La comunidad migrante ha exigido a negocios como Home Depot, Walmart, Target, McDonald's y otros restaurantes de comida rápida que se pronuncien en contra de las redadas que promueve Donald Trump ya que sus instalaciones han sido utilizadas como lugares donde agentes federales violan los derechos de trabajadores.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– Migrantes en Estados Unidos mantienen su exigencia a empresas como Home Depot, Walmart y cadenas de comida rápida para que se pronuncien en contra de las redadas y arrestos encabezadas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés); reclaman que las industrias tienen la responsabilidad de alzar la voz y así contribuir a la protección de los derechos de la comunidad migrante.
"Estas compañías dependen de esas familias, de esos trabajadores, y están dejando pasar cosas injustas en sus propiedades. No solamente estamos hablando en los estacionamientos de Home Depot, también hemos visto que agentes federales han entrado a las tiendas. Hemos visto que personal de compañías como Home Depot siempre proveen seguridad en la propiedad, cuando hemos tenido protestas ellos no nos dejan entrar, pero cuando es ICE ahí no hay ningún problema para que entren".
"Nosotros estamos pidiendo lo que es justo: Que las corporaciones reconozcan la importancia de esta comunidad y que no dejen que las autoridades federales violen la ley en su propiedad, en sus tiendas, en sus instalaciones, porque eso es lo que está pasando”, expuso en entrevista Martha Arévalo, directora ejecutiva del Centro Centroamericano de Recursos en Los Ángeles (CARECEN-Los Ángeles).
Activistas convocaron desde la semana pasada a protestar y evidenciar la responsabilidad que tienen las corporaciones en la defensa de los derechos de la población migrantes.
El 12 de agosto llamaron a no comprar en negocios como Home Depot, Walmart, Target, McDonald's y otros restaurantes de comida rápida porque han permitido que sus instalaciones se utilicen como lugares donde agentes federales violan los derechos de trabajadores.
Agentes de ICE han realizado redadas en los estacionamientos de tiendas como Home Depot, donde se venden cosas para construcción y a donde también acuden migrantes en busca de trabajo o a comprar cosas para sus negocios o familias. Además, agrega Martha Arévalo, se trata de industrias que tienen “una historia de explotación” a trabajadores.
“No vemos que estas corporaciones defiendan, protejan no solamente a sus trabajadores, a sus clientes. Les pedimos a esas compañías que reconozcan que esta comunidad [migrante] son sus clientes, son su comunidad“.
Migrantes han muerto a causa de los operativos de ICE en sus centros de trabajo como campos agrícolas, tiendas, lugares donde se lavan carros. En julio, el mexicano Jaime Alanís García murió después de caer de un techo de cristal en la compañía procesadora de cannabis en la que trabajaba en California.
Más recientemente, el 14 de agosto, Roberto Carlos Montoya, de 52 años, fue atropellado al correr hacia la autopista 210 mientras huía de una redada en el Home Depot de la ciudad de Arcadia.
Mientras que el 11 de junio, Jesús González, un migrante mexicano de 33 años, perdió el brazo izquierdo luego de ser atropellado por un tren mientras huía de una redada de ICE en La Mirada, California; iba de regreso a casa desde su trabajo como soldador.
Además de Roberto Montoya y de Jaime Alanís García se han registrado otros ocho fallecimientos de personas en custodia de ICE en los primeros seis meses del Gobierno de Donald Trump.
Una Jueza emitió en California una orden que prohíbe al Gobierno Federal realizar redadas donde se arreste a las personas basándose únicamente en su color de piel o si hablan español, esto se logró en julio gracias a una demanda que presentaron personas afectadas y organizaciones. Sin embargo, agentes de ICE continúan ignorando la orden.
La defensora Martha Arévalo recordó que después de esta orden desde CARECEN documentaron otra redada en el área de West Lake en la que agentes llegaron en un camión rentado al estacionamiento de un Home Depot. Narró que la persona que iba manejando empezó a platicar en español con uno de los trabajadores como si fuera alguien que lo iba a contratar, de pronto al menos 20 agentes federales con el rostro cubierto y armas bajaron del camión y empezaron a correr para detener a personas.
“No andaban buscando a alguien específicamente, no había una orden de arresto, nada. Vimos que la gente empezó a correr, empezó a correr para salvar su vida, para no ser separados de su familia y no solamente jornaleros, también vendedoras ambulantes. Entonces, vimos un momento muy difícil donde las señoras corrían, se caían en la calle, se golpeaban, sus hijos, como estábamos en vacaciones de la escuela, estaban con ellas y gritaban y lloraban. Mucha de esa gente se golpeó. Fue una redada mucho más agresiva y eso es lo que estamos viendo en otros lugares”, mencionó.
En junio, cuando se registraron protestas masivas en ciudades como Los Ángeles y Nueva York, el Presidente Trump escribió en sus redes sociales que priorizaría las detenciones y deportaciones de personas migrantes no autorizadas en esas ciudades, en general, en lugares gobernados por demócratas. El mismo mes, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca también pidió a ICE realizar al menos 3 mil arrestos diarios. Ante este panorama, Martha Arévalo expuso que los operativos de Los Ángeles pueden tomarse como ejemplo de las violaciones a los derechos humanos que podrían extenderse en otros puntos del país.
“Han sido ciudades que no se han dejado de sus políticas racistas y antimigrantes, que sin embargo han protegido la comunidad migrante y él [Donald Trump] lo ha dicho, él ha dicho que Los Ángeles ha sido como un blanco para él para atacar. También están viendo hasta dónde pueden llegar en la violación de los derechos de las personas, en la violación de la ley, porque eso es lo que está pasando. Cuando llegan a un lugar a detener, cuando está ICE y tienen una operación, no están siguiendo la ley.
“No tienen ningún ninguna orden de arresto judicial, no tienen razón por estar, no están buscando a una persona específicamente, sino que están viendo si alguien parece migrante, si parece latino, tiene un acento o trabaja en industrias que ellos piensan de que hay personas indocumentadas y están deteniendo a quien sea. Ni siquiera a veces hay un diálogo entre el oficial o los oficiales y la persona. No se les puede preguntar nada, no responden, andan enmascarados. Es una situación muy seria y queremos mandar un mensaje al resto del país: Ahora puede ser Los Ángeles, ahora puede ser la comunidad migrante, pero mañana puede ser su ciudad y puede ser ustedes”, mencionó.
Al menos 180 mil personas han sido deportadas por el ICE bajo el Gobierno de Trump hasta la fecha, de acuerdo con datos publicados esta semana por The New York Times, basado en las estadísticas del Pew Research Center. El diario estadounidense reportó que al ritmo actual, la agencia se encamina a deportar a más de 400 mil personas en su primer año de mandato, una cifra muy superior a las 271 mil personas que expulsó el ICE en el año fiscal que concluyó en septiembre pasado, pero aún por debajo de la meta declarada por el Gobierno de un millón de deportaciones al año.
El medio informó que, según el Departamento de Seguridad Nacional, el número total de deportaciones hasta el momento bajo el Gobierno de Trump es mucho mayor: 332 mil. Esa cifra incluye a las personas que son deportadas rápidamente en las fronteras de Estados Unidos por Aduanas y Protección Fronteriza.
“No podemos dejar de luchar, porque eso es lo que quieren. Quieren que perdamos la esperanza, que nos demos por vencidos eh de que nos deportemos nosotros solos, pero la gente ya tiene sus vidas aquí, ya hizo sus vidas, tienen años y años de estar en esta comunidad, esta es su comunidad”, enfatizó la directora de CARECEN, Martha Arévalo.
–Con información de La Opinión
