La mandataria mexicana no precisó los nombres de las dos personas relacionadas con el caso Ayotzinapa de las que pidió su extradición a México.
Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló esta mañana que solicitó a Estados Unidos (EU), durante su reunión con el Secretario de Estado de aquel país, Marco Rubio, en su visita a Palacio Nacional, la extradición de dos objetivos criminales relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014.
"Son sobre el caso Ayotzinapa. Se lo habíamos comentado a los familiares, padres y madres. Son dos personas de las que se está pidiendo su extradición. Se lo comenté personalmente al Secretario del Departamento de Estado. Fueron solamente estas dos personas. Por la sensibilidad de lo que significa para nuestro país este caso", aseguró en su conferencia de prensa.
Sin embargo, la Presidenta descartó dar los nombres de las personas de quienes se solicitó la extradición. Tampoco confirmó si el Secretario Rubio se mostró abierto a la solicitud.
Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa han solicitado al Gobierno de Sheinbaum la extradición de José Ulises Bernabé García, quien radica en EU y que en la época de la desaparición de los estudiantes era Juez en Barandilla de Iguala.
Sin embargo, su caso presenta dificultades, ya que Bernabé García solicitó asilo político en EU en abril de 2015 y fue aceptado en aquel país desde entonces, lo cual podría complicar su extradición. La misma Sheinbaum ha dicho que se trata de una persona "que tiene mucho qué decir" sobre el caso.
Apenas la semana pasada, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa expresaron decepción tras reunirse con la Presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional, encuentro en el que les presentó una línea de investigación sobre el análisis de llamadas telefónicas realizadas el día de la desaparición de los estudiantes. “No tenemos avances sustanciales”, reviraron las familias, a casi 11 años de la tragedia.
"Los padres han manifestado que se le ha dado un voto de confianza a la Presidenta porque ha mostrado voluntad… pero esa voluntad tiene que traducirse en hechos reales y que las investigaciones puedan avanzar. No hay avances. Estábamos esperando que por lo menos nos dieran un avance significativo con la línea celular… quedó mucho a deber hoy el Gobierno", sostuvo Isidoro Vicario, el abogado de las familias que reemplazó a Vidulfo Rosales.
Mario César González, padre de César Manuel González, acusó que el Gobierno ha dejado caer otras líneas de investigación y órdenes de aprehensión, por lo que ven un retroceso en el proceso. "Desafortunadamente es que con la nueva tecnología dejaron caer las líneas que teníamos durante 10 años, como las de Ejército", explicó al hacer referencia a 800 folios que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) tiene en su poder.
Por su parte, Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel, reclamó que “el Estado sigue protegiendo igualmente a los funcionarios anteriores involucrados en la desaparición de nuestros hijos”.
Cuando están por cumplirse 11 años desde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, el caso enfrenta múltiples retrocesos.
En junio, un Tribunal Colegiado confirmó la absolución de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, respecto al secuestro de los 43 normalistas. Abarca Velázquez sigue preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, debido a que está sujeto a un proceso por los delitos de lavado de dinero y contra la salud.
El 16 de julio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Rosendo Gómez Piedra, quien era titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), había decidido dejar su cargo tras acusaciones de corrupción por parte de los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
"Él renunció. Él decidió renunciar y por lo pronto está el licenciado [Mauricio] Pazarán, que fue incorporado como parte de la Fiscalía hace algunos meses. Él ha estado platicando con los familiares", detalló en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.
También las familias de Ayotzinapa sufrieron otra pérdida, luego de que el abogado Vidulfo Rosales Sierra confirmara el 21 de agosto la renuncia a su representación legal, la cual mantuvo durante casi 11 años como parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, esto después de que trascendiera que se uniría al equipo del Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.
“Ya lo hablé con ellos y yo me voy a separar por cuestiones personales y de salud. Eso es un hecho, la certeza que hay hoy en día. Lo otro es una posibilidad. No hay nada formal. Mantengo un diálogo con el Ministro presidente”, reveló.
Rosales dijo que por parte de los padres hubo mucha tristeza al comunicarles su separación, incluso algunos mostraron desilusión, pero que la mayoría le mostró respeto y apoyo a su decisión.
