Alberto López Rosas, desde ayer ex procurador de Guerrero, no es cualquier personaje.
Hijo del fallecido líder social Alfredo López Cisneros, “El Rey Lopitos”, es fundador del PRD en Guerrero y se desempeñó como Secretario del Ayuntamiento de Acapulco en un gobierno del PRI. En 1997, fue electo Diputado Federal por el X Distrito Electoral Federal de Guerrero a la LVII Legislatura por el PRD.
Es, por supuesto, más perredista que el mismo gobernador.
Es, también, el diputado que enfrentó al presidente de la República, Ernesto Zedillo, el 11 de octubre de 1997. López Rosas era diputado local. Recorrían las zonas afectadas por el huracán Paulina, en el estado de Guerrero. Estaban en la presidencia municipal de Acapulco.
–Voz Inaudible: (del diputado local Alberto López Rosas).
–Presidente Ernesto Zedillo: Siéntese, por favor.
–Voz Inaudible: (del diputado local Alberto López Rosas).
–Presidente Ernesto Zedillo: ¡No, permítame, señor! ¡Permítame y siéntese, por favor!
–Voz Inaudible: (del diputado local Alberto López Rosas).
–Presidente Ernesto Zedillo: ¡Le ruego respeto a mi investidura! ¡Siéntese, por favor!
El ex procurador fue alcalde de Acapulco de 2002 a 2005, cargo del que salió con señalamientos de corrupción y desvío de recursos.
Fue durante su administración arrancó la narcoviolencia que casi acaba con la paz y la actividad económica con uno de los puertos simbólicos de México.
EL PROCURADOR DEL DIABLO
Alberto López Rosas fue inhabilitado por el gobierno del también perredista Zeferino Torreblanca Galindo. Para defenderse, para sobrevivir al linchamiento público, hizo “el brinco del diablo”: logró pegarse a los adversarios históricos de la izquierda en ese estado: el Grupo Costa Chica de Ángel Heladio Aguirre Rivero.
Se volvió, de inmediato, en el puente importante para que el PRD lo hiciera su candidato y luego gobernador de Guerrero.
En los primeros días de junio de 2009, la Contraloría General del estado inhabilitó por tres años al ex edil perredista por desvío de recursos públicos durante su administración como alcalde del puerto de Acapulco (2002-2005), por no haber comprobado cinco millones de pesos.
Aún siendo gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, dijo que el de Ángel Aguirre Rivero iba a ser “un gobierno con funcionarios que tienen pendientes con la sociedad, un gobierno de inhabilitados”. Y señaló a Alberto López Rosas, quien estaba inhabilitado y endeudado con la sociedad.
En una de sus últimas entrevistas como gobernador de Guerrero, en Chilpancingo, el mandatario acusó a el ex alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas de estar inhabilitado, y no poder llegar a un cargo de función pública.
Sobre el caso de López Rosas, dijo que “tiene pendientes con la sociedad”, y por moral no debería asumir un puesto, y menos uno como el que se le asignó: el de procurador. “Un procurador del diablo”.
En ese entonces, los periodistas Héctor Nájera, conductor del noticiario de radio Enfoque Informativo, y Jorge Romero Rendón, columnista del periódico Novedades de Acapulco, en Guerrero, fueron demandados ante la agencia del Ministerio Público por Alberto López Rosas, presidente municipal de dicha ciudad.
Los periodistas acusaron al funcionario de haber cometido actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, lo cual fue cierto, según los documentos de esas fechas.
LAS DENUNCIAS DE SU CABILDO
De acuerdo con denuncias presentadas por regidores del PAN, PRI, PVEM y Convergencia, un contrato hecho entre el Ayuntamiento de López Rosas en Acapulco y la empresa Acatax (recolección privada de basura) era ilegal. Así lo denunciaron públicamente.
"Lo firmaron en lo oscurito el alcalde López Rosas y el secretario de Administración y Finanzas, Fernando Aragón Gómez el 5 de noviembre de 2003, pero los regidores nos enteramos un año después, en noviembre de 2004", según expresó entonces el panista Guido Rentería.
Dijo que el contrato no fue aprobado por el Cabildo, ni tampoco lo hizo el Comité de Adquisiciones -que por cierto debe tener un representante ciudadano y no lo tuvo-, lo que violó el Reglamento de Adquisiciones.
"Así, Acatax no participó en una licitación para competir de manera transparente por el contrato, sino que más bien la empresa fue creada para encargarse de administrar el cobro del impuesto predial, y ofrecer ganancias ilícitas a los funcionarios del Ayuntamiento y a los socios de esa empresa", aseguró el regidor del PAN.
Entre otras irregularidades, los regidores hallaron que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y la empresa Acatax era ilegal, y que el secretario de Administración y Finanzas, Fernando Aragón Gómez, era presuntamente responsable de desviar recursos municipales y federales por el orden de 50 millones de pesos.
Indicaron que el funcionario había destinado recursos con fines distintos a los aprobados por el Cabildo; había contraído compromisos fuera de las limitaciones de las partidas del presupuesto autorizado; y había asignado ilegalmente recursos obtenidos en exceso y autorizado ampliaciones presupuestales para el pago a la empresa Acatax, sin autorización de Cabildo.
El alcalde que lo sustituyó, el también perredista Félix Salgado Macedonio, ordenó al Contralor Municipal, José Guillermo Navarrete Madaleno, que citara a comparecer al ex alcalde Alberto López Rosas y al ex secretario de Finanzas, Fernando Aragón Gómez, para que aclararan por qué no se destinó el dinero de las partidas federales para los gastos que estaban programados.
Salgado Macedonio acusó a la administración pasada de desvío de recursos por no destinar 127 millones 508 mil 390 pesos con 44 centavos de los recursos federales del Ramo 33 y Ramo 20 en las obras que estaban presupuestadas y aseguró que recibió un municipio en quiebra.
Del programa Hábitat de los recursos provenientes del Ramo 2O, Salgado Macedonio, dijo entonces que se debían devolver 6 millones 670 mil pesos por la escrituración de algunos terrenos. Dijo también que se hicieron obras por 10 millones 810 mil 761 pesos pero que no fueron pagadas, además de un pasivo de 5 millones 800 mil pesos en obras que estaban en proceso.
EL ASESINATO DEL ARQUITECTO SERRANO
Uno de los casos más sonados durante su ejercicio como procurador del estado de Guerrero, Alberto López Rosas, se enfrentó a el asesinato del Arquitecto Javier Serrano Orozco, cuya suegra María Elena Morera, activista ciudadana de Causa en Común, A.C. exigió el esclarecimiento total del homicidio, ocurrido el 10 de julio en Ixtapa, Zihuatanejo.
Esto, horas después de que las procuradurías General de Justicia del Estado (PGJE) y General de la República (PGR) presentaran a dos de los presuntos responsables del homicidio del arquitecto Javier Serrano Orozco, hecho ocurrido el 10 de julio en Ixtapa, Zihuatanejo.
La activista dijo que la detención de Carlos Delgado Becerra, alias “El Charly”, y José Ignacio Medina, alias “El Chivo”, como presuntos responsables del crimen “fue fortuita y nada tiene que ver con una investigación seria y profesional de las instancias locales y federales que han intervenido”.
López Rosas entonces manifestó que Ixtapa es un lugar que se había mantenido sin ninguna incidencia “la verdad ha sido sorpresivo este ataque, nos ha puesto muy alerta, es un lugar seguro, no obstante con la vecindad con el Estado de Michoacán no habíamos registrado hechos como este, eso nos ha alertado y hemos tomado las precauciones, ese lugar seguirá siendo seguro, salvo este lamentable incidente”.
Expuso que su postura no había cambiado, en que la ciudadanía hiciera su vida con normalidad, "por lo que los percances no deberían alterar las actividades, las autoridades están comprometidas a garantizar seguridad", dijo.
EL VOCERO DE SEGURIDAD
Su vocero de seguridad es Arturo Martínez Núñez, quien coordinó la campaña electoral de Armando Ríos Piter, actual presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Ríos Piter se unió a Ángel Aguirre a través de Marcelo Ebrard, quién lo considera su mano derecha y operador político en el Congreso federal.
El vocero de seguridad estatal es hijo Arturo Martínez Nateras, quién fue alcalde de Tuxpán Michoacán. Martínez Núñez realizó sus estudios en el extranjero y es hijo María de la Luz Núñez, esposa de Martínez Nateras.
“Rubén Figueroa renunció cuando un video puso al descubierto que él era autor intelectual de la masacre de Aguas Blancas (por cierto, la alcaldesa de entonces era y madre del vocero de Aguirre)”, dice la periodista Alexia Barrios.
“Nadie olvida que en un primer momento, Rubén Figueroa trató de hacer creer a la opinión pública que la masacre había sido porque los campesinos habían disparado contra la policía motorizada estatal. Pero de pronto, a Ricardo Rocha le filtraron un video sin editar donde se demostró todo lo contrario y Figueroa, aun con el compadrazgo de Ernesto Zedillo, tuvo que renunciar”, dice Barrios.
“¿Y recuerdan dónde se editó y cómo se filtró el video de Aguas Blancas? Bueno, pues los autores de la edición fueron empleados de Radio y Televisión de Guerrero, quienes fueron premiados por Ángel Aguirre Rivero en su primer gobierno, otorgándoles gerencias y la dirección general, además de meterlos a hacer política. Caso curioso, el beneficiado de la filtración del video de Aguas Blancas fue “Layo” Aguirre, quizá por esta razón es que Rubén Figueroa Alcocer le tuvo -¿o tiene?- tirria”, concluye la periodista.
