El editor ejecutivo del diario calificó la acción como “agresiva y profundamente preocupante”, pues plantea profundas preguntas sobre la protección para el periodismo.
Por Armando Hernández
Los Ángeles, 14 de enero (LaOpinión).- El Buro Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) allanó la casa de una periodista del Washington Post, Hannah Natanson, la madrugada del miércoles en lo que el periódico calificó como una acción “muy inusual y agresiva” por parte de las fuerzas del orden, y los grupos de libertad de prensa condenaron como una “tremenda intrusión” por parte de la administración Trump.
De acuerdo a la información oficial, sin mostrar pruebas, los agentes llegaron a la casa de Hannah Natanson en Virginia como parte de una investigación sobre un contratista del gobierno acusado de retener ilegalmente materiales gubernamentales clasificados.
A decir del editor ejecutivo del Post, Matt Murray, “esta acción extraordinaria y agresiva es profundamente preocupante y plantea profundas preguntas e inquietudes en torno a las protecciones constitucionales para nuestro trabajo”.
Investigators told the reporter that she is not the focus of the probe.
The warrant said law enforcement was investigating a system administrator in Maryland who has been accused of taking home classified intelligence reports. https://t.co/2nNkqXT3QQ pic.twitter.com/L0Mrsn7cr6
— The Washington Post (@washingtonpost) January 14, 2026
La Fiscal General de Estados Unidos (EU), Pam Bondi, confirmó el registro en la vivienda, asegurando que “la periodista estaba obteniendo y publicando información clasificada y filtrada ilegalmente por parte de un contratista del Pentágono. Quien filtró las informaciones se encuentra actualmente en prisión. Me enorgullece colaborar con el Secretario de Guerra (Pete) Hegseth en esta iniciativa”.
Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló a su vez que “filtrar información clasificada supone un riesgo para la seguridad nacional y la vidas de los héroes militares, que han sido puesta en peligro”. “Trump ha mostrado una tolerancia cero hacia estos asuntos y seguirá haciendo frente de forma agresiva a actos ilegales de este tipo”, advirtió.
En contraparte, la periodista, que cubrió las medidas impulsadas por el Presidente estadounidense, Donald Trump, para despedir a miles de funcionarios a nivel federal, publicó en diciembre un reportaje al respecto. Muchos de estos trabajadores han compartido sus casos personales con ella y han acusado al gobierno de “ejercer presiones” en su contra, tal y como explicó el citado medio.
Cabe destacar que en EU, la legalidad de la publicación de información clasificada por parte de periodistas es un área legal compleja, definida entre la libertad de prensa, protegida por la Primera Enmienda, y los intereses de seguridad nacional del gobierno.
Sin embargo, no existe una ley general que penalice cualquier divulgación de información clasificada, a menos que su obtención haya sido por medio de un delito, pero varias leyes federales, principalmente la Ley de Espionaje de 1917, pueden aplicarse.
En reacción, voces como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su profunda preocupación por el allanamiento, en el marco de la investigación por la presunta filtración de información clasificada. La organización insta a las autoridades de EU a evitar precedentes que puedan ser utilizados para justificar presiones indebidas sobre la prensa.
This account of how the Trump admin carried out a once-unthinkable overhaul of government in 2025 is based on a year’s worth of messages and interviews with more than 1,200 current and former federal workers. Please read from me and @MerylKornfield. https://t.co/vJdG6fixyV
— Hannah Natanson (@hannah_natanson) December 21, 2025
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, advirtió que “este tipo de medidas, cuando involucran directamente a periodistas en el ejercicio de su labor informativa, constituyen una acción extrema que puede vulnerar principios fundamentales de la libertad de prensa, en particular la protección de las fuentes confidenciales, el secreto profesional y el derecho de la sociedad a estar informada sobre asuntos de interés público”.
Manigault añadió que “la investigación de eventuales filtraciones de información no puede derivar en acciones que intimiden, criminalicen o inhiban el trabajo periodístico. El allanamiento de la vivienda de una periodista y la incautación de materiales de trabajo envían un mensaje preocupante que puede generar un efecto disuasorio tanto en los periodistas como en sus fuentes”.
