El pasado 2 de septiembre se registró un ataque del ejército estadounidense contra personas acusadas sin pruebas de ser narcotraficantes, quienes se trasladaban en una embarcación por el mar caribe. El ataque se dio luego de que el Presidente Donald Trump anunció una guerra contra los "cárteles" venezolanos. En una de estas ofensivas sobrevivieron dos hombres, pero ante la orden de “Matar a todos”, por parte de Peter Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos, se realizó un segundo bombardeo contra la embarcación que acabó con toda la tripulación.
Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- “Matar a todos”. Esa fue la orden que dio Peter Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos el pasado 2 de septiembre en el ataque contra personas acusadas —sin pruebas— de ser narcotraficantes y que se trasladaban en una embarcación sobre aguas internacionales, en el mar caribe, según un testimonio retomado por el diario The Washington Post.
De acuerdo con el testigo, la embarcación fue bombardeada frente a las costas de Trinidad y Tobago, acción que fue transmitida en tiempo real por un dron y de la que lograron sobrevivir dos hombres, sin embargo, siguiendo las instrucciones del Secretario Hegseth, el comandante de Operaciones Especiales que supervisaba el operativo desde el Pentágono, ordenó un segundo ataque, el cual finalmente propició la muerte de los dos hombres.
Desde que inició la campaña militar que ordenó el Presidente Trump, el pasado mes de septiembre, contra supuestas "narcolanchas" que navegan por el mar caribe se han registrado, al menos, 80 decesos, varios de ellos inocentes, como dan cuenta testimonios y denuncias de los familiares de éstos. Por ejemplo, el caso del pescador colombiano Alejandro Carranza Medina, por el que incluso se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pasado martes, la familia de Carranza Medina presentó una denuncia contra el Gobierno de Estados Unidos ante la CIDH) argumentando que el asesinato del colombiano, ocurrido el pasado 15 de septiembre durante uno de los bombardeos que emprendió el ejército de ese país bajo las órdenes del Presidente Donald Trump, fue ilegal. “El señor Carranza navegaba en el Caribe frente a las costas de Colombia. El señor Carranza murió en el proceso de este bombardeo”, se detalló en la denuncia consignada por el diario The Guardian.
Otro caso es el de un hombre identificado como Jonathan Obando Pérez, quien sobrevivió a un ataque militar por parte de Estados Unidos, ocurrido el pasado 16 de octubre, y quien desde el pasado 28 de octubre fue dado de alta del Hospital de Kennedy de Bogotá, Colombia, por lo que actualmente sigue en libertad, al no poderse comprobar su involucramiento en algún delito, como informó el diario español El País.
Lo anterior, pese a que tras el bombardeo en el que resultó herido se aseguró que sería procesado penalmente por presunto narcotráfico. “[Será] procesado según la justicia, porque presuntamente es un delincuente que estaba traficando droga”, sostuvo Armando Benedetti, Ministro del Interior de Estados Unidos, luego de que Obando Pérez fue repatriado a Colombia, afirmaciones que fueron secundadas por Trump, quien enfatizó que el hombre sería detenido y procesado.
Contra el colombiano, quien llegó gravemente herido a su país – con traumas cerebrales, por lo que tuvo que ser sedado y necesitaba de un ventilador mecánico para respirar– no existen indicios ni testimonios para probar su responsabilidad en algún delito criminal, incluso tampoco cuenta con antecedentes penales, según confirmó el testimonio de un Ministerio Público consultado por el diario El País, el cual añadió que demostrar la culpabilidad de la víctima “es improbable”.
“No tiene antecedentes penales, ni tampoco su nombre hace parte de ninguna red criminal. Lo más probable es que hubiera sido contratado para llevar la carga a determinado punto, pero no que él fuera un cerebro del narco. Es lo que se llama una tercerización de la actividad delictiva”, destacó el funcionario referido por El País, quien agregó al ocurrir el ataque en aguas internacionales y que la embarcación quedara destruida dificulta, aún más, demostrar la culpabilidad del hombre.
En este sentido, la periodista venezolana Ronna Rísquez brindó una entrevista al medio TVV Network al que confirmó que la información sobre las víctimas de los bombardeos ejecutados por Estados Unidos en el mar caribe es insuficiente para determinar que éstas eran narcotraficantes. Incluso afirmó que por el mar caribe no se trafica con fentanilo, por lo que acusó tanto al Gobierno de la Unión Americana como al de Venezuela de mentir. “Los ciudadanos estamos en medio de dos gobiernos que ocultan y mienten”, dijo.
Andrés Fernando Tufiño es otro sobreviviente de los ataques estadounidenses del 16 de octubre, quien fue detenido en Ecuador, sin embargo, tampoco se pudo comprobar que estuviera implicado en actividades criminales, por lo que fue liberado. Incluso, la agencia noticiosa Associated Press publicó un documento gubernamental que confirmó que no existían acusaciones contra Tufiño en Ecuador. Aunque la cadena CNN aseguró que hombre fue deportado de Estados Unidos por contrabando de drogas.
La campaña militar de Trump ha sido condenada por organizaciones internacionales, expertos en temas de seguridad e incluso por los propios republicanos. Un ejemplo de esta situación fue cuando los republicanos que encabezan los Comités de las Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes se unieron a los demócratas para exigir una investigación exhaustiva sobre el ataque que se registró el pasado mes de septiembre en el mar caribe.
Todd Huntley, director del programa de Derecho de Seguridad Nacional del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, dijo en entrevista para The New Yorker que aunque el Presidente Trump haya declarado la guerra a los cárteles de la droga las acciones militares en contra de estos son ilegales, debido a que los presuntos criminales estaban desprevenidos y “fuera de la lucha”. “Es una violación del derecho internacional consuetudinario y del derecho de los conflictos armados”, dijo el experto.
Huntley explicó que para poder declara un conflicto armado contra los cárteles del narcotráfico se deben cumplir ciertos factores, como un cierto nivel de organización del grupo criminal, que se le permita planificar sus operaciones de respuesta, que pueda reabastecerse e incluso “la violencia debe alcanzar cierto nivel de intensidad”, pero que si estos factores no se cumplen “lo que se tiene es básicamente una acción violenta ilegal, que es un asunto de aplicación de la ley”, dijo.
Los expertos también han hecho hincapié en que en caso de que sí existan narcotraficantes intentando llegar a Estados Unidos éstos tampoco representan una amenaza real para ese país, por lo que tampoco es justificable las acciones que ha emprendido el mandatario estadounidense, quien argumenta un "conflicto armado" contra su país cuando éste no existe en la realidad, por lo que los ataques operados desde el Pentágono son ilegales y se espera que los implicados sean sometidos a procesos judiciales.
The Washington Post también citó a Huntley, quien calificó que los bombardeos de los que han sido blanco diversas embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico "equivale a asesinato", ya que, reiteró, estas acciones no se pueden considerar como una una guerra legítima entre el Gobierno estadounidense y los cárteles del narcotráfico, a lo que se suma la orden de Hegseth de “matar a todos”, ya que, aún estando en conflicto armado, es ilegal asesinar a los presuntos criminales cuando estos ya no pueden luchar.
"Sería en esencia una orden de no mostrar cuartel, lo que sería un crimen de guerra", subrayó Huntley, en referencia a la orden que habría dado el Secretario de la Defensa estadounidense en el primer bombardeo a presuntas narcolanchas y que habría propiciado un segundo ataque a una embarcación que ya estaba destruida y que provocó la muerte de dos sobrevivientes que se encontraban heridos.
El pasado 18 de septiembre, Human Rights Watch (HRW) calificó los ataques militares estadounidenses a embarcaciones de presuntos narcotraficantes de “ejecuciones extrajudiciales ilegales”, al enfatizar que la Administración encabezada por el Presidente Donald Trump violó el derecho internacional de los derechos humanos. “El problema del narcotráfico hacia Estados Unidos no constituye un conflicto armado”, sostuvo Sarah Yager, directora de la oficina de Washington de HRW.
Yager enfatizó que “las autoridades estadounidenses no pueden matar de forma sumaria a personas a las que acusan de traficar con drogas”. La organización subrayó que el Gobierno estadounidense en ningún momento intentó implementar acciones no letales “como la intercepción o el arresto”, por lo que su actuar, por el contrario, se convirtió en una serie de “ejecuciones selectivas ilegales”.
Por su parte, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exhortó al Gobierno de Estados Unidos a detener de inmediato sus operaciones militares que calificó de “inaceptables”, ya que dijo “violan el derecho internacional de los derechos humanos” y “no encuentran justificación en el derecho internacional”, sostuvo a través de un comunicado publicado el pasado 31 de octubre.
“Según la escasa información proporcionada públicamente por las autoridades estadounidenses, ninguna de las personas a bordo de las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente para la vida de otras personas ni justificar de otro modo el uso de fuerza armada letal contra ellas según el derecho internacional”, agregó el Alto Comisionado de la ONU.
“Estados Unidos debe investigar y, de ser necesario, procesar y castigar a las personas acusadas de delitos graves de conformidad con los principios fundamentales del estado de derecho del debido proceso y el juicio justo, que Estados Unidos ha defendido durante mucho tiempo”, concluyó Türk en su misiva.
¿Quién es Pete Hegseth?
Peter Brian Hegseth ocupa uno de los puestos de mayor jerarquía en el Gobierno de Donald Trump. A sus 44 años de edad, este veterano de la Guardia Nacional que sirvió en Irak y Afganistán, fue designado como Secretario de la Defensa de Estados Unidos, en donde tiene bajo su mando a más de tres millones de efectivos militares y civiles en todo el mundo, el arsenal nuclear estadounidense y un presupuesto anual de más de 800 mil millones de dólares.
Tras designación sostuvo que “todas las opciones estarán sobre la mesa” al enfrentar a los cárteles de la droga mexicana, una afirmación que ha prendido las alertas por el tono injerencista, pero también por las denuncias de abuso sexual en su contra, así como por su alcoholismo y los malos manejos en las finanzas de Vets for Freedom y Concerned Veterans for America, las cuales dirigió hace una década.
Hegseth es originario de Minneapolis, Minnesota. Se alistó en el Cuerpo de Oficiales de Reserva del Ejército en 2001 mientras asistía a Princeton. Se graduó en 2003 y trabajó brevemente en Wall Street, como analista de mercados de valores. Un año después, en 2004, fue enviado durante un año a la bahía de Guantánamo, en Cuba, donde supervisó un pelotón de soldados de Nueva Jersey que custodiaban a detenidos, reseña The New Yorker en un amplio trabajo escrito por Jane Mayer.
Poco después de regresar, y todavía con la Guardia Nacional, se presentó voluntario para servir en Irak, por lo que el Ejército le otorgó la primera de dos Estrellas de Bronce por servicio meritorio. Después, se mudó a Nueva York, en donde él mismo expresó a la revista Reserve & National Guard "No hice mucho y bebí mucho tratando de procesar lo que había pasado mientras lidiaba con un mundo civil al que francamente no parecía importarle".
En Nueva York, expone The New Yorker, Hegseth conoció a un marine que trabajaba para una pequeña organización sin fines de lucro llamada Vets for Freedom, que abogaba por expandir la guerra en Irak. Para 2007, Hegseth se había convertido en el líder de la organización, la cual acumuló enormes deudas y para finales de 2008 ya no podía pagar a sus acreedores. Mientras esto ocurría comenzaron a surgir rumores de fiestas fuera de control en las que había dispendio, juergas y comportamiento sexual inadecuado.
Una serie de documentos, corroborados por The New Yorker, indican que Hegseth dimitió tanto de Veterans for Freedom como de otro grupo de defensa sin fines de lucro Concerned Veterans for America ante graves acusaciones de mala gestión financiera, impropiedad sexual y mala conducta personal. Un informe sobre el mandato de Hegseth como presidente de Concerned Veterans for America, de 2013 a 2016, lo describe como alguien que se emborrachaba repetidamente hasta el punto de tener que ser sacado de los eventos de la organización.
El informe también dice que Hegseth y otros miembros de su equipo de gestión acosaron sexualmente a las empleadas de la organización y convirtió el lugar de trabajo en un sitio hostil que ignoró las graves acusaciones de conducta inapropiada. En otra carta de denuncia, que se envió a la organización a fines de 2015, otro exempleado describió que Hegseth estaba en un bar en las primeras horas de la mañana del 29 de mayo de 2015, mientras estaba en una gira oficial, coreando borracho: “¡Maten a todos los musulmanes!”.
La agencia The Associated Press recordó al momento de su nominación cómo Hegseth instó en 2019 a Donald Trump a indultar a los miembros del servicio estadounidense que habían sido acusados de crímenes de guerra. Abogó por los casos de los militares en su programa y en línea, entrevistando a familiares en Fox News. Incluso publicó en las redes sociales que los indultos de Trump "serían increíbles", y agregó hashtags con los nombres de los acusados a los informes que mencionaban su cabildeo privado al entonces presidente.
Ya como Secretario de la Defensa, en sus tres semanas en el cargo, ha retirado retratos de sus predecesores del Pentágono, ha prohibido las celebraciones del Mes de la Historia Negra, ha restringido el acceso a materiales de aprendizaje en las escuelas militares que abordan puntos de vista que no le gustan, apunta The New York Times.
Durante su primera reunión con empleados del Pentágono en un evento de cabildo abierto el viernes, Hegseth dedicó gran parte de sus comentarios iniciales a defender sus esfuerzos por desmantelar las políticas de diversidad e inclusión. Repitió sus puntos de conversación sobre la “letalidad” y la devolución de la “guerra” al ejército. Habló brevemente sobre la “China comunista y sostuvo que la defensa de EU “comienza con nuestra propia frontera sur”.
De hecho, a inicios de febrero sostuvo no descarta una acción militar en México para impedir que las drogas crucen la frontera sur de Estados Unidos. “No quiero adelantarme al presidente y no lo haré. En última instancia, esa será su decisión, pero quiero ser claro: todas las opciones estarán sobre la mesa si estamos lidiando con lo que se considera organizaciones terroristas extranjeras que atacan específicamente a los estadounidenses en la frontera”, dijo.
Hegseth dijo que el ejército estadounidense tiene la intención de perseguir estos objetivos “con firmeza” y “si los cárteles continúan trayendo gente, pandillas, drogas y violencia a nuestro país, nos ocuparemos de eso”. “En última instancia, no nos reservaremos nada para proteger al pueblo estadounidense”, puntualizó.
– Con información de Obed Rosas
