La violencia en México no es solo interna: depende del flujo masivo de armas ilegales desde Estados Unidos. Así lo expone Carlos Pérez Ricart.
Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).– Carlos Pérez Ricart, profesor-investigador en la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), analiza en su obra más reciente La violencia vino del Norte (Debate) cómo el flujo masivo de armas desde Estados Unidos hacia México transformó una crisis de seguridad en una catástrofe humanitaria estructural.
El autor, que ha escrito e investigado extensivamente sobre comercio de armas, políticas de drogas y crimen organizado, examina en esta obra el desmantelamiento de las regulaciones estadounidenses y el poder del cabildeo armamentista como motores que facilitaron el equipamiento de los grupos criminales.
En ese sentido, Pérez Ricart sostiene que la violencia devastadora que afecta a México no es un fenómeno meramente interno, sino que tiene como condición necesaria el flujo masivo de armas ilegales provenientes de Estados Unidos. Refiere que aunque México vivió un periodo de pacificación sostenida entre 1950 y 2007 —alcanzando su mínimo histórico de homicidios en febrero de ese último año—, esta tendencia se rompió drásticamente debido a factores gestados al norte de la frontera.
El libro plantea que, sin este acceso estable y barato a armamento de alto poder, las disputas criminales y la corrupción institucional en México no habrían derivado en la "masacre" que comenzó a escalar a partir de 2007. A través de datos y casos específicos, el texto argumenta que la disponibilidad de fusiles de alto poder permitió a los cárteles diversificar sus delitos y desafiar la soberanía del Estado mexicano.
Pérez Ricart rastrea de igual forma la evolución tecnológica del contrabando, incluyendo las armas fantasma y la impresión 3D, que complican la trazabilidad del arsenal. Ante ello, el autor propone que México debe desarrollar políticas de control propias y estrategias de atención a sobrevivientes en lugar de esperar cambios legislativos en Washington.
SinEmbargo reproduce en exclusiva para sus lectores un fragmento de La violencia vino del Norte, de Carlos Pérez Ricart, con permiso del autor y de Penguin Random House Grupo Editorial.
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Hay una foto. Siempre hay una foto.
En el centro, George W. Bush. Traje gris, corbata azul, pin de la bandera en la solapa. Acaba de firmar una de las leyes más inmorales —y más cínicas— de la historia reciente de su país. A su lado, seis hombres blancos, millonarios, impecablemente vestidos. Aplauden. Son senadores y congresistas republicanos. Es octubre de 2005. Lo que celebran es la firma de la Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA), la ley que blindó jurídica y financieramente a los fabricantes de armas en Estados Unidos. A partir de ese momento, cualquier intento de responsabilizar legalmente a la industria por las consecuencias de sus productos quedaría anulado. Ni demandas civiles, ni sanciones económicas, ni juicios reparatorios. La tinta de Bush creó una zona de inmunidad legal para una de las industrias más letales del planeta.
Un año antes, Bush no firmó nada. Solo dejó que muriera una ley. El 13 de septiembre de 2004 expiró, sin debate ni duelo, la Prohibición Federal de Armas de Asalto (AWB). Durante diez años, esa norma había restringido la producción y venta de rifles diseñados para el combate: AR-15, AK-47 y similares. Pero contenía una cláusula de caducidad. Diez años, ni uno más. En lugar de impulsar su renovación, Bush eligió el silencio. Dejó correr el reloj. Y al día siguiente, los rifles de asalto volvieron al mercado como si nada. No hubo ceremonia. No hizo falta. La industria sabía que había ganado.
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Este libro parte de una premisa simple: sin armas, la violencia que hoy devasta a México no habría alcanzado esta escala. No se trata de negar las causas internas —las hay, y son muchas—, sino de identificar el factor decisivo. Las armas ilegales provenientes de Estados Unidos no fueron un accesorio. Fueron la condición necesaria. Sin ellas, la disputa criminal, la fragmentación territorial y la corrupción institucional no habrían derivado en la masacre que comenzó en 2007. Esta violencia vino del Norte. Ahí comenzó. Y ahí, también, deberá comenzar su resolución.
Durante medio siglo, México redujo su tasa de homicidios. Entre 1950 y 2007, con altibajos, la tendencia fue clara: menos asesinatos, menos muertes violentas, menos plomo. En 2007 se alcanzó el mínimo histórico. ¿Se cumplía por fin la promesa del desarrollo? Eso parecía. Lo que nadie imaginaba —o no quiso ver— era que el ciclo estaba por romperse.
La tormenta no se gestó en México, sino al otro lado de la frontera. Entre 2004 y 2005, con la expiración de la AWB, la aprobación de la PLCAA y el relajamiento progresivo de las leyes estatales, el acceso a armas de alto poder se volvió más fácil que nunca. En Texas, Arizona y Nuevo México, las armerías se multiplicaron. Lo que antes eran tiendas de pistolas se convirtieron en supermercados de rifles. En muchas de ellas bastaba —y sigue bastando— con tener más de 18 años y una identificación válida para comprar uno, cinco o cincuenta AR-15. Legal. Sin preguntas. Sin rastro.
Esas armas cruzaron. En maleteros, mochilas, compartimentos ocultos. No de contrabando, sino a plena luz. Nadie revisa los autos que salen de Estados Unidos. Nadie pregunta. Nadie inspecciona. El tráfico no fue clandestino: fue permitido. No fue la excepción, sino la regla. Y fue masivo. El estudio más riguroso hasta la fecha estima que cada año cruzan entre 72 mil y 258 mil armas hacia México. La media es de 135 mil al año. Son 369 por día. Quince cada hora. Una cada cuatro minutos.
Para 2024, el 70.5 % de las armas encontradas en escenas del crimen en México habían sido producidas en Estados Unidos o importadas a ese país antes de cruzar la frontera. No son conjeturas. Son rastros.
El daño no fue solo cuantitativo. Fue organizativo. Con acceso estable y barato a rifles de asalto, los grupos criminales dejaron de ser solo narcotraficantes. Se diversificaron. Usaron las armas para extorsionar, secuestrar, controlar territorios y sitiar ciudades. Se volvieron empresarios armados. Operadores de violencia diversificada. La pistola dejó de ser herramienta y se volvió centro de operaciones. Lo que antes eran disputas económicas se convirtieron en guerras abiertas.
Primero llegaron las armas. Luego vino la diversificación criminal. Después, la violencia generalizada. Ese es el mecanismo causal que este libro explora. Un trayecto que comienza en la firma de una ley, pasa por la frontera sur de Estados Unidos y termina en los cuerpos que caen del lado mexicano.
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Aquí se rastrean las decisiones, las omisiones y las complicidades que permitieron esta catástrofe. Se examina el papel de la industria armamentista, la negligencia regulatoria de Washington, la porosidad de la frontera, la relación entre armas y drogas, el impacto tecnológico en el contrabando, la corrupción policial y las opciones reales para revertir este desastre.
