Consideran que juicios de interdicción generan ciudadanos de segunda

Mérida, 3 Ago. (Notimex).- El investigador y promotor de los derechos humanos de las personas con discapacidad, Hezzy Smith, consideró que los juicios de interdicción para las personas con discapacidad intelectual, "crean una segunda clase de ciudadanos".

El especialista de la Universidad de La Salle expuso que en países como México, la interdicción "es una restricción jurídica plenaria, completa y total" al otorgar derechos plenos a una persona sobre otra con discapacidad intelectual, sin que existan mecanismos intermedios que ayuden a estos últimos a tomar decisiones propias.

Sin embargo, quien encabezara el proyecto de la escuela de derecho de Harvard sobre discapacidad para Bangladesh, señaló que las decisiones legales en torno a la aplicación total o parcial de este tipo de juicios, deben ser asumidos a nivel de gobiernos locales.

"En algunos países no hay la posibilidad de restricciones plenarias o son poco utilizadas. En otros países junto con una restricción plenaria hay otras parciales, menos restrictivas, pero en México al momento la interdicción es la figura que predomina", sostuvo.

En la actualidad, explicó, no hay muchas opciones para familias, familiares o personas que apoyan a personas con discapacidad intelectual, para auxiliarlos en la toma de decisiones. Es algo que se utiliza mucho ?el juicio de interdicción- porque no hay otras opciones.

Smith evocó que la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU prevé un sistema de apoyos en los que se comprende las redes naturales y familiares que tenemos, pero también al apoyo de abogados para asuntos jurídicos, de médicos para asuntos de salud, contadores en asuntos de administración.

"Necesitamos -dijo el especialista-, un cambio de paradigma para no privar a la persona con discapacidad de personalidad jurídica y puedan realizar sus decisiones por sí mismos, esto incluye asesores, capacitadores, servicios sociales, apoyos estatales".

Puntualizó que se necesita de un ámbito jurídico más accesible y comprensible para personas con discapacidad intelectual, a fin de que ellos puedan navegar estas corrientes por sí mismos.