"Alito", dirigente nacional del PRI, está acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero. Para ser desaforado se requiere una mayoría de votos de los diputados federales, la cual tiene Morena en este momento.
Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– Una nueva denuncia se suma al expediente del líder priista Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas luego del ataque que perpetró en contra del presidente de la Cámara Alta, el Senador morenista Gerardo Fernández Noroña, a quien golpeó en la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El inédito ataque se suma a un historial de acusaciones en contra de Moreno Cárdenas, contra quien ya existe una solicitud para quitarle el desafuero que no han sido avalada desde la Legislatura pasada por el oficialismo, que desde entonces preside la Sesión Instructora, el órgano legislativo encargado de llevar a cabo el Juicio de Procedencia contra el Senador priista, un paso necesario para que no cuente con la protección de su cargo y pueda enfrentar un proceso judicial.
El dirigente nacional del PRI está acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero. Para quitarle el fuero a Moreno Cárdenas y ponerlo a disposición de la justicia, se necesita una mayoría de votos de los diputados federales, con la cual sí cuentan Morena y sus aliados.
En agosto pasado, la Sección Instructora que preside el Diputado morenista Hugo Erick Flores Cervantes indicó que había una nueva solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche, que acusa a Moreno Cárdenas desde 2022.
Flores Cervantes expuso la semana pasada a La Jornada que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados “está muy avanzada” en el análisis técnico de la solicitud de retiro de inmunidad (fuero) del dirigente nacional priísta Alejandro Moreno Cárdenas, y “está prácticamente en posibilidades de emitir un dictamen” en septiembre.
La Fiscalía Anticorrupción de Campeche acusa a Moreno Cárdenas del presunto desvío de 83 millones de pesos.
La primera ocasión en la que la Fiscalía de Campeche solicitó que le fuera retirada la inmunidad constitucional a “Alito” Moreno fue el 17 de agosto del 2022, cuando esa institución, que encabezaba entonces Renato Sales Heredia, promovió ese mismo trámite ante la Cámara de Diputados federal, apoyada en la presunción de que dirigente nacional del tricolor habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero, durante su gestión como Gobernador en aquella entidad.
El asunto no prosperó y se quedó en la congeladora.
Se sabe, además, que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en su contra una investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias.
Desde 2022, la FGR ha girado oficios a dependencias del Gobierno federal para que, “con carácter RESERVADO y URGENTE” (sic), le sea entregada información sobre procedimientos administrativos relacionados con Moreno Cárdenas en el periodo de 2015 a 2020, según documentos obtenidos por SinEmbargo.
Se trata prácticamente del periodo en el que Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito”, se desempeñó como Gobernador de Campeche.
Esta investigación de la FGR contra Moreno Cárdenas, probada por SinEmbargo con documentos, es diferente a la que lleva a cabo contra éste la Fiscalía de Campeche también por presunto enriquecimiento ilícito, delito que se castiga hasta con 25 años de prisión.
La mansión de “Alito”
Alejandro Moreno Cárdenas es propietario de departamentos en Polanco y de propiedades en el Country Club, en el extranjero, así como en Champotón, en Campeche, estado en donde, además, tiene una mansión en la privada Lomas del Castillo valuada en más de 130 millones de pesos y con un menaje de cerca de 50 millones de pesos, un patrimonio que es investigado desde 2022 por la Fiscalía de Campeche.
En su declaración patrimonial de 2021, presentada a la Cámara de Diputados, Moreno Cárdenas reportó tener 11 terrenos, todos adquiridos al contado entre 2012 y 2021, por un monto de 2 millones 938 mil 848 pesos y dos casas, compradas en 2014 y 2016 también al contado, con un valor de 9 millones 714 mil 610 pesos.
DECLARACIÓN 2O21Esas mismas propiedades las reportó hasta 2024, aunque ya sin montos. Ya como Senador, Moreno Cárdenas dice no tener ni propiedades, ni vehículos.
“Alito” ha sido cuestionado sobre el verdadero valor de sus propiedades, sobre todo a raíz de que se difundieran imágenes del interior de una mansión que tienen en la privada Lomas del Castillo, en la Ciudad de Campeche.
La residencia de Alejandro Moreno se comenzó a construir cuando aún era Gobernador de Campeche habría costado más de 46 millones de pesos, pero el priista ganaba entonces cinco millones de pesos anuales.
Antes de asumir la Gubernatura, en 2015, “Alito” se hizo de 13 predios en Lomas del Castillo, una zona de alta plusvalía en Campeche, en donde el metro cuadrado de tierra tenía en ese momento un valor de tres mil 500 pesos aproximadamente, por lo que el valor del terreno ascendería a 24.5 millones de pesos.
El dirigente del tricolor informó que compró estos terrenos a un precio mucho menor, de entre 595 y mil 645 pesos por metro cuadrado, es decir, en total asegura que desembolsó seis millones de pesos.
En su declaración, Moreno también dio a conocer que como Gobernador percibía un sueldo de un millón 184 mil pesos al año, mientras que “por otras actividades” obtuvo una ganancia de cuatro millones 122 mil pesos. Aún destinando el 100 por ciento de su ingreso no le alcanzaría para costear la construcción de esta mansión, calculó entonces el periódico Reforma.
Antes de ser mandatario estatal, el ahora dirigente del PRI residía en el Fraccionamiento Residencial Resurgimiento, cercano al malecón de Campeche, en la Colonia Montecristo, detrás de un edificio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Su casa de aquel entonces estaba compuesta de tres habitaciones, tres baños, y era una construcción total de 210 metros cuadrados y 228 de terreno; según Reforma, el valor aproximado era de hasta 3.5 millones de pesos.
En ese entonces aclaró que su casa estaba compuesta “únicamente por tres lotes y que el precio actual de la propiedad aumentó debido a que cuando fueron adquiridos los terrenos —entre 2011 y 2015— estaban cubiertos de maleza en gran parte”. Afirmó que dos lotes le fueron donados y uno más aún lo está pagando a través de un crédito.
Moreno afirmó que en 2005 recibió “una donación familiar, la cual fue el origen de la inversión”, y que a ello se sumaron los ahorros de los ingresos por los cargos públicos que ha ejercido en su carrera.
Declaración 2025Acusado de desvíos en el PRI
La periodista Daniela Barragán de SinEmbargo reveló cómo a través de la contratación de talleres en línea, que en apariencia se compran para la capacitación de cuadros priistas, Moreno Cárdenas desplegó todo un sistema para poder quedarse con millones de pesos bajo el argumento de tener una “necesidad económica”.
En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) están dos de los tres contratos en cuestión firmados en 2023. El primero, titulado “Empoderamiento de las mujeres desde lo individual hasta lo colectivo” y “La violencia política contra las mujeres en razón de género antes de campaña, en la campaña y después de la campaña, contexto y manifestaciones”. Cada uno de ellos, con modalidad en línea, costó 10 millones 875 mil pesos que fueron pagados a un único contratista: el Instituto de Investigación, Análisis y Formación Política, que tiene entre sus ponentes a figuras como Virgilio Andrade y Luis Carlos Ugalde.
El tercer contrato se llamó “Negociación y resolución de conflictos en el ámbito político de manera asertiva: ganar ganar”, con un costo de 10 millones 657 mil pesos.
Y así, con esos tres talleres, el PRI ya cumplía con el ejercicio del 100 por ciento del total de presupuesto que debe demostrar que aplicó en Liderazgo Político de las Mujeres. La Ley General de Partidos Políticos establece que anualmente, los partidos deben destinar el 3 por ciento de las prerrogativas con ese fin.
Sin embargo, el dinero no lo gastó el organismo priista de mujeres, a quien le corresponder ejercer ese presupuesto; para entonces el ONMPRI no había recibido ni un solo peso para realizar sus tareas.
Meses antes, en junio, llegó la primera petición que vino directamente de la dirigencia nacional para empezar con el negocio de los talleres que les permitiría quedarse con la mitad de lo que el partido reportará al Instituto Nacional Electoral (INE).
La Diputada Montserrat Arcos, extitular del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), denunció los hechos que ninguna autoridad electoral investigó y que le valieron enfrentar violencia política en razón de género y agresiones
La Diputada Montserrat Arcos contó a SinEmbargo cómo a través de cursos en materia de género para impartir a cuadros priistas, Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional priista, desplegó todo un sistema para poder quedarse con millones de pesos bajo el argumento de tener una “necesidad económica”.
A ella, por ejemplo, no le entregaron en 2023 presupuesto para las tareas del instituto de mujeres priistas y a mediados del año, Moreno Cárdenas le informó que sería Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, Secretario de Finanzas del CEN del PRI, quien le explicaría “cómo está la cosa” para hacerse de parte del presupuesto de los talleres con una “propuesta responsable clara totalmente válida y legal”.
La Diputada Montserrat Arcos contó a este medio que al detectar estas irregularidades y negarse a participar en ellas, fue víctima de violencia política en razón de género y de ser relegada del partido.
