México, 19 Jun. (Notimex).- La bancada perredista en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó una iniciativa para endurecer hasta a 22 años de cárcel las sanciones a funcionarios bancarios y del sistema financiero nacional que participen en actividades de lavado de dinero.
La senadora Dolores Padierna Luna presentó la iniciativa en la que se destaca que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma de fondos blanqueados en el mundo durante 2012 podría variar entre dos y cinco por ciento.
En la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria se señala que el monto de lavado de dinero en México llegaría a casi 10 mil millones de dólares al año, lo que representa aproximadamente 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Padierna Luna planteó que de acuerdo con el Artículo 400 bis del Código Penal Federal, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se sancionará con penas de "cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa".
Se procederá de esa manera contra "al que por sí o por interpósita persona adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita".
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) propone aumentar la pena de siete años seis meses a 22 años seis meses, cuando quienes participan en esas actividades de lavado de dinero sean "empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión de las conductas" delictivas.
También se pide que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancione la violación a las disposiciones de ese artículo, conforme al procedimiento previsto en el Artículo 110 del Código Penal.
Con ello se aplicaría una multa equivalente de entre 25 por ciento y 100 por ciento de la operación inusual no reportada y en los demás casos con hasta 500 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Dolores Padierna planteó que si bien hay avances en el combate al lavado de dinero en México, persisten vacíos legales para la detección de operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, respecto al marco legal de otros países.
