Diputados aprueban Ley contra extorsiones; prevén sanciones de hasta 42 años

25/11/2025 - 10:11 pm

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Extorsión que homologa sanciones, permite denuncias anónimas y eleva penas hasta 42 años de prisión. El proyecto pasó al Ejecutivo para su publicación.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados aprobó este martes la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con la cual se establece un tipo penal único en todo el país y se fijan sanciones que van de 15 a 42 años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso.

De esta manera, la Cámara de Diputados remitió el proyecto de decreto al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), paso necesario para que las nuevas disposiciones entren en vigor y comiencen a aplicarse en todo el país.

La Ley, que desarrolla las reformas al artículo 73 en materia de facultades del Congreso, pretende frenar el aumento de la extorsión e incorpora este delito al catálogo de conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa, especialmente cuando se configure alguna de las 43 agravantes previstas.

¿Qué medidas establece el proyecto de la Ley General contra la Extorsión?

La normativa contempla penas de 15 a 42 años de prisión para quienes cometan extorsión, dependiendo del tipo penal y de los agravantes aplicables. El Congreso consideró necesario endurecer las sanciones debido al incremento de víctimas registrado en los últimos meses.

El documento también establece castigos de 10 a 20 años de cárcel para los servidores públicos que omitan denunciar la extorsión ante el Ministerio Público o, en caso de urgencia, ante las corporaciones policiales. La intención es inhibir la complicidad o la tolerancia institucional.

Asimismo, las autoridades penitenciarias y demás funcionarios que faciliten o permitan la operación de extorsiones dentro de los centros de reclusión enfrentarán penas de 15 a 25 años de prisión. Con ello, se pretende frenar los casos de cobros ilegales originados desde cárceles.

A su vez, la Ley fija sanciones de seis a 12 años de prisión para los internos que utilicen dispositivos electrónicos para contactar a posibles víctimas. Dicho castigo se aplicará también a funcionarios que introduzcan o permitan el ingreso de teléfonos móviles u otros aparatos.

El Senado había realizado 20 modificaciones a 15 artículos del proyecto original antes de enviarlo a la Cámara de Diputados, donde los cambios fueron aceptados en su totalidad. Con el acuerdo de ambas cámaras, el decreto avanzó a la etapa de promulgación.

Una vez que entre en vigor, las autoridades deberán aplicar las nuevas disposiciones en investigaciones y procesos vinculados a extorsión en todas las entidades del país.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero