Políticos, periodistas y funcionarios educativos han chocado con Layda Sansores. Entre ellos, el exrector José Alberto Abud Flores y legisladores de Morena, como Antonio Jiménez Gutiérrez.
Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).– La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, vuelve a colocarse en el centro de la polémica. Esta vez, por el rompimiento con la bancada de Morena en el Congreso local, donde al menos 10 de los 16 diputados la acusan de persecución política. Aunque la mandataria negó nuevamente los señalamientos, lo cierto es que no es la primera vez que su Gobierno aparece ligado a acusaciones por abuso de poder y uso de la justicia como herramienta de acoso judicial.
Políticos, periodistas y funcionarios del sector educativo integran la lista de personajes que han chocado con Sansores. Entre ellos, el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, y ahora también legisladores de su propio partido, incluido el expresidente del Congreso, Antonio Jiménez Gutiérrez, con quien el Gobierno estatal mantiene una ruptura abierta.
“A todos en Campeche: serenidad, paciencia, paz y amor a todos”, pidió la Presidenta Claudia Sheinbaum el pasado martes 3 de febrero, al ser cuestionada sobre los legisladores campechanos.
La Presidenta no abundó más en el tema. Tampoco ha profundizado en los señalamientos que rodean a Layda Sansores, sin embargo, sí ha sido muy clara en cuanto a los límites del poder político. El 15 de enero, al referirse a la detención del exrector Abud Flores, afirmó: “No puede haber en México ninguna detención que tenga que ver con un asunto político. No se puede usar la justicia como una vendetta política”.
No pasó ni un mes cuando Sansores volvió a quedar envuelta en nuevas acusaciones. Esta vez, el señalamiento provino del propio Presidente del Congreso de Campeche. Antonio Jiménez denunció que elementos de la Fiscalía estatal habrían vigilado el recinto legislativo con la intención de detenerlo a él y a otro Diputado, como represalia por oponerse a la Ley de Ingresos 2026, que contemplaba contratar mil millones de pesos de deuda pública.
Ante cada acusación, la respuesta de la Gobernadora ha sido la misma: negar cualquier persecución. Sin embargo, los casos se acumulan y, en Campeche, la crítica parece no tener espacio cuando apunta al poder.
SinEmbargo buscó entrevistas con Jiménez y con el diputado Omar Talango, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.
El rector y los periodistas
El caso de José Alberto Abud Flores es uno de los más emblemáticos. El entonces rector fue detenido dentro de la UACAM por policías estatales y acusado de posesión simple de drogas, en un operativo que provocó un conflicto con el Consejo Universitario. Su defensa denunció una detención irregular ligada a los choques públicos con Sansores. Abud fue liberado, pero destituido, y posteriormente acusó intervención indebida de la Gobernadora en la vida universitaria, incluida presión para imponer funcionarios y ceder patrimonio institucional.
A esto se suman resoluciones judiciales contra periodistas.
En agosto de 2025, el Tribunal Electoral ordenó a Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali ofrecer disculpas públicas a Sansores, tras considerar que columnas críticas constituían violencia política de género. El fallo se agregó a otras medidas denunciadas como intentos de contener la crítica, como la orden judicial que prohibió al periodista Jorge Luis González Valdez y al diario Tribuna Campeche referirse a la Gobernadora, además de imponer un “interventor” para revisar contenidos antes de su publicación.
En octubre de ese mismo año, la Fiscalía estatal exigió al medio Telemar información detallada sobre su personal editorial, acción que la empresa calificó como un intento de control y censura.
Los enfrentamientos no se han limitado a lo local. En 2022, Sansores llamó “traidor” al Senador Ricardo Monreal Ávila y difundió audios que el legislador calificó como “basura falsa y truqueada”. En 2023, acusó también a Ignacio Mier Velazco de operar a favor de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI.
A los señalamientos por presunto acoso judicial se suman episodios que han alimentado una imagen de frivolidad. En febrero de 2025, Sansores difundió fotografías caracterizada como María Antonieta, lo que desató críticas por la desconexión con la realidad de un estado golpeado por la pobreza y la inseguridad. En agosto de ese año, fue captada viajando a Europa días antes de su Cuarto Informe; su vocero aseguró que el viaje fue personal, pero la polémica estalló.
¿Cómo fue la ruptura con los diputados?
El origen del conflicto en Campeche, entre Layda Sansores y la mayoría de los legisladores morenistas, se remonta a diciembre pasado, cuando el Congreso de Campeche recibió la iniciativa de Ley de Ingresos 2026. La propuesta incluía la contratación de deuda pública por mil millones de pesos. Antonio Jiménez, entonces líder de la bancada de Morena, sostuvo que la iniciativa sería analizada con detenimiento y que el grupo parlamentario buscaría alternativas para evitar endeudar al estado. Pese a ello, finalmente el endeudamiento fue aprobado.
Pero no fue hasta el pasado 31 de enero que la crisis política se profundizó y quedó exhibida durante la sesión previa al inicio del periodo ordinario de sesiones. Ese día se eligió a la nueva Mesa Directiva del Congreso. Jiménez, quien presidía el órgano legislativo, fue destituido.
El Congreso de Campeche está integrado por 35 legisladores. Morena es la primera fuerza, con 16 diputados; le siguen Movimiento Ciudadano, con 10; el PRI, con tres; el PVEM y el PT, con dos cada uno, y el PAN, también con dos. Aunque Morena es primera fuerza, en esa sesión, seis diputados de Morena cercanos a la Gobernadora se aliaron con legisladores de Movimiento Ciudadano, PT, PVEM, PRI y PAN para elegir como presidente de la Mesa Directiva al emecista Paul Arce Ontiveros, una designación que no contaba con el respaldo del coordinador de Morena, Antonio Jiménez.
Es decir, con la alianza de los legisladores cercanos a Layda con otros partidos, Morena perdió la presidencia del Congreso, la cual quedó en manos de la segunda fuerza política, Movimiento Ciudadano, encabezada por Alfredo Arce. El resultado fue claro: el partido guinda perdió el control del Poder Legislativo, lo que dejó expuesta la ruptura interna de su bancada.
Frente a eso, el dirigente estatal de Morena, Erick Reyes, responsabilizó públicamente a Antonio Jiménez de la fractura y –con sus declaraciones a medios en Campeche– dejó claro que el conflicto no se originó en desacuerdos legislativos, sino en el enfrentamiento con la Gobernadora Layda Sansores.
“Lo que estamos viviendo es una fragmentación de los compañeros diputados de Morena y creo que, si decirlo, todo esto ha sido provocado por Antonio Jiménez. Lo lamento mucho porque es nuestro movimiento, pero tengo un mensaje para él y para los diputados que lamentablemente se fraccionaron y decidieron jugar a ser el ‘Che Guevara campechano’: creo se han equivocado, porque decidieron enfrentarse a la Gobernadora Layda Sansores, líder de la 4T en este estado y líder nacional en el país".
Incluso, más adelante, el dirigente estatal de Morena fue aún más explícito; pues se mostró desconcertado de que los diputados inconformes, a pesar de que ya había votado a favor del endeudamiento, decidieron romper con Layda Sansores, lo cual, calificó como un “suicidio político”.
“Veremos qué podemos hacer, porque no podemos permitir que 10, 11 personas… yo le llamo suicidio político prematuro. ¿qué paso? votaron por la deuda, votaron por el presupuesto de 2027 de la gobernadora, pero decidieron explotar la relación con la Gobernadora”, narró a medios locales.
Al día siguiente, el domingo 1 de febrero, durante la instalación del periodo ordinario de sesiones de la 65 Legislatura, el Diputado Antonio Jiménez denunció desde tribuna ser víctima de persecución política.
“Son tiempos de transformación donde la dignidad no se negocia, la coherencia no se administra, incluso cuando cuesta, incluso cuando duele”, expresó el legislador, quien aseguró que resistir no es confrontar ni traicionar, sino legislar con el pueblo, y sostuvo que la transformación no se construye con imposiciones ni persecuciones.
Ese mismo domingo, elementos de la Fiscalía General del Estado cercaron los alrededores del Congreso, según reportaron medios locales y redes sociales. De acuerdo con la denuncia del propio Jiménez, el operativo tendría como objetivo ejecutar una supuesta orden de aprehensión contra al menos dos diputados, entre ellos el propio líder parlamentario, quien presuntamente es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por un presunto desvío de recursos.
Medios locales informaron además que el Diputado morenista Gaspar Nah tiene denuncias por incumplimiento de pensiones alimenticias, presentadas por su exesposa e hijos, y que dichas carpetas de investigación se habrían reactivado tras su alianza con Jiménez. También trascendió que el nuevo presidente de la Mesa Directiva, Paul Arce, enfrenta una investigación por presunto desvío de recursos durante su gestión como Alcalde interino de la capital campechana.
La Fiscalía General del Estado negó los señalamientos. En un comunicado, argumentó que la presencia de personal ministerial obedeció únicamente a recorridos de vigilancia preventiva y que no existían diligencias ministeriales ni órdenes de aprehensión.
El Gobierno estatal sostuvo además que la escisión de Morena fue provocada por el propio coordinador de la bancada, a quien acusó de excluir de manera “deliberada” a diputadas y diputados que apoyaron la iniciativa de deuda de la Gobernadora.
La tensión escaló un día después y este lunes 2 de febrero, el Congreso de Campeche convocó a una sesión a puerta cerrada, declarada de carácter “urgente y reservada”. En ella, los legisladores aprobaron en fast track reformas a la Constitución estatal y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para restaurar el fuero constitucional, eliminado en 2016.
La reactivación del fuero – tras casi una década de haber sido derogado– fue avalada por la mayoría.
Ese mismo lunes, Antonio Jiménez, quien sigue aún como coordinador de la bancada de Morena, convocó a una reunión interna del grupo parlamentario. En ella, fueron destituidos de la subcoordinación Jorge Pérez Falconi y Verónica Roca Méndez, y se nombró en su lugar a Omar Talango Cervantes, Ismael López Garcés y Mayda Maas Tun, legisladores afines al bloque que se opone al Gobierno estatal.
La eliminación del fuero es una exigencia ciudadana, que propone en la nueva Reforma Electoral nuestra PresidentA @Claudiashein, y que desde Campeche respaldamos.
Basta del abuso que muchos políticos hacen de esta figura, que los mantiene distantes del sentimiento popular, y más… pic.twitter.com/ywZKdty58A
— Layda Sansores (@LaydaSansores) February 3, 2026
Por su parte, la Gobernadora Layda Sansores rechazó públicamente la reactivación del fuero constitucional. A través de redes sociales afirmó que la medida contraviene incluso la Reforma Electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
La división alcanzó también a los gobiernos municipales. De los 13 ayuntamientos gobernados por Morena en Campeche, sólo siete alcaldes —de Carmen, Champotón, Seybaplaya, Tenabo, Escárcega, Calakmul y Candelaria— difundieron un manifiesto de respaldo a Sansores y se pronunciaron en contra de “cualquier intento de reactivar el fuero”.
