El Ministerio Público buscará que César Duarte cumpla con la medida de prisión preventiva justificada, luego de ser detenido por el presunto desvío de 76 millones de pesos del erario.
Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente el martes al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que fue señalado de intentar ocultar el origen de más 76 millones de pesos (mdp).
El exfuncionario fue detenido el lunes en el estado de Chihuahua y posteriormente fue trasladado al penal del Altiplano, en la Ciudad de México (CdMx), donde se llevó a cabo la audiencia inicial en la causa penal 142/2024, en la cual fue puesto a disposición de la Jueza de Distrito Jazmín Ambriz López.
En este sentido, el Ministerio Público afirmó que Duarte instrumentó un esquema de simulación de apoyos para el sector ganadero, ya que los recursos del erario eran destinados a empresas en las que el exgobernador era socio mayoritario, y luego de diversas transferencias este dinero terminaba en sus cuentas personales o las de su esposa e hijos.
En primera instancia, la defensa del acusado intentó plantear un incidente de nulidad y así evadir el juicio en contra de Duarte Jáquez por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los abogados del exgobernador dijeron contar con un amparo que impedía su detención, además de que la orden de aprehensión carecía de algunos elementos.
No obstante, el Ministerio Público señaló que dicho amparo sólo era aplicable para causas del fuero común y no del fuero federal, ya que César Duarte enfrenta otro proceso ante las autoridades de Chihuahua por su presunta participación en el delito de peculado, situación por la que cuenta con un brazalete electrónico y otras medidas cautelares.
El Ministerio Público presentó dictámenes contables y de fiscalización realizados por la auditoría superior de Chihuahua como parte de las pruebas, las cuales permitieron concluir que Duarte incurrió en conflicto de intereses al asignar recursos públicos a empresas de su propiedad. También fueron presentadas declaraciones patrimoniales del exgobernador y las declaraciones fiscales, así como documentos probatorios de trasferencias hechas a través del sistema bancario mexicano para hacer llegar los recursos a las cuentas personales de César Duarte y de su esposa.
Las autoridades explicaron que los recursos fueron entregados a través de convenios y subsidios para la compra de ganado, adquisición de maquinaria y otros insumos ganaderos, pero dichas compañías no cumplían con estos propósitos, sino que meses después el dinero pasaba a cuentas personales de Duarte, Bertha Olga Gómez Fong (su esposa) o sus hijos, e incluso se utilizaban para pagar la tarjeta American Exprés de Gómez Fong.
Dos empresas en las que César Duarte era accionista mayoritario, y presidente del consejo de administración, fueron señaladas de participar en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita: Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte. También recibieron recursos Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponia El Parral, donde Bertha Olga Gómez Fong era socia mayoritaria y representante legal.
Luego de presentar más de un centenar de pruebas para sostener las acusaciones, el Ministerio Público buscará que al exgobernador de Chihuahua se le otorgue la medida de prisión preventiva justificada, mientras que la defensa solicitará la libertad de Duarte bajo caución, argumentando que no existe riesgo de fuga, ya que el acusado cuenta con un brazalete electrónico por el proceso que mantiene en Chihuahua por peculado.
