad para la actividad en las estructuras criminales y se deben de generar acciones que realmente pudieran proteger a este grupo de población y prevenir más más desapariciones a a futuro”, detalló Chimiak.
Con la llegada de Pablo Lemus, si bien ha habido un cambio en el discurso oficial, en la práctica tampoco ha habido avances sustanciales: el registro estatal sigue siendo deficiente, las cédulas de búsqueda no se emiten oportunamente, no hay transparencia y las desapariciones de adolescentes están aumentando sin una respuesta integral ni una estrategia clara de prevención, indicaron las especialistas.
“Dentro del discurso sí hay un cambio, pero dentro de las acciones necesarias para evitar que esta problemática siga reproduciéndose, para hacer la búsqueda y para hacer la investigación, todavía hay muchas ausencias”, destacó Chinas.
La catedrática de la UdeG indicó que el cambio de actitud se percibe en el llamado del Gobierno a los colectivos para integrar mesas de trabajo, además de que ha dado seguimiento para escucharlos. Incluso ha manifestado públicamente su voluntad de actualizar la base de datos federal sobre personas desaparecidas y regresar al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pero eso, hasta la fecha, no ha ocurrido.
“Sigue desactualizada… han dicho que van a ponerse al día y que van a terminar de subir los datos, aunque eso no ha sucedido hasta el momento”.
Además, señaló que las herramientas disponibles para la búsqueda siguen siendo limitadas. Un ejemplo de ello es el registro estatal, que “ofrece cierta información, pero aunque la ley establece los parámetros que debiera incluir, no se ajusta a lo que la ley determina, así que tenemos una mirada parcial respecto de la información”.
Las cédulas de búsqueda, agregó, tardan incluso más de una semana en emitirse, a pesar de que “ante una desaparición, las primeras horas son fundamentales para la búsqueda y localización”.
La académica también denunció que continúan prácticas contrarias al Protocolo Homologado: “Sigue pasando que cuando una persona llega a hacer su reporte… los primeros respondientes le piden que espere, que a lo mejor está por ahí, que seguro va a regresar”, cuando en realidad “la respuesta debe ser inmediata y se debe registrar la desaparición al primer indicio de que hay un riesgo”.
Otro de los aspectos pendientes es el ajuste de la Ley de Víctimas en Jalisco, que se encuentra en rezago y no está armonizada con la legislación específica sobre desaparición. Esto impide que se apliquen apoyos y derechos que deberían estar garantizados.
“Dentro del discurso sí hay un cambio, pero dentro de las acciones necesarias para evitar que esta problemática siga reproduciéndose, para hacer la búsqueda y para hacer la investigación, todavía hay muchas ausencias”.
Además, puso énfasis en la necesidad de diseñar e implementar un plan de prevención, ya que “no ha habido hasta hoy un plan… y si queremos evitar que sigan pasando las desapariciones, debería también pensarse en la investigación, en la búsqueda inmediata y en la prevención, en los tres ejes de trabajo”.
Por su parte, la coordinadora del CEPAD también destacó que hay varias tareas que aún siguen sin realizarse. Al respecto, recordó que está pendiente desde hace cuatro años la emisión del Programa Estatal de Búsqueda en Jalisco, y denunció que las estrategias actuales no están basadas en los riesgos y vulnerabilidades reales de las víctimas.
“Aparte de la Alerta Amber, no hay estrategias especializadas para la búsqueda de personas jóvenes. Y cuando se trata de jóvenes de entornos marginados, no privilegiados, no son buscados con la misma prioridad”, lamentó.
Para la especialista del CEPAD, la lucha contra la impunidad es clave para revertir esta crisis. “Se requieren investigaciones exhaustivas, eficaces e independientes. Las fiscalías deben tener la autonomía necesaria para perseguir delitos sin injerencias indebidas y corregir las fallas del sistema de procuración de justicia”, exigió Chimiak.
Finalmente, la doctora Chinas insistió en que los avances que existen en materia de desapariciones no han sido impulsados por el Estado, sino por los colectivos de familiares de personas desaparecidas. “El Comité emite una opinión, pero quienes han llevado toda la batalla en incidir en aspectos legislativos, en protocolos y en atención a víctimas son los colectivos. Son ellos quienes están en campo, acompañando a las familias, monitoreando, señalando lo que falla”, dijo.
FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM
El informe
El informe publicado el pasado sábado 10 de mayo por el Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas, con base en datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD), señala que entre enero y abril de este año se reportó la desaparición de 1,123 personas, de las cuales 616 siguen sin ser localizadas. En el mismo periodo de 2024, se reportaron 1,158 desapariciones, con 650 personas aún no localizadas.
Aunque la cifra total apenas varió, el grupo de edad que encabeza la lista de desaparecidos cambió significativamente: en 2024, las personas de entre 25 y 29 años fueron las más afectadas, con 117 casos. En 2025, ese lugar lo ocupa el grupo de 15 a 19 años, con 122 personas desaparecidas no localizadas, lo que representa un incremento de 48 casos respecto al año anterior.
Este aumento sostenido en el número de desapariciones de menores y jóvenes ha sido constante desde 2023, según el informe. En ese año se reportaban en promedio 9.8 desapariciones mensuales en ese grupo de edad; en 2024 la cifra subió a 11.8, y en lo que va de 2025 ya alcanza un promedio de 25.3 por mes.
Además, en marzo y abril de este año se registraron más reportes que desapariciones ocurridas en esos mismos meses, lo cual se atribuye a las demoras en los reportes tanto de familiares como de autoridades, las cuales, según el informe, suelen estar asociadas a casos de mayor dificultad para su resolución. De las 122 desapariciones del grupo de 15 a 19 años reportadas en 2025, al menos 21 ocurrieron en años anteriores.
Otro hallazgo que destaca el informe es que, de los 122 casos del grupo de 15 a 19 años reportados este año, solo se han emitido aproximadamente 61 cédulas, según el seguimiento realizado por estudiantes de Sociología de la Universidad de Guadalajara con base en las publicaciones de la Comisión de Búsqueda en su página de Facebook.
De estas 122 personas, 97 son hombres y 25 mujeres. Los municipios con mayor número de casos son Zapopan y Guadalajara, con 21 reportes cada uno; les siguen Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque, con 13 cada uno; Tonalá y El Salto, con 8 cada uno; e Ixtlahuacán de los Membrillos, con 6.
Aunque el informe reconoce que las causas de las desapariciones son múltiples, el Comité Universitario advirtió en la publicación que el incremento en este grupo de edad probablemente está relacionado con el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. Esta práctica, según se señala, se intensificó desde el verano de 2024 y continúa con fuerza en lo que va del año, a pesar de las medidas adoptadas por las autoridades.
Entre los métodos utilizados, según recuerda el informe, se encuentran operativos para controlar las centrales de autobuses, campañas de difusión para advertir sobre ofertas laborales engañosas y las detenciones derivadas del hallazgo de dos centros de adiestramiento criminal en el municipio de Teuchitlán.
Ante esta situación, el Comité Universitario en su informe propone la necesidad de que el Gobierno de Jalisco elabore y publique de inmediato un análisis de contexto que explique el incremento de desapariciones en este grupo de edad y las dificultades para su localización.
Además, también plantea que se debe de emitir una alerta específica por desaparición de jóvenes vinculada a prácticas de reclutamiento forzado; también diseñar y poner en marcha un plan de acción estatal específico contra el reclutamiento forzado, con objetivos, políticas, recursos, plazos e indicadores definidos. Aunado a ello, también exhorta a legislar con respecto al reclutamiento forzado como un delito independiente y se considere la creación de una ley específica.
