Las familias de los 43 normalistas desaparecidos insisten en que se mantenga la línea de investigación que involucra al Ejército, mientras no se entreguen los documentos pendientes.
Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 11 años en Iguala, Guerrero, junto al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han pedido la extradición de tres personajes clave en este caso: Ulises Bernabé, el exjuez de barandilla de Iguala, Guerrero; Abraham Eslava Arvizu, exmando de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal un agente clave detrás de la “verdad histórica” junto al exprocurador Jesús Murillo Karam y que hoy se encuentra en Israel.
Las familias de los normalistas desaparecidos han insistido de igual forma en que se mantenga la línea de investigación que involucra al Ejército, mientras no se entreguen los documentos pendientes. Esta mañana, Isidoro Vicario Aguilar, abogado del caso, acompañado de dos padres de los normalistas desaparecidos –Don Bernabé Abraham y Clemente Rodríguez – detalló además la otra línea de investigación en la que han pedido ahondar: las líneas de telefonía celular, debido a que algunos de los dispositivos de los jóvenes desaparecidos continuaron con actividad tiempo después de la Noche de Iguala.
A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de acuerdo con la Unidad Especial para la Investigación del Caso Ayotzinapa (UELICA), al día de hoy, hay 151 personas procesadas, de los que 120 están detenidos y 31 con medidas cautelares diferentes a la prisión. Entre ellos se encuentra Jesús Murillo Karam, exprocurador General de Justicia, quien fue detenido en agosto de 2022, y quien desde abril de 2024 se encuentra en prisión domiciliaria.
Apenas el pasado mes de junio, fue detenido Juan Miguel "N", alias "El Pajarraco", presunto miembro de Guerreros Unidos. Su aprehensión ocurrió en Hidalgo y se le acusa de presunta delincuencia organizada y desaparición forzada, en relación con el caso Ayotzinapa. En septiembre de 2024, se logró la reaprehensión de dos testigos colaboradores: Gildardo López Astudillo, “El Gil”, y Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”.
Gildardo López Astudillo es considerado líder del grupo Guerreros Unidos y uno de los posibles involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en los ataques del 26 de septiembre de 2014. “El Gil” fue detenido en septiembre de 2015 en Taxco. Sin embargo, fue liberado en 2019, luego de que un Juez lo absolviera de los cargos que se le imputaban.
Por su parte, “El Cepillo” es considerado una pieza clave en el caso Ayotzinapa, siendo uno de los principales operadores del grupo criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, en 2018, Rodríguez Salgado fue liberado, debido a que un debido a que un Juez federal consideró que no había pruebas suficientes para inculparlos, pese a que en 2014, confesó su participación directa en la desaparición de los normalistas, no obstante, se presume que esta confesión se obtuvo mediante tortura.
No obstante, tres de los principales prófugos por este caso son exfuncionarios que dejaron el país en el marco de las investigaciones.
Es el caso de Tomás Zerón, quien cuenta con dos órdenes de aprehensión: la primera se giró en marzo de 2020 por el delito de tortura, y en abril de 2021 la Fiscalía General de la Republica (FGR) obtuvo la segunda orden por su presunta responsabilidad en actos de tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”.
Tomás Zerón ha sido señalado como un agente clave detrás de la “verdad histórica” junto al exprocurador Jesús Murillo Karam, detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014.
El exdirector de la AIC ha sido acusado de tortura en el caso de Ayotzinapa y rechazó el criterio de oportunidad que le ofreció la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa de cooperar en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas. Otro caso es de Ulises Bernabé, el exjuez de barandilla de Iguala, Guerrero, quien habló con un grupo de al menos 17 jóvenes la noche de la desaparición, según se desprende del Tercer Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
“La relevancia de este probable responsable radica en que pudo haber tenido contacto con estudiantes que aparentemente fueron detenidos y llevados a la comandancia de Iguala donde él era juez. Acorde con declaraciones que obran en las carpetas de investigación, se desprende que él pudo haber entrevistado a los jóvenes y con ello haber obtenido datos relevantes sobre su paradero”, informó la Comisión del caso.
Y ahonda: “Se advierte que un grupo de al menos 17 estudiantes fue llevado, durante las primeras horas del 27 de septiembre de 2014, a la comandancia por policías municipales de Iguala, Guerrero, por un breve tiempo. El exjuez de barandilla habría sido omiso en registrarlos en sus bitácoras y minutos más tarde, los entregaría al Subdirector de Seguridad Pública de ese municipio, Francisco “N”, para que fueran trasladados a otro destino y finalmente ser entregados a miembros de la organización delincuencial Guerreros Unidos”.
Desde 2015, la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General) obtuvo una orden de aprehensión en contra del juzgador “por su probable responsabilidad en los hechos de la desaparición de los estudiantes, pues de la evidencia documental y testimonios que obran en la indagatoria”.
Ulises evadió la acción de la justicia huyendo a Estados Unidos, mientras que en México se alertó su acción fugitiva y se solicitó la emisión de una ficha roja a la Interpol, dice el informe. No obstante, el exjuez de barandilla ingresó a la Unión Americana desde abril de 2015, “cuando aparentemente solicitó de manera formal el otorgamiento de asilo político, iniciando un proceso en el que declaró que los estudiantes nunca fueron llevados a la comandancia de Iguala; además señaló que era perseguido por ser detractor de la verdad histórica, y que temía por su integridad”.
De acuerdo con la sentencia de la Corte que le otorgó el asilo, el ex juez de Iguala declaró que los militares fueron quienes tuvieron la custodia de los estudiantes. El Departamento de Justicia del gobierno de los Estados Unidos de América le otorgó en 2020 a dicho exjuez el derecho de asilo que solicitó en 2015 al determinar que era verídico su testimonio sobre cómo el Ejército mexicano estuvo presente durante los ataques y desaparición de los estudiantes.
El informe del Caso Ayotzinapa denuncia que el Tribunal de migración estadounidense ignoró la orden de aprehensión que existía desde 2015 en contra del exjuez Ulises Bernábe por los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Esa orden de detención, añade, estuvo vigente hasta inicios de 2023 cuando el presunto responsable tramitó un amparo en su contra.
De igual forma se ha pedido la extradición de Abraham Eslava Arvizu, exmando de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a quien se le persigue por las presuntas torturas a un supuesto miembro de Guerreros Unidos implicado en el caso, quien también vive en Estados Unidos y cuyo proceso de extradición tampoco ha reportado avances.
En octubre de 2022, un juez de control ordenó la detención de Eslava Arvizu, acusado de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos. El ex mando de la PGR también participó en la diligencia del Río San Juan, encabezada por Tomás Zerón de Lucio, en la que habrían encontrado las bolsas con restos de los estudiantes, una escena que fue manipulada.
En agosto de 2022, Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, fue detenido acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia. La Fiscalía General de la República lo señaló como uno de los presuntos responsables de impedir el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, con la llamada “verdad histórica”. Tras su detención, el exfuncionario fue ingresado al Reclusorio Norte y en abril de 2024 se le concedió la prisión domiciliaria bajo el argumento de diversos padecimientos de salud.
En noviembre de 2024, se detuvo a Alejandro Palacios, alias “El Cholo”, presunto líder de Guerreros Unidos y presuntamente involucrado en un ataque registrado la misma noche en que ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero. El arresto ocurrió en el Estado de México luego de que "El Gil” señaló que “El Cholo” fue responsable del ataque a un autobús con jugadores del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, ocurrido la misma noche de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En octubre de 2022, fue detenido Leonardo Octavio Vázquez Pérez, exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, por el delito de presunta delincuencia organizada, ya que estaría relacionado con el cártel de Guerreros Unidos, organización de la que habría recibido recibió 300 mil dólares, y por omitir información sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, según señalamientos de Sidronio Casarrubias Salgado, exlíder de Guerreros Unidos.
Por su parte, Casarrubias Salgado, alias “El Chino”, fue detenido en 2014, acusado de los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de uso exclusivo del Ejército, pero en mayo de 2023, un Juez federal absolvió del delito de delincuencia organizada al presunto líder del grupo Guerreros Unidos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo acreditar la existencia de esa organización delictiva a la que se le acusa de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En octubre de 2016, fue detenido Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad de Iguala, Guerrero, por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las primeras investigaciones apuntaron a que el exjefe de la Policía de Iguala ordenó la entrega de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en Iguala a la organización criminal de Guerreros Unidos. En junio de 2024, un juez federal inició un tercer juicio en contra el exmando policiaco, por presunta delincuencia organizada.
El pasado mes de mayo, fue detenida Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos cometidos contra la administración de justicia por un servidor público, relacionados con la presunta destrucción de evidencia del caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, quienes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala de la Independencia.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) aseguró en un informe, emitido en agosto del 2022, que la entonces magistrada ordenó la destrucción de videos de la noche del 26 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron a los 43 normalistas, captados por las seis cámaras de seguridad, colocadas en el exterior del edificio del Palacio de Justicia de Iguala de la Independencia, argumentando que las imágenes “no eran claras, por problemas técnicos”.
La Comisión afirmó que en dichas imágenes se observaba el momento en que un grupo de policías municipales de Huitzuco y de Iguala, así como agentes estatales y de la ahora extinta Policía Federal (PF), además de miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, bajan de un autobús a 20 normalistas de Ayotzinapa, quienes al igual que otros 23 estudiantes de la misma institución educativa, continúan desaparecidos hasta la fecha.
En junio de 2025, Edgar Damián Sandoval Albarrán, conocido como "La Rana" o "El Wereke", uno de los testigos clave en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue deportado por el Gobierno de Estados Unidos a México para enfrentar por su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. “La Rana” fue detenido tras ingresar ilegalmente a territorio estadounidense, tras lo cual se solicitó su detención provisional con fines de extradición.
"La Rana" se desempeñaba como halcón y sicario de Guerreros Unidos, la organización criminal responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. El presunto criminal sería una de las últimas personas que tuvo contacto con los normalistas, según el testimonio de Jonathan Osorio Cortes, alias “El Jona”.
Osorio Cortes declaró el 28 de octubre de 2014 a la FGR que se encontró con una camioneta blanca en la que viajaban aproximadamente 40 personas que eran cuidados por “El Cepillo”, “La Rana”, “El Duba”, y “El Peluco”. “‘La Rana’, bajo a cuatro personas en forma aleatoria y los paso a la estaquitas en la que íbamos nosotros, para esto quiero decir que una de las personas que pasaron ya estaba muerta, tenía una herida en la cabeza, el cuerpo estaba frío lo que me indicaba que ya tenía rato de que estaba muerto”, dijo “El Jona”.
En junio pasado, un Tribunal Colegiado confirmó la absolución de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, respecto al secuestro de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La decisión ocurrió luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito de Tamaulipas rechazó el amparo interpuesto por los padres y madres de las víctimas sobre la sentencia absolutoria que impuso el exintegrante del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en 2023.
Según el expediente, el amparo buscaba revertir el fallo emitido por el mismo circuito, que exoneró tanto a Abarca Velázquez como al exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, de los cargos de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro y delitos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, la resolución de dicho Tribunal confirmó la sentencia original dictada en 2019 por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, dentro de la causa penal 66/2015.
Pese a ello, Abarca Velázquez seguirá preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, debido a que está sujeto a un proceso por los delitos de lavado de dinero y contra la salud. Además, continúa con una condena de 20 años de prisión por el homicidio calificado cometido hace 12 años en contra de quien era su síndico administrador, Justino Carvajal Salgado, sobrino del Senador Félix Salgado Macedonio.
En enero de 2024, la Jueza federal Raquel Cedillo Duarte determinó que ochos militares presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa, anteriormente liberados y aprehendidos de nuevo ese mismo mes, permanecerán privados de su libertad y serán procesados por el delito de delincuencia organizada. Se trata de: Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
En números generales, de acuerdo con los informes de la Covaj de la Secretaría de Gobernación (Segob), se ha procesado a 151 personas –134 civiles, 16 militares, un miembro de la marina–; hay en proceso y/o pendientes 60 órdenes de aprehensión y hay tres procesos de extradición en curso. En el caso del grupo de militares, resaltan los casos del General José, Comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala; el Capitán José que entervino en el Hospital Cristina y en la barandilla de la policía municipal de Iguala y el Subteniente Fabián.
Son en total 14 elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) detenidos entre los que están además tres cabos y 10 soldados; aún hay seis órdenes de militares por ejecutar. Sin embargo, como resultado de estas acciones, lo que se tiene hasta la fecha es que al General José N se le otorgó una suspensión provisional y 11 de los acusados presentaron una denuncia penal contra Alejandro Encinas, ex titular de la CoVAJ.
– Con información de Zeta y Daniela Barragán
