Durante la gestión de David Colmenares en la Auditoría Superior de la Federación (2018-actual) se ha reducido el número de denuncias presentadas por la Auditoría de Seguimiento ante la FGR y los hechos en proceso de solventar se quedan hasta cuatro años congelados en esa área, que es titulada por un cercano, Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, consultor de Colmenares Páramo y Asociados.
Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).– El caso de Alejandro Gertz Manero no es el único en el agravamiento de la impunidad. El otro es el Auditor Superior de la Federación David Colmenares Páramo. Los dos tienen las mismas características para garantizar impunidad: se apoderaron del control de las instituciones bajo su cargo además de ser grandes amigos de la oposición, lo que explica que pocas veces se les critique, además han tenido una buena relación con uno de los personajes más cuestionados del oficialismo Ricardo Monreal Ávila.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), por ejemplo, redujo el número de denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) debido a los cambios normativos realizados por el Auditor Superior, David Colmenares Páramo, dijo Gerardo Lozano, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero que renunció en noviembre de 2021 por diferencias con él, al tiempo que advirtió que su reelección en 2026 sería “una tragedia” para el combate a la corrupción e impunidad.
La Auditoría es un órgano vigilado por la Cámara de Diputados, cuya principal función es detectar y denunciar posibles desvíos de recursos públicos a nivel local y federal. Su dirección debe renovarse en marzo de 2026, pero Colmenares, que fue designado por la Cámara de Diputados peñista en marzo de 2018, tiene la posibilidad legal de buscar la reelección por ocho años más, hasta 2034.
"La reelección de David Colmenares sería una tragedia para el combate a la corrupción y la impunidad en este país. Él no ha sido alguien que le interese combatir la corrupción. Hoy el discurso es 'nosotros le damos preferencia a la prevención', cuando no está dentro de los objetivos de la Auditoría Superior la prevención. Y hoy nos dice el Auditor que hay un 'gran entendimiento con los funcionarios de alto nivel de las instituciones' y por eso las cosas se solucionan muy rápido. Pues no sé qué entendamos por eso, qué tipo de soluciones. Porque es al más alto nivel donde se hacen los acuerdos para no avanzar en los procesos sancionatorios que tendrían que seguir", afirmó en entrevista el exauditor Gerardo Lozano de 2017 a 2021. "No voy a entrar en detalles, pero hubo un asunto con la Cámara de Diputados".
A partir de los cambios normativos que Colmenares hizo unilateralmente en agosto de 2021, solo el Auditor Especial de Seguimiento tiene la facultad de presentar denuncias penales ante la Fiscalía General. El Auditor es Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, consultor desde 2008 de Colmenares Páramo y Asociados. Es muy cercano a Colmenares desde que ambos laboraron en la Secretaría de Finanzas de Oaxaca en los ochenta. Ibáñez Aguirre también fue asesor en 2006 del Diputado por Oaxaca José Luis Varela Lagunas, y sustituyó en 2021 en la Auditoría de Seguimiento a Isaac Rojkind, quien dejó el cargo por su cercanía a Rosario Robles, Secretaria de Estado vinculada a la Estafa Maestra.
La Auditoría Superior de la Federación también puede presentar advertencias para sanciones administrativas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Colmenares fue Contralor de este Tribunal entre 2014 y 2015, cuando tejió alianzas con Guillermo Valls Esponda, el Magistrado propuesto por Enrique Peña Nieto.
De la fiscalización realizada de 2019 a 2022, se han presentado solo 27 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de la FGR y solo 12 asuntos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; esto es, plantea el exauditor Lozano en su reciente columna periodística, solo 39 acciones que buscan alguna sanción de los 5 mil 513 asuntos observados con alguna posible irregularidad que suman más de 127 mil millones de pesos.
El exauditor de Gasto Federalizado, Emilio Barriga –que renunció al cargo a mediados de octubre– es uno de los aspirantes a sustituir a Colmenares apostando a auditar el 100 por ciento de los montos con ayuda de la tecnología, pero su excompañero auditor Lozano cuestionó que desde su área presentó pocas denuncias penales cuando aún estaban facultados para ello y en sus auditorías omitía el nombre de las empresas fiscalizadas.
"Las áreas auditoras se volvieron maquiladoras de auditorías. Es decir, sí, ve, haz la auditoría, obtienes los resultados, pero tú ya no vas a influir en las consecuencias sobre esos resultados (...) Hay denuncias que no se hicieron para no incomodar y para no molestar. En la Auditoría Superior hay una política laxa en ese sentido, de componendas en el sentido de que no vamos a denunciar a personas que pudieran tener una importancia política", dijo Lozano, que veía la parte de Gobierno federal.
Denuncias a la baja
El 25 de agosto de 2021, sin avisar a los auditores, el Auditor Superior David Colmenares cambió el reglamento interior de la Auditoría Superior de la Federación. Con ello "debilitó" su capacidad de fiscalizar y concentró las decisiones de presentar denuncias de hechos en una sola persona, su incondicional amigo Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, expuso Gerardo Lozano, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero (2017-2021).
"El Auditor Superior tiene facultades exclusivas para mover el reglamento interno, lo cual me parece ilógico, que una persona concentre tanto poder", dijo. "Hay casi tres mil personas trabajando ahí y una sola persona puede decidir exactamente cómo mover el funcionamiento de una institución sin que le tenga que pedir opinión o autorización a nadie. Y esto es muy grave, porque entonces lo que hizo fue crear islas donde tú no sabes lo que está pasando en la isla de junto. Tú simplemente haces tu trabajo y las decisiones se toman ahí en la isla de en medio; ahí hay un señor que toma las decisiones y él va a decidir si lo que tú hiciste se solventa, se aclara, si se va a denunciar algo o se va a mandar para sancionar administrativamente. De ahí te puedo decir que el número de denuncias que se han presentado han ido considerablemente a la baja".
Con estos cambios, desapareció el Consejo de Dirección, que era un órgano para tomar acuerdos en consulta; desapareció la Auditoría Interna, que autovigilaba el funcionamiento de la Auditoría Superior, y, lo más importante, le quitó a las áreas auditoras la facultad para elaborar dictámenes técnicos y presentar denuncias de hechos ante el hallazgo de posibles irregularidades en el uso de recursos públicos.
Esta facultad se otorgó de manera exclusiva a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación. Hasta febrero de 2021 –antes de los cambios normativos– fue dirigida por Isaac Rojkind Orleansky, colaborador de la Secretaria Rosario Robles, entonces indagada por la Estafa Maestra. Desde 2021 el Auditor es Nemesio Arturo Ibañez Aguirre, consultor de Colmenares Páramo y Asociados, amigo de Colmenares desde que ambos laboraron en la Secretaría de Finanzas de Oaxaca en los ochenta.
"Con esto concentra prácticamente ya las facultades o las decisiones de todo lo que se aclaraba o no se aclaraba o lo que se denunciaba o lo que se manda al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Todo lo deja en un área de seguimiento que creó el Auditor en 2018. Y esto qué implica: concentración de funciones prácticamente en una persona", dijo en entrevista el exauditor Gerardo Lozano.
Diputados a modo
En noviembre de 2021 el aún Auditor Gerardo Lozano advirtió de las consecuencias por los ajustes al reglamento interno al Diputado del PRI, Pablo Guillermo Angulo Briseño, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados (65 Legislatura), y previamente lo planteó directo a David Colmenares. Pero no hubo consecuencias porque, evocó, el propio Colmenares le llegó a decir que esa Comisión de Vigilancia le "cayó como anillo al dedo".
"Le había mandado una carta a la Comisión de Vigilancia muy seria, muy amplia, donde les hice ver las consecuencias de lo que iba a suceder con las modificaciones que le había hecho David Colmenares, el Auditor Superior, al reglamento, pero tampoco hubo consecuencia. Más bien como me lo dijo a mí el Auditor: 'nombre, esta Comisión me cayó como anillo al dedo' Porque llegaron personas que él conocía", afirmó Lozano.
651b1329-6637-41fc-b200-147abd0b99c3
SinEmbargo informó previamente que David Colmenares tiene una amplia trayectoria política en el PRI y ha sido señalado por la falta de resultados, el debilitamiento de las auditorías forenses y el uso político de los nombramientos internos. Nombró como director General Jurídico de la ASF a Heladio Elías Ramírez Pineda, hijo del exgobernador Heladio Ramírez que inició la carrera política de Colmenares en Oaxaca. De igual forma colocó en la Unidad de Asuntos Jurídicos a Víctor Manuel Andrade, hermano de Virgilio Andrade, exsecretario de la Función Pública que absolvió a Peña Nieto del caso de la Casa Blanca.
La exauditora forense Muna Dora Buchahin, despedida por Colmenares, lo califica como un "títere" del grupo que lo llevó al poder: el PRI. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría en la LXV Legislatura era el Diputado del PRI Pablo Guillermo Angulo Briseño. Otras integrantes priistas forman parte del núcleo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, la ahora Senadora Carolina Viggiano, esposa del operador político de Alejandro Moreno, Rubén Moreira; y Cristina Ruiz, que fue presidenta de la comisión de presupuesto del partido.
En su libro La casa sucia (Grijalbo, 2024), Muna Dora recuerda aquella comparecencia de Colmenares ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en julio de 2023, cuando la Diputada morenista Inés Parra Juárez se acercó y le dejó una olla con adentro ratas de juguete "por ser un tapador de la corrupción desde el Gobierno de Peña Nieto y del Gobierno actual", le comentó a la prensa y ejemplificó con falta de auditorías a la Conade. Señaló a Colmenares de realizar "auditorías a modo" y de ayudar a solventar auditorías en Oaxaca, donde comenzó su carrera política en el Gobierno de Heladio Ramírez.
"Hay muchas auditorías, pero no denuncias. ¿De verdad estamos por el efectivo combate a la corrupción o por la mera simulación? La corrupción es el cáncer”, cuestionó Parra al resto de diputados. Y agregó: "hay toda una política de encubrimiento por parte de una mayoría de legisladores de todos los partidos en colusión con los auditores de la Auditoría Superior".
En los tres años y medio que Gerardo Lozano fue Auditor Especial de Cumplimiento Financiero (2017-2021) presentó 138 denuncias penales por 21 mil millones de pesos, incluyendo casi 30 denuncias sobre la Estafa Maestra por 3 mil millones de pesos, por el Paso Express (donde se abrió un socavón en Morelos), el caso Odebrecht, la compra de Pemex de la planta chatarra de Agronitrogenados y la de Fertinal.
"Cuando te quitan esa facultad, ya no le encontré ningún sentido a permanecer en la Auditoría Superior", planteó Lozano.
En el 2017-2021, cuando aún las áreas de auditorías podían presentar denuncias, el Auditor de Gasto Federalizado Emilio Barriga –que busca la dirección en 2026– "presentó muy pocas denuncias. A mí me llamaba siempre la atención y decía 'Bueno, que él no se da cuenta que parte de su responsabilidad es ver qué es lo que está pendiente y presentar denuncias'. Presentó muy pocas".
Colmenares se desempeñó también como Auditor Especial del Gasto Federalizado en la ASF de 2012 a 2013, pero se le despidió por su pobre desempeño en auditar el Gobierno de Andrés Granier en Tabasco. En las cuentas públicas que le tocó fiscalizar a Emilio Barriga desde esa área de gasto federalizado –que fue 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y parte de 2024–, solo hay 14 denuncias originadas en esos ejercicios por lo que se refiere a Gasto Federalizado, es decir, los recursos federales enviados a estados y municipios.
Emilio Barriga, exauditor que busca la titularidad de la ASF en 2026, comentó en entrevista que en sus ocho años en el área de Gasto Federalizado implementó un proceso de renovación digital y tecnológica en la Auditoría Especial del Gasto Federalizado para –con la Ley de Fiscalización aprobada en 2020– iniciar con auditorías digitales a todos los estados y todos los fondos (salud, infraestructura, agua, educación media...). En la Cuenta Pública 2024 fueron más de 5 mil millones de pesos pendientes por aclarar, de los cuales el 90 por ciento es de gasto federalizado, es decir, de los gobiernos estatales, municipios, universidades públicas.
"Pasé de auditar alrededor de 250 municipios (de manera presencial) a estar auditando en la actualidad casi mil 100 municipios (casi la mitad en el país), se incrementó la cobertura del 7 al 40 por ciento de los municipios. A todos los estados se les auditan todos sus fondos federales. No hay discrecionalidad", agregó, respecto a antes de la Cuenta Pública 2019, cuando solo se auditaba a ciertos estados y ciertos fondos.
"Lo que ofrezco como proyecto para los próximos años en la Auditoría Superior de la Federación es replicar este modelo de innovación digital tecnológica, ofrezco replicar este modelo de universalidad, de auditar todo a todos. Al Gobierno federal se le debe de auditar todo en la medida de lo posible porque además la tecnología (análisis de big data de facturas, contratos, estados de cuenta bancarios en días) ya nos los permite. Además nos permite hacer tiros de mucha precisión en nuestras auditorías antes de salir a a formalmente auditar a los entes públicos", expuso Barriga.
–¿Tuvo un rompimiento con David Colmenares?–se le preguntó.
–Tomé la determinación de contender una vez que inicie el proceso y la convocatoria para elegir al nuevo Auditor Superior de la Federación y, por respeto a la institución, lo estoy haciendo desde fuera. Tenemos proyectos diferentes, hay que decirlo, mi proyecto es un proyecto hacia futuro, a innovar, hacia poner a la Auditoría Superior de la Federación como un ente ejemplar a nivel internacional. Quiero que mi proyecto, que es independiente, se materialice y se presente desde fuera de la institución y por eso tomé la determinación de salir de la Auditoría Superior de la Federación.
–Más allá de tener proyectos diferentes, ¿usted no coincide con los señalamientos de que ha politizado a la Auditoría y por ello se ha dejado de auditar lo suficiente?
–Yo puedo hablar por el área donde fui responsable, la auditoría especial del gasto federalizado, ahí están los números, el incremento en la cobertura, la universalidad en el criterio para auditar a todos, todo. Hay 35 universidades públicas estatales en nuestro país. Se auditaban a las 35 universidades y les auditaba todo su recurso federal. De hecho, implementé un nuevo modelo de auditoría en nuestras universidades públicas estatales y en las universidades tecnológicas, politécnicas, colegios de bachilleres, universidades interculturales, que nunca se habían auditado, un modelo que le llamamos de auditoría integral. ¿Y esto qué significa? Que en una sola auditoría les auditaba todo su recurso federal.
Sobre la disminución en auditorías forenses tras el despido de Muna Dora, Barriga comentó que había un área de Auditoría forense que auditaba al Gobierno federal como el Poder Legislativo o Pemex, que depende de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, y él propuso una área de auditorías forenses para el tema de gasto federalizado.
Pero, además de las pocas denuncias presentadas por Barriga, el exauditor Lozano agregó que en los informes de gasto federalizado no se transparentan los nombres de los proveedores, esto es, quiénes está contratando los estados y los municipios. "Viene ahí la narrativa de la auditoría que se realizó, pero no vienen los nombres de las personas/empresas. Ahí hay un tema de opacidad importante. Entonces, no necesitamos a un Auditor Superior opaco, necesitamos que haya una absoluta transparencia", afirmó Lozano.
En general, dijo, existe un ambiente de opacidad en la Auditoría Superior. Cuando se recibían las solicitudes de información de ciudadanos a través del INAI, "siempre hubo una gran resistencia a que se presentara la información solicitada", recordó.
Cuello de botella
Además de la disminución en la presentación de denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, se presenta un "cuello de botella" en la Auditoría Especial de Seguimiento, la única con la facultad de presentar una denuncia una vez realizado el dictamen sobre solventación, esto es, después de que los entes fiscalizados ya tuvieron los días reglamentados para solventar la posible irregularidad.
"La Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, que vigila el desempeño de la Auditoría Superior, ha señalado que hay un cuello de botella y los asuntos pueden pasar en esa área de seguimiento hasta más de cuatro años posiblemente, si consideramos la etapa de seguimiento", afirmó Lozano.
La etapa de seguimiento está regulada: a partir de que surgen los informes de Cuenta Pública que se presentan a la Cámara de Diputados (y se publican en la página de la ASF), existe un plazo de 10 días para notificarle al ente fiscalizado, quien tiene 30 días hábiles para aportar la documentación que considere que pueda solventar lo observado.
Con esta información, la Auditoría Superior tiene 120 días hábiles para poder pronunciarse sobre si la información y/o documentación que entregó el ente fiscalizado solventa o no solventa. Y ahí se emite un dictamen para efecto de conocer si solventó o no solventó.
"Ese dictamen no es público, lamentablemente. Yo creo que debería de ser público, porque para mí es el cierre de la fiscalización. Es decir, todavía tuviste la oportunidad de aclararme y de entregarme la documentación soporte, la evidencia de que un asunto quedó solventado o ahí se determina que no se solventó", comentó Lozano.
Si no se solventa, pasa al área de investigaciones y ahí "puede dormir mucho tiempo, años, años", y por ello también se redujo la presentación de denuncias penales.
