La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que ya se está formando un grupo de trabajo para presentar una propuesta de Reforma Electoral, la cual contemplará temas como el gasto del INE, el financiamiento a los partidos políticos y los cargos plurinominales.
Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la conformación de un grupo de trabajo para preparar la iniciativa de reforma en materia electoral, la cual, ha dicho, tendrá como base la propuesta que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que se prevé que contemple temas como el gasto del INE, el financiamiento a los partidos políticos y los cargos plurinominales.
En febrero de 2024, el entonces Presidente López Obrador presentó una iniciativa en materia electoral, como parte del denominado Plan C. Esta iniciativa señalaba que uno de los temas que más indignación suscitaba era la gran cantidad de recursos públicos que año con año se destinan a los partidos políticos, por lo que la propuesta buscaba que ese presupuesto se redujera a la mitad de lo que actualmente reciben los institutos políticos.
“La presente iniciativa propone reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias y para el gasto de campañas durante la contienda electoral. Lo anterior obedece a la necesidad de que nuestro régimen de partidos no genere costos injustificados ni incongruentes”, indicó López Obrador en su propuesta.
“Reducir a la mitad el financiamiento ordinario y de campaña a los partidos políticos y eliminar el financiamiento para actividades partidistas específicas, lo que generará ahorros superiores a los 32 mil millones de pesos de 2025 a 2030”, se agregó en la iniciativa que presentó el Ejecutivo federal antes del cambio de Gobierno, y que la actual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, retomará para la propuesta que planea presentar en materia electoral.
La propuesta también contemplaba disminuir los el costo de los procesos electores, lo cual, se explica en la iniciativa, se lograría mediante la supresión del Instituto Nacional Electoral (INE) y la creación, en su lugar, del “Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad electoral independiente garantizando los principios rectores de la función electoral, como siempre debió haber sido”.
“Un grave problema del sistema político mexicano es el costo de operación que han cobrado sus procesos electorales supuestamente justificado por su complejidad. En 1999 se asignó un presupuesto de 13 mil 400 millones de pesos, mientras que en 2018 se tuvo un presupuesto de 68 mil 300 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 409 por ciento en menos de 20 años”, argumentó el tabasqueño en su propuesta.
Además, en dicho documento también se destacó que tan sólo en 2024, el presupuesto público que se destinó a las elecciones del mes de junio ascendió a 72 mil 294 millones de pesos, debido a que el INE delega responsabilidades en los órganos públicos locales (OPL), lo que contribuye a esta alza en el presupuesto de los comisión que se llevaban a cabo en el país.
“El INEC sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales (OPL), es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la república, a nivel nacional, estatal y municipal”, se indicó en la propuesta de febrero de 2024, ya que sería una instancia única.
"Lo anterior unifica la toma de decisiones en distintos procesos relacionados y garantiza su correcto desarrollo, además se dejarían de erogar cuantiosos recursos que actualmente se gastan en las estructuras de los órganos electorales”, se añadió en la iniciativa que presentó el tabasqueño.
La iniciativa de López Labrador también contempla la disminución y eliminación de legisladores elegidos vía plurinominal, argumentando que esta forma de elección pone en duda la legitimación del legislativo, lo que se está convirtiendo en una crisis de las denominadas democracias contemporáneas.
“La crisis de representación política es una de las principales características de las llamadas democracias contemporáneas. En México, desde hace décadas, se cuestiona la legitimidad de las personas legisladoras en general, pero marcadamente de las plurinominales”, subrayó el tabasqueño, quien propuso “un método de elección que busca mejorar la representación ciudadana depositada en las Cámaras del Congreso de la Unión”.
Con dicho método se reduciría el número de legisladores y la elección se llevaría a cabo “mediante el sistema de mayoría relativa uninominal”. “Se eliminan 200 diputados y 64 senadores plurinominales. El Congreso tendrá 300 diputados y 64 senadores electos por el principio de mayoría relativa en los distritos o estados que representen, lo que garantiza arraigo territorial, legitimidad y rendición de cuentas”, explicó López Obrador.
“Se eliminan 459 diputados locales plurinuminales. Los Congresos locales tampoco tendrán diputados plurinominales. Los Estados con menos de un millón de habitantes tendrán hasta 15 diputados, mismos que podrán incrementarse en uno por cada 500 mil habitantes, hasta un máximo de 45”, añadió el entonces jefe del Ejecutivo federal. Destacó que “en ningún caso la representación de una entidad federativa puede ser menor de dos diputados”.
Enfatizó que todos deberían ser elegidos de “manera directa y secreta por la ciudadanía mediante el sistema de mayoría relativa por entidad federativa, correspondiendo dos escaños por cada estado. Asimismo, se propone que los Congresos de las entidades federativas se integren por diputadas y diputados electos de manera directa y secreta conforme al sistema de mayoría relativa”, reiteró.
Esta iniciativa en materia electoral fue el legado que dejó López Obrador para intentar reformar al INE.
La primer propuesta tuvo lugar en abril de 2022, cuando el Jefe del Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados una reforma constitucional que contemplaba cambios en materia electoral, un paquete legislativo que denominó como la "Reforma Democrática", en la cual propuso eliminar el INE y en su lugar crear el INEC.
Sin embargo, la Reforma no alcanzó la mayoría calificada en el pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación, por lo que se desechó el dictamen. Por tratarse de una reforma constitucional, se requerían de 334 votos para su aprobación. Pero Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) sólo contaban con 276 votos. La votación final quedó: 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención.
La reforma planteada en San Lázaro buscaba modificar 18 artículos de la Constitución mexicana y siete transitorios. Las modificaciones fueron propuestas por un equipo de trabajo que incluyó a Horacio Duarte, entonces titular de la administración de aduanas; Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; y al entonces Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Esta primer propuesta de reforma a la Constitución en materia electoral, del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador pretendía sustituir INE por el INEC, –esta fue la primera vez que se propuso el cambio– que reducía de 11 a siete el número de los consejeros que serían electos por voto popular. El proyecto también eliminaba a los diputados plurinominales y reducía el financiamiento público sólo al periodo de campañas.
Con el propósito de erradicar los fraudes electorales y de fortalecer la democracia, así como de ahorrar 24 mil millones de pesos, la iniciativa de reforma electoral que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados reducía de 500 a 300 los diputados federales y de 128 a 96 los senadores, incorporaba a la Constitución el voto electrónico y dejaba fuera de los tiempos en radio y televisión a los organismos electorales.
La iniciativa presidencial también proponía desaparecer los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), creados en la reforma de 2014, para “acabar con duplicidades”, y también reducía el número de legisladores locales y regidores en los municipios. Los congresos locales tendrían un mínimo de 15 y un máximo de 45 integrantes. Además, los regidores de los ayuntamientos también decrecerían.
A diferencia del INE, que tiene 11 consejeros elegidos en consenso por el Congreso de la Unión, el nuevo instituto electoral propuesto por López Obrador habría estado conformado por siete integrantes que deberían haberse elegido por voto popular entre una lista de 60 candidatos, quienes hubieran sido las propuestas presentadas por los tres Poderes de la Unión: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.
Luego de que las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reforma Político Electoral de la Cámara de Diputados iniciaron el análisis de Reforma Electoral, en octubre de 2022, y presentaron el dictamen de la misma, en noviembre de 2022, la oposición hizo público que votaría en contra. Fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el que adelantó que no apoyará la iniciativa.
La decisión del partido liderado por Alejandro, “Alito”, Moreno Cárdenas complicó el escenario para Morena, que requería de dos terceras partes de los votos para aprobar la reforma, con los cuales no contaba, pese al apoyo de sus aliados. “El PRI no aprobará, no respaldará, ni apoyará ninguna reforma que signifique un retroceso a lo que por años la ciudadanía de nuestro país ha construido”, dijo “Alito” en ese momento.
De manera firme, categórica, contundente y definida señalo que el PRI no aprobará, no respaldará, ni apoyará ninguna reforma que signifique un retroceso a lo que por años la ciudadanía de nuestro país ha construido. 🇲🇽 pic.twitter.com/mTDi3V8HOH
— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 23, 2022
Ante la negativa de la oposición de apoyar la propuesta del Ejecutivo Federal, el entonces Presidente López Obrador, quien dijo que no le sorprendía el rechazo a su iniciativa –hecho que incluso celebró– adelantó que presentaría una Ley "que sin infringir la Constitución" permitiría lograr ahorros para que no sea fuera tan costoso organizar las elecciones y que se prohibiría la compra del voto.
"Qué bien que ya no se va a poder, por ahora, llevar a cabo la reforma constitucional, pero sí se va a presentar una reforma legal", dijo el entonces Presidente de México durante su habitual conferencia de prensa matutina realizada en Palacio Nacional en referencia al que se conoció como Plan B del Gobierno federal, mismo que vio la luz en febrero de 2024.
"Entonces, como no lo aceptan, vamos a presentar una Ley que sin infringir lo que establece la Constitución nos permita de todas maneras lograr ahorros para que no sea tan costo como lo es el organizar las elecciones y que en esa Ley se prohíba, de manera determinante, la compra del voto. Esas son las dos cosas que van en la Ley", añadió.
En esa ocasión, el Jefe del Ejecutivo federal incluso acusó a la oposición de engañar a la ciudadanía, ya que en ese momento esos partidos aseguraron que se pretendía destruir al INE, lo cual calificó como "una mentira" de grandes proporciones y mencionó que a quienes les debería dar vergüenza es a quienes creyeron dicho engaño.
Además, señaló que quienes marcharon el 13 de noviembre de 2022, en calles de la Ciudad de México para defender al INE y la democracia, así como a quienes creyeron que con la Reforma Electoral se iba a desaparecer al organismo, deberían de leer la iniciativa y tener el valor civil para decir "me engañaron, me equivoqué".
“Engañaron a muchos que queríamos destruir al INE (...) los engañados, muchos con buen nivel académico, nada más por honestidad y orgullo, deberían de leer la reforma y tener el valor civil para decir 'me engañaron, me equivoqué', 'me cae mal el Presidente que ya creo en cualquier mentira', 'no oigo, no veo, no razono, estoy dominado por la razón por no decir por el odio'", expresó en ese entonces.
Entonces, llegó el Plan B, mismo que fue aprobado la madrugada del 7 de diciembre de 2022. Con 261 votos a favor, 216 en contra y cero abstenciones. La bancada de Morena, y sus aliados, en la Cámara de Diputados aprobaron, en lo general y en lo particular, reformas a leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial; y expedir la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Ya por la mañana de ese mismo día, López Obrador celebró la aprobación de los cambios que propuso a la Ley Electoral. Asimismo, dijo que el proceso continuaba con el envío del proyecto al Senado de la República. "Luego seguramente los del bloque conservador van a acudir a la [Suprema] Corte para pedir que se declare inconstitucional y van a ser los ministros de la Corte los que van a decidir", previó el tabasqueño.
El denominado Plan B contemplaba una reforma a cuatro leyes secundarias, con la cual se busca retirar privilegios a la llamada “élite dorada” del INE, eliminar sus fideicomisos y crear una estructura más ligera, con lo cual “se espera generar un ahorro de alrededor de tres mil 605 millones 624 mil 298 pesos”. “La conformación de una élite burocrática es uno de los grandes lastres de nuestro sistema electoral”, se indicó en el proyecto.
“El personal del INE se integra por un total de 17 mil 569 personas trabajadoras. En el portal del propio INE se reporta que al menos 123 de sus funcionarios ganan salarios más altos que el del Presidente de la República”, se argumentó en el Plan B que se remitió al Senado, en donde la propuesta presidencial también contaba con los votos suficientes para su aprobación.
Uno de los principales puntos de la reforma a las leyes secundarias en materia electoral es el que establecía que las remuneraciones que reciban los consejeros electorales del INE no podrían “justificar la excepción de especialización o trabajo técnico calificado para rebasar el límite establecido en la fracción II del artículo 127 de la Constitución”, es decir, el salario que perciban los integrantes del Consejero General del órgano electoral no podría superar al del Presidente de la República.
La reforma destacaba que “otro de los efectos negativos de la alta burocratización del INE era su pésima administración”. En ese sentido, propuso la creación del Sistema Nacional Electoral (SNE) conformado por el Instituto Electoral, como autoridad rectora, y los Organismos Públicos Locales, como autoridades electorales a nivel estatal. “Este nuevo sistema establece la integración de ambas estructuras para su mejor funcionamiento”, indicó el documento.
Esto, al señalar que su estructura contenía “duplicidad de funciones, posee áreas sin trabajo durante varios meses en el año, se despilfarran recursos mediante el pago de rentas, la compra permanente de material para urnas de mala calidad, se realizan gastos suntuosos, pago de comidas, viáticos, seguros médicos privados, compra de papelería a precios por arriba del mercado, pago de servicio de software injustificados, contratación de edecanes, arrendamiento de automóviles, etcétera”.
La reforma también contempló la eliminación de los fideicomisos que el Gobierno federal calificó como “ilegales”, entre ellos: el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral. De haberse eliminado con el Plan B, “los recursos obtenidos producto de la reforma” se hubiernan utilizado “para cumplir con las obligaciones de ley conforme a la propuesta de reducción de estructura que se propone”.
“En su conjunto, la reforma pretende abonar a garantizar una mejor democracia, con un INE capaz de garantizar elecciones libres, auténticas y periódicas para resguardar el derecho de la ciudadanía a votar y ser votado, sin privilegiar a las altas burocracias y fomentar la duplicidad de funciones. Nuestro país no necesita una élite burocrática privilegiada en las instituciones electorales, sino una mejor democracia a menor costo para los contribuyentes”, refería la reforma.
No obstante, luego de su aprobación en el Congreso y de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de diciembre de 2022, empezaron las impugnaciones para tirar al Plan B. El primero en anunciar sus intenciones fue el dirigente del PRI, quien dio a conocer que interpondría una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del proyecto impulsado por el entonces Presidente López Obrador.
“Alito” señaló que el partido acudiría a "todos los recursos jurídicos para evitar que ese atropello a la democracia siga adelante, ya que las reformas aprobadas violan la Carta Magna", al señalar que el Plan B rompía “con el régimen democrático y vulnera al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), restándoles sus atribuciones para obtener ventaja".
"Es una reforma hecha a modo, para cumplir con un capricho de acabar con una institución que es referente de la democracia mexicana y una institución con reconocimiento internacional, que ha permitido que la participación ciudadana sea una realidad, y que fue la ruta por la cual llegaron al poder quienes ahora quieren destruirla", sostuvo Moreno Cárdenas.
En febrero de 2023, el INE presentó formalmente ante la SCJN una demanda de controversia constitucional en contra del Plan B de la Reforma Electoral. El Instituto informó que la demanda de controversia la interpuso porque el Plan B "merma la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata".
📝 #BoletínINE | Presenta INE controversia constitucional en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. https://t.co/x0dnEVmiS8 pic.twitter.com/RcFqHyJh72
— @INEMexico (@INEMexico) February 2, 2023
En marzo de 2023, Javier Laynez Potisek, Ministro de la Suprema Corte, concedió al INE una suspensión a la entrada en vigor del “Plan B” electoral, así lo dio a conocer la propia SCJN a través de un comunicado, el que también solicitó a las autoridades demandadas (Congreso de la Unión y Ejecutivo Federal) que presenten su contestación dentro del plazo legal.
El Ministro Ponente Laynez Potisek admitió la demanda de Controversia Constitucional que interpuso el INE en contra del “Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”.
También concedió la suspensión respecto de todos los artículos impugnados del Decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma. “Dicha suspensión fue otorgada debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”, señaló el comunicado.
Con esta suspensión indefinida al "Plan B", el Instituto Nacional Electoral pudo seguir operando como lo hacía antes de la reforma impulsada por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador. Además de la impugnación del INE, el Ministro Alberto Pérez Dayán admitió 81 impugnaciones contra la primera parte del denominado Plan B de la Reforma Electoral.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la demanda presentada por el @INEMexico en contra de las reformas legales que modifican tanto su estructura como sus procedimientos y concedió la suspensión solicitada.
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— Suprema Corte (@SCJN) March 25, 2023
Así, en febrero de 2024, llega el denominado Plan C, un paquete de reformas, entre ellas la Judicial, la referente a los pueblos indígenas, la energética, la que eleva la pensión de adultos mayores, contra el maltrato animal, la que busca la extinción de órganos autónomos, la que busca que Guardia Nacional como parte de Sedena, la que busca prohibir el fracking y el maíz transgénico, la que busca atención médica universal y gratuita, y la electoral, entre otras.
Desde el pasado mes de enero, la Presidenta Claudia Sheimbaum Pardo anunció que trabajaría próximamente en una amplia propuesta de Reforma Electoral, la cual se construirá a partir de la iniciativa que en 2024, presentó el entonces Presidente López Obrador, ya que ambas, dijo, coinciden, particularmente, en la reducción del costo de las elecciones, el presupuesto de los partidos, así como la eliminación de plurinominales.
Al anunciar que en el mes de febrero enviaría al Congreso dos propuestas legislativas con las que busca eliminar la reelección y el nepotismo, la Presidenta Sheimbaum Pardo también adelantó que está planeando elaborar una iniciativa más amplia en materia electoral, aunque no detalló cuándo la presentaría. “Necesitamos sentarnos y analizar una nueva Reforma Electoral”, dijo.
La Presidenta detalló que la iniciativa tendrá tres objetivos principales: “uno, disminuir los costos de las elecciones, sin poner en riesgo su transparencia y su legalidad y legitimidad; segundo, la disminución del financiamiento a los partidos políticos; tercero, generar un esquema en donde las minorías puedan tener representación sin las listas plurinominales. No estamos de acuerdo con las listas plurinominales”.
“Ese es nuestro objetivo, digamos, los tres elementos que consideraría más importantes en la Reforma Electoral que plantearíamos, en su momento, todavía no tenemos fecha. Y ahí sí vale la pena hacer mesas, debate, para poder recoger la información y poder tener una Reforma Electoral acorde con la democracia de nuestro país”, añadió.
Este martes 24 de junio, la mandataria federal retomó el tema de la reforma electoral, y aunque no precisó cuándo se presentará la iniciativa, subrayó que es necesaria. Sólo adelantó que se abordarán temas como el gasto del INE, el financiamiento a los partidos políticos y las reglas relacionadas con los cargos plurinominales.
Un día después, durante su habitual conferencia matutina, la Presidenta de México retomó el tema y ahondó que la propuesta buscará eliminar las listas de plurinominales como mecanismo de representación legislativa y aprovechó para asegurar que el INE mantendrá su carácter autónomo y aclaró que la iniciativa aún está en fase de análisis, por lo que no aplicaría en el proceso electoral de 2027.
La titular del Ejecutivo explicó que su Gobierno comenzará los trabajos técnicos para una propuesta de reforma que replantee la representación proporcional y promueva la elección de legisladores a partir del voto en territorio. Asimismo, reiteró que su Gobierno no tiene intención de vulnerar al árbitro electoral con su iniciativa de reforma. “El INE sigue como organismo autónomo, tiene que seguir así”, afirmó.
“Es muy importante revisar el tema de los plurinominales […] El problema son las listas”, explicó al hacer referencia a un modelo en el que los candidatos que obtienen el segundo lugar en distritos puedan acceder a una curul como representación de la minoría, en vez de que se asignen espacios mediante listas cerradas.
También cuestionó prácticas como el regreso de personajes que, tras años fuera del país, reaparecen encabezando las listas de plurinominales. "Esta idea de que estuviste seis años fuera de México y luego regresaste a ser el número uno de la plurinominal, o sea, ¿cómo?", criticó desde Palacio Nacional.
Respecto a los aliados de Morena, el PVEM y el PT, negó que exista resistencia a esta propuesta. “No creo que haya resistencia porque todos estamos de acuerdo en que hay que ir a territorio a presentarse con la ciudadanía”, sostuvo la mandataria, quien agregó que uno de los objetivos del proyecto es reducir el gasto público asociado a los procesos electorales, sin comprometer su transparencia ni su carácter democrático.
Ante los cuestionamientos sobre los tiempos legislativos, la Presidenta de México indicó que apenas inició un grupo de trabajo encargado de preparar la propuesta, motivo por el que no hay fecha definida para su presentación ni para su eventual discusión en el Congreso. Además, recalcó que la reforma electoral no afectará el calendario electoral de 2027.
– Con información de Obed Rosas y Romina Gándara
