La Fiscal Pam Bondi está detrás de la línea dura del Gobierno de Trump en asuntos como la persecución judicial de migrantes, la cancelación de la ciudadanía por nacimiento, la reducción en los controles contra el tráfico de armas y más recientemente en la incorporación de México en una lista de “países adversarios”.
Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).– La Fiscal General de EU Pam Jo Bondi fue propuesta por Donald Trump el 21 de noviembre de 2024 y ratificada en febrero pasado. Como en otros casos del actual Gabinete de EU, Bondi fue nominada en sustitución de Matt Gaetz un sujeto acusado de conducta sexual inapropiada y que como Bondi proviene de Florida.
Bondi tiene en realidad una larga trayectoria en su materia al igual que desde hace años es vista como una leal trumpista que formó parte del equipo de defensa de Donald Trump durante su primer juicio político. Por ejemplo, fue elegida fiscal general de Florida en 2010, la primer mujer en ocupar esa posición, y cumplió dos mandatos. Dejó ese cargo en 2019 y trabajó en los equipos de defensa de Trump durante su juicio político. También trabajó como cabildera durante ese período, con clientes como el Gobierno catarí, Amazon y Uber.
Hoy desde el Departamento de Justicia está detrás de la línea dura del Gobierno de Trump en asuntos como la persecución judicial de migrantes, la cancelación de la ciudadanía por nacimiento, la reducción en los controles contra el tráfico de armas y más recientemente en la incorporación de México en una lista de “países adversarios” que, según sus declaraciones, planean atacar a ciudadanos estadounidenses mediante el tráfico de drogas.
Pam Bondi creció en el área de Tampa y trabajó como fiscal durante 18 años en el condado de Hillsborough, Florida. Obtuvo su licenciatura en justicia penal en la Universidad de Florida y su título de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Stetson.
Como fiscal general de Florida, Bondi se unió a otros republicanos en una demanda de alto perfil que buscaba anular la Ley de Atención Médica Asequible del Presidente Barack Obama. En 2014, en otro caso, argumentó que el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo por parte de otros estados "impondría un daño público significativo" a los floridanos.
Bondi y la agenda de Trump
La Fiscal General de EU Pam Jo Bondi fue propuesta por Donald Trump el 21 de noviembre de 2024 y ratificada en febrero pasado. Como en otros casos del actual Gabinete de EU, Bondi fue nominada en sustitución de Matt Gaetz un sujeto acusado de conducta sexual inapropiada y que como Bondi proviene de Florida.
Bondi tiene en realidad una larga trayectoría en su materia al igual que desde hace años es vista como una leal trumpista que formó parte del equipo de defensa de Donald Trump durante su primer juicio político. Por ejemplo, fue elegida fiscal general de Florida en 2010, la primer mujer en ocupar esa posición, y cumplió dos mandatos. Dejó ese cargo en 2019 y trabajó en los equipos de defensa de Trump durante su juicio político. También trabajó como cabildera durante ese período, con clientes como el gobierno catarí, Amazon y Uber.
Hoy desde el Departamento de Justicia está detrás de la línea dura del Gobierno de Trump en asuntos como la persecución judicial de migrantes, la cancelación de la ciudadanía por nacimiento, la reducción en los controles contra el tráfico de armas y más recientemente en la incorporación de México en una lista de “países adversarios” que, según sus declaraciones, planean atacar a ciudadanos estadounidenses mediante el tráfico de drogas.
Esta semana, Bondi salió junto a Trump a celebrar el falló de la Corte Suprema de EU de limitar la facultad de los jueces para suspender las órdenes ejecutivas del Presidente, un cambió que allana el camino para cancelar la ciudadanía por nacimiento de manera definitiva. Bondi ha sido cuestionada por eludir preguntas sobre quién sería responsable de verificar la ciudadanía bajo la política de Trump y si los profesionales médicos estarían encargados de verificar la ciudadanía de los nuevos padres.
El papel de la Fiscal ha sido determinante, por ejemplo, en la expulsión de migrantes a quienes se les acusa de ser criminales peligrosos. El caso más emblemático ha sido el de Kilmar Armando Ábrego García, el inmigrante deportado por error a El Salvador. El fallo judicial que ordenó la liberación de Ábrego señala que altos funcionarios de la administración de Trump, en referencia a Bondi, desacreditaron públicamente a Ábrego García, sugiriendo que era un miembro destacado de la violenta pandilla callejera MS-13 y que traficaba con mujeres y menores, cuando no había pruebas de ello.
Lo cierto es que la Fiscalía de Pam Bondi buscaba liberar al Sr. Ábrego García de la custodia salvadoreña y traerlo de regreso a Estados Unidos para que enfrentara la acusación por tráfico de inmigrantes indocumentados. En ese sentido, The New York Times apuntaba cómo “las reprimendas judiciales se han vuelto habituales en una administración conflictiva dirigida por un presidente empeñado en convertir los procedimientos legales, incluidos cuatro casos penales recientes, en disputas políticas”.
A eso se suma su disputa con las ciudades santuario. A mediados de junio, Bondi demandó a la ciudad de Nueva York por una ley estatal que impide en gran medida que los agentes de inmigración realicen arrestos en tribunales estatales o locales. Esta demanda ocurre cuatro meses después de que en una de sus primeras acciones Bondi demandara a Nueva York por otra ley estatal que permite a los inmigrantes indocumentados obtener una licencia de conducir
“Las políticas ilegales de las ciudades santuario son la causa principal de la violencia que los estadounidenses han presenciado en California, y el estado de Nueva York también está empleando políticas de ciudades santuario para evitar la detención de inmigrantes indocumentados”, declaró Bondi en un comunicado. “Esta última demanda, en una serie de litigios relacionados con ciudades santuario, subraya el compromiso del Departamento de Justicia de mantener la seguridad de los estadounidenses y aplicar la ley con firmeza”.
La Fiscalía de Bondi ya ha demandado a algunas jurisdicciones santuario, como Chicago; ha amenazado con acusar a los funcionarios locales que se resistan a aplicar la ley migratoria; y recientemente publicó una lista de casi 400 localidades que, según afirma, interfieren con las medidas de control migratorio.
Otras medidas adoptadas por el Departamento de Justicia de Bondi han sido la intención reducir en dos tercios el número de inspectores que supervisan a los comerciantes de armas con licencia federal, lo que limitará drásticamente la ya limitada capacidad del gobierno para identificar a los negocios que venden armas a delincuentes, según documentos presupuestarios citados por The New York Times.
La Fiscal General Pam Bondi ya ha revocado una serie de medidas de control de armas de la era Biden, incluyendo medidas enérgicas contra los comerciantes de armas con licencia federal que falsifican registros comerciales y se saltan las verificaciones de antecedentes de los clientes.
Bondi también ordenó a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) revisar otras dos políticas importantes promulgadas bajo la administración Biden, con miras a eliminarlas. Una es la prohibición de los llamados soportes para pistolas, que se utilizan para convertir pistolas en armas similares a rifles, y la segunda es una norma que exige la verificación de antecedentes en las ventas privadas de armas.
El Gobierno mexicano ha pedido desde la administración de Andrés Manuel López Obrador mayores controles a la venta de armas, un reclamo que se ha mantenido en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.
Defensora de Trump y las derechas
Pam Bondi es una política leal de Trump desde hace mucho tiempo. Su designación de relevo al Departamento de Justicia se dio luego de una campaña presidencial en la que Trump criticó al sistema judicial, calificándolo de "arma" en su contra. “Durante demasiado tiempo, el Departamento de Justicia partidista se ha utilizado como arma contra mí y otros republicanos. Ya no”, declaró Trump en una publicación de Truth Social.
Además de haberse desempeñado como la fiscal general de Florida, ha ocupado distintas posiciones en el Centro de Litigios y el Centro para el Derecho y la Justicia del America First Policy Institute, éste último un centro de estudios de derecha que ayudó a sentar las bases para un segundo mandato de Trump, apuntó The Washington Post.
De hecho, Bondi no es la única integrante de este Think tank de derechas que forma parte del Gobierno de Trump. Brooke Rollins, la Secretaria de Agricultura, y Linda McMahon, la Secretaria de Educación, también forman parte de esta agrupación. Bondi también es socia de Ballard Partners, una importante firma de cabildeo donde trabajó Susie Wiles, la futura jefa de gabinete de la Casa Blanca. El sitio web de la firma la incluye como presidenta del departamento de cumplimiento normativo corporativo, apunta The Washington Post.
Pam Bondi, particularmente, fue una pieza clave en los intentos de Trump por anular los resultados electorales de 2020. Fue una de las voceras que insistió en señalar un fraude electoral a favor de Joe Biden. De hecho, al igual que Pete Hegseth y Kristi Noem, Pam Bondi forjó un perfil nacional con apariciones en Fox News.
La prensa estadounidense destaca cómo su relación con Trump data de su tiempo como Fiscal general de Florida. En ese entonces, en 2013, Bondi fue cuestionada por negarse a procesar a una de las empresas de Trump, la Universidad Trump, acusada de fraude en Nueva York. La oficina de Bondi en Florida recibió casi dos decenas de quejas sobre la universidad con fines de lucro de Trump, y sus ayudantes dijeron que estaba considerando unirse a una demanda multiestatal presentada en nombre de los estudiantes que afirmaban haber sido engañados. Ella nunca se unió a la demanda.
Cuatro días después de que su oficina anunciara que estaba revisando las acusaciones contra la Universidad Trump, una de las fundaciones de Trump donó 25 mil dólares al comité político vinculado a la campaña de reelección de Bondi, reportaron medios como The New York Times y The Washington Post.
La Fundación Trump no tenía autorización legal para realizar donaciones políticas, y en lugar de reportar la donación a favor de Bondi como tal, la reportó como una donación a Justice for All, una organización sin fines de lucro con el mismo nombre en Kansas. Después de que The Washington Post revelara los detalles, un asesor de Trump insistió en que el error fue inocente, pero el IRS multó a Trump con 2 mil 500 dólares.
Cuando Trump ganó la presidencia en 2016, se esperaba que Bondi consiguiera un puesto en su administración. En enero de 2017, Bloomberg incluso informó que un nombramiento era inminente, pero nada se materializó, aparentemente porque al personal de Trump le preocupaba que las preguntas sobre la donación dificultaran y perjudicaran las audiencias de confirmación.
Desde que asumieron el cargo, Trump y Bondi han utilizado al Departamento de Justicia para iniciar investigaciones sobre los opositores del presidente, llegar a acuerdos con importantes bufetes de abogados cuyos ejecutivos se vieron amenazados de acceso e indultar a partidarios de la administración.
El Fondo de Defensores de la Democracia (DDF), Abogados Defensores de la Democracia Estadounidense (LDAD), Abogados por el Estado de Derecho y otros destacados juristas acusaron a Bondi de "grave falta profesional" en una denuncia ética presentada ante el Colegio de Abogados de Florida. Dijeron "ha intentado obligar a los abogados del Departamento de Justicia a violar sus obligaciones éticas bajo el pretexto de una 'defensa ferviente'".
Esto, señala Newsweek, se relaciona con un memorando del 5 de febrero que ordenaba a los abogados de su agencia federal "perseguir fervientemente los objetivos políticos del presidente" o enfrentarse a medidas disciplinarias, incluido el posible despido.
La censura como política
A finales de abril, el Departamento de Justicia que encabeza Pam Bondi anuló una política de la era Biden que otorgaba protección a los periodistas en las investigaciones de filtraciones, allanando el camino para que las autoridades vuelvan a utilizar citaciones y a exigir el testimonio de reporteros en las investigaciones dirigidas a los filtradores.
"La filtración intencional de información confidencial a los medios por parte de empleados del gobierno federal socava la capacidad del Departamento de Justicia para defender el estado de derecho, proteger los derechos civiles y mantener la seguridad de Estados Unidos. Esta conducta es ilegal e incorrecta, y debe cesar", declaró la Fiscal General Pam Bondi en un memorando interno obtenido por la NPR.
El documento añadía que la política del Departamento de Justicia permite citaciones, órdenes judiciales y órdenes de registro para obtener información y testimonios de periodistas. Dichas acciones deben ser aprobadas por la dirección del Departamento de Justicia y los periodistas deben ser notificados con antelación.
Las acciones también deben ser lo más limitadas posible para evitar interferir con la recopilación de noticias o con "materiales potencialmente protegidos", afirma el memorando.
Durante el gobierno de Biden, el Departamento de Justicia declaró que ya no confiscaría en secreto los registros de periodistas para identificar sus fuentes al investigar filtraciones, excepto en circunstancias limitadas y específicas.
El memorando de Bondi marcó una ruptura radical con esa política y retornó a un enfoque más agresivo para las investigaciones de filtraciones, utilizado durante el primer mandato del presidente Trump, así como durante la presidencia de Barack Obama.
En el memorando, la fiscal general citó específicamente casos de filtraciones durante el gobierno de Trump, incluyendo el intercambio de información clasificada sobre evaluaciones de inteligencia sobre la banda venezolana Tren de Aragua y la noticia de la suspensión de Dan Caldwell, asesor del secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Bondi afirmó que la independencia de la prensa es importante y que el Departamento de Justicia la defendería, "a pesar de la falta de independencia de ciertos miembros de los medios tradicionales". Escribió que el departamento intentaría limitar la obligación de los periodistas de compartir información mediante la búsqueda de "aprobación reforzada" y "procedimientos de notificación previa".
"El Fiscal General también debe aprobar los esfuerzos para interrogar o arrestar a miembros de los medios de comunicación", escribió.
