La transformación del campo mexicano no solo depende de nuevas inversiones o de la renegociación comercial con Estados Unidos y Canadá, sino de un viraje profundo en la forma en que el país produce y distribuye sus alimentos. En entrevista con "Los Periodistas", el Secretario Julio Berdegué señaló que el futuro agrícola de México se juega en tres frentes simultáneos: garantizar el derecho constitucional a la alimentación, corregir décadas de abandono institucional y poner fin a las desigualdades que mantienen a millones de campesinos en pobreza extrema.
Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- Julio Berdegué Sacristán, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, afirmó que 2026 será un año definitorio para el campo mexicano, tanto por los retos de la renegociación del T-MEC como por el impulso de la soberanía alimentaria que, asegura, permitirá reducir de manera sustantiva la pobreza extrema en el medio rural.
En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas", que se transmite a través de YouTube por el canal de SinEmbargo Al Aire, el funcionario reconoció avances derivados del libre comercio, pero también problemas estructurales que deben corregirse por interés nacional, como las condiciones laborales inaceptables a las que se enfrentan miles de jornaleros, la deforestación acelerada en zonas agroexportadoras y una competencia desigual frente a los subsidios agrícolas de Estados Unidos.
“De hecho, el 2025 preparó el terreno, pero 2026 será fundamental y muy desafiante para el sector agropecuario. El tratado con Estados Unidos y Canadá ha sido muy importante para el campo mexicano”, explica. La Presidenta, recuerda, ha insistido en que el T-MEC ha traído beneficios, “pero también desafíos significativos que debemos atender. Ningún tratado de libre comercio es pura ganancia; siempre hay matices”.
El acceso al mercado norteamericano impulsó la agroexportación de frutas, verduras y productos agroindustriales, lo que detonó crecimiento en regiones orientadas a ese modelo. Sin embargo, Berdegué subraya que esos éxitos tienen un lado oscuro.
“Tenemos una situación inaceptable para muchos jornaleros que trabajan en cultivos de exportación en condiciones que no cumplen la ley ni estándares básicos de derechos humanos. Eso debe corregirse”, advierte. A esto se suma la aceleración de procesos de deforestación, particularmente en plantaciones de aguacate en Michoacán y Jalisco.
A nivel estructural, la integración con Estados Unidos también ha colocado a los productores de granos frente a una competencia profundamente desigual.
“Solo en maíz, los subsidios directos en 2024 suman 3,200 millones de dólares, prácticamente el 100 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Agricultura. Así que competimos no solo contra su productividad, sino contra el tamaño de sus apoyos”, señala. Frente a ese desequilibrio, el gobierno mantiene una convicción firme: “avanzar hacia la soberanía alimentaria, dejar de ser dependientes de lo mínimo que comemos”.
El camino hacia esa meta tiene fechas claras. Para 2030, México busca producir 25 millones de toneladas de maíz blanco. Berdegué detalla que 2025 cerrará con “una muy buena cosecha”: 18 millones de toneladas del ciclo primavera–verano y unas 5 millones que aportará Sinaloa, con lo que el país se ubicará “2 o 3 millones por encima del consumo nacional”. Esa estabilidad, afirma, dependerá del plan de tecnificación de riego en 17 distritos, que permitirá ordenar 200 mil hectáreas y evitar desplomes como el del año pasado.
Respecto al frijol, Berdegué dijo que el problema de fondo es la desaparición de la Productora Nacional de Semillas durante los gobiernos neoliberales.
“La Presidenta instruyó reactivar la producción de semillas de alta calidad y ya vimos resultados en Zacatecas y Durango, donde productores están duplicando o triplicando sus rendimientos por hectárea”, dice.
El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que el objetivo es claro: recuperar la autosuficiencia. En arroz, México buscará duplicar la producción, aunque aún no será suficiente para dejar de importar. Y en leche, el programa Leche para el Bienestar vive una expansión histórica.
“Beneficia hoy a 7.5 millones de personas y en 2028 llegará a 10 millones… pagan 8.5 pesos el litro frente a los 72 del supermercado, y toda la leche es producida por pequeños y medianos ganaderos”.
La infraestructura para garantizar ese abasto también está cambiando. Este diciembre se inaugurará la planta pasteurizadora de Campeche, que pondrá fin al traslado absurdo de leche desde el sur hasta el centro del país para procesarla y regresarla. La nueva planta de Jiquilpan reforzará la producción de leche en polvo.
“En 2028, Leche para el Bienestar será el segundo mayor comprador de leche del país, con política de cero importaciones”, asegura.
Todo este andamiaje, fertilizantes gratuitos, Producción para el Bienestar, becas, apoyos a adultos mayores, busca “reducir aún más la pobreza rural”, donde más de seis millones de personas continúan en pobreza extrema.
En este proceso, la reforma del agua se presenta como pilar para el futuro. “Tendremos menos agua por habitante debido al cambio climático, el crecimiento demográfico y mayor demanda industrial. Eso afecta gravemente a productores agrícolas y ganaderos. La reforma dará estabilidad”, señala.
Julio Berdegué describe un panorama donde “hay un acaparamiento feroz del agua” mediante compras masivas de concesiones, acumulación de volúmenes gigantescos y trámites plagados de irregularidades. El caso de la familia LeBarón, “47 millones de metros cúbicos mediante 150 registros, algunos otorgados cuando ellos mismos ocupaban cargos públicos”, ilustra lo que debe erradicarse. “Eso no puede seguir ocurriendo”, sentencia.
Berdegué celebra que tras la firma del Acuerdo Nacional del Agua muchas empresas devolvieron voluntariamente miles de millones de metros cúbicos, pero advierte que para quienes no cooperen “habrá regulación estricta”. Define el agua como “un derecho humano y un asunto de seguridad nacional. No puede dejarse al mercado”.
En paralelo, se trabaja en prevenir conflictos sociales, especialmente en el sector de granos. “Hay demandas legítimas y también intereses que buscan sacar ventaja”, señala. Distingue entre productores y acaparadores: “A veces se mezclan, pero no son lo mismo”. En Sinaloa, afirma, el gobierno logró que “80 por ciento de los productores aceptaran la compra de maíz en un esquema que les da estabilidad y certidumbre”. Con tecnificación y acompañamiento, dice, habrá menos tensiones.
El Secretario también reconoció que existe un rezago histórico en infraestructura hídrica y agrícola. “Tecnificar 200 mil hectáreas puede parecer poco, pero es muchísimo para un país que llevaba décadas sin invertir de manera seria en esto”, apunta. Los beneficios son múltiples: productividad, resiliencia a la sequía, ingresos más altos y sostenibilidad ambiental.
Otro de los pendientes centrales es la situación de los jornaleros. “Hay situaciones verdaderamente inaceptables [...] hacinamiento, falta de contratos, trabajo infantil. Eso no puede seguir ocurriendo”. La Presidenta ordenó inspecciones más estrictas, sanciones y coordinación con estados y municipios, además de un llamado directo a las empresas agroexportadoras. “Si quieren seguir siendo competitivas, deben respetar los derechos laborales y humanos”.
Al se cuestionado sobre cómo imagina el campo en 2028, Berdegué responde con una visión que resume el proyecto completo.
“Con menos pobreza, más productividad y más justicia. Con jornaleros respetados. Con agua administrada responsablemente. Con menos dependencia del exterior en alimentos básicos. Con un sur-sureste integrado al desarrollo nacional. Y con un tratado comercial que funcione para todos, no solo para unos cuantos. Eso es lo que estamos construyendo”.
