En esta entrega de PODEROSOS, se realizó una revisión de los rectores, redes de poder y corrupción que durante años secuestraron las universidades en México.
Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Durante décadas, la autonomía universitaria en México no sólo protegió la libertad académica, en múltiples casos se convirtió en el escudo perfecto para la consolidación de cacicazgos, redes de corrupción y usos patrimoniales de las universidades públicas. Hoy, una serie de detenciones, investigaciones y procesos judiciales revelan el ocaso de los llamados “dueños” de las universidades.
"Las universidades públicas, universidades entendidas desde el plano de todo lo que tiene que ver con las instituciones de educación superior, han sido de unos años para acá el instrumento para llevar a cabo actos millonarios de desvío de recursos, de colocar a los cuates, a las cuatas, se ha vuelto otra caja de mandar ahí a los desempleados, con los mejores puestos y sueldos", afirmó Muna Dora Buchahín.
El caso más reciente ocurrió en Veracruz. El pasado 18 de enero, tres ex altos funcionarios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) fueron detenidos por presuntos malos manejos financieros: Sergio Torres Mejía, exrector; Jesús “N”, exdirector administrativo; y Frida “N”, exjefa de servicios financieros. Aunque Torres Mejía permaneció apenas nueve meses al frente de la institución, acumuló señalamientos por opacidad, desorganización y presunto desvío de recursos.
La UPAV, creada en 2011 por el entonces gobernador Javier Duarte —hoy preso por asociación delictuosa y lavado de dinero—, arrastra desde su origen denuncias por títulos sin validez oficial, adeudos con docentes y uso discrecional de recursos públicos. La actual gobernadora, Rocío Nahle, ha reconocido la falta de controles y anunció nuevas reglas para transparentar su operación.
En Campeche, el caso del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, abrió un debate distinto, pero igualmente delicado. Detenido en enero de 2026 por presunta posesión de cocaína, el académico enfrenta un proceso en libertad. Su defensa y sectores universitarios sostienen que se trata de una persecución política derivada de tensiones con el gobierno estatal y de la defensa de la autonomía universitaria, lo que ha reavivado el debate sobre el uso político de la justicia en conflictos universitarios.
"Ciertamente en este caso del Rector de la de la Universidad Autónoma de Chiapas, José Alberto Abud Flores, fue el último de tantos episodios en donde hemos visto que la Gobernadora Layda Sansores San Román ha ejercido un uso desmedido de la fuerza, ya también lo ha hecho con medios críticos, con periodistas, al tiempo que ha sumado a personajes polémicos como el propio Lavalle dentro de su círculo cercano y en el caso de llama la atención porque el el rector, José Alberto Abud Flores, es un actor de poder dentro del propio Campeche", señaló Obed Rosas.
Los cacicazgos en las universidades
Pero estos episodios no son aislados. Responden a una estructura que se formó desde finales del siglo pasado. En Jalisco, Raúl Padilla López construyó durante más de 30 años un grupo de poder que controló la Universidad de Guadalajara. Tras ser rector entre 1989 y 1995, mantuvo el mando mediante empresas universitarias y la designación de sucesores, mientras administraba un presupuesto comparable al del INE. Su muerte, en abril de 2023, no desmanteló de inmediato esa red.
"Los cargos de rectores en yo creo que en un 95 por ciento de las universidades en los estados, en las instituciones superiores, ya sea tecnológicos, politécnicos, son colocados, son puestos a mano del Gobernador. Lo que hay es proyecto para vaciar las arcas", mencionó Muna Dora Buchahín.
En Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán encabezó durante tres décadas lo que críticos llamaron la “Sosa Nostra” en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Desde el Patronato Universitario, habría desviado más de 58 millones de pesos. Detenido en 2020, hoy enfrenta cargos que podrían llevarlo a pasar hasta 55 años en prisión.
Sinaloa fue otro ejemplo de la fusión entre poder universitario y ambición política. Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, reformó órganos internos para eliminar la elección comunitaria, utilizó recursos humanos y financieros para fundar un partido político y proyectarse como actor central del estado. Su asesinato en 2024 marcó el fin violento de un modelo de control absoluto.
La lista se extiende por todo el país: Juan López Salazar, exrector de la Universidad Autónoma de Nayarit, prófugo por un desfalco superior a 500 millones de pesos; Eduardo Martínez Helmes, exrector de la UABJO, procesado por defraudación fiscal; Alfonso Esparza, exrector de la BUAP, acusado de pagos a personas fallecidas; Humberto Veras Godoy, con cuentas bloqueadas por presunto lavado de dinero; y José Ignacio Peña González, detenido por el caso de “aviadores” en Nayarit.
Incluso los casos vigentes muestran que el patrón persiste. En Durango, la Universidad Juárez del Estado enfrenta observaciones por más de mil 125 millones de pesos, mientras que en Aguascalientes la FGR investiga inversiones ilícitas de casi 400 millones de pesos autorizadas por la actual rectora, Yesenia Pinzón, quien pese a ello busca reelegirse.
En las universidades estatales, los estados más bien, los rectores de las universidades son figuras públicas muy importantes.
Uno puede ignorar quién es el Rector de otro lado, pero en en las entidades federativas, casi después del Gobernador, la figura más conocida es el rector de la Universidad Estatal.
Entonces, entre el poder que tienen, digamos, simbólico, en lo que tienen que hacer para negociar recursos y los cacicazgos o modos políticos que van desarrollando para que las cosas hipotéticamente funcionen, pues va concentrando este más las decisiones en estos grupos que en algunos casos, muchos por lo que muestran, pueden ser grupos corruptos.
El poder de los rectores
En entrevista con el Doctor Carlos Illades Aguiar, profesor titular en el Departamento de Humanidades de la UAM-Cuajimalpa señaló que la relevancia que tienen los rectores en algunos estados es tan grande que se podría comparar con la de un gobernador.
"En las universidades estatales, los estados más bien, los rectores de las universidades son figuras públicas muy importantes. Uno puede ignorar quién es el Rector de otro lado, pero en en las entidades federativas, casi después del Gobernador, la figura más conocida es el rector de la Universidad Estatal. Entonces, entre el poder que tienen, digamos, simbólico, en lo que tienen que hacer para negociar recursos y los cacicazgos o modos políticos que van desarrollando para que las cosas hipotéticamente funcionen, pues va concentrando este más las decisiones en estos grupos que en algunos casos, muchos por lo que muestran, pueden ser grupos corruptos".
El historiador Carlos Illades advirtió que la autonomía universitaria ha sido vulnerada desde distintos frentes.
"A través de los recursos se ha socavado la capacidad de decisión autónoma de las universidades de qué hacer con los recursos. La otra vertiente es la que tiene que ver con las presiones políticas, los cacicazgos, los gobernadores, los jefes de los gabinetes, que ahí ya es otro tipo de interferencia y pues ustedes mencionaban, pues el caso de Campeche que es el más sonado recientemente, ya es intervenir directamente en cómo se eligen los rectores, pero ya de digamos de una manera descarada".
Illades subrayó que la injerencia política va más allá del control presupuestal y entra de lleno en la vida interna de las universidades.
"Y del otro lado el decir quién sí quién no puede gobernar y entonces ya es interferir, ya no solo en los presupuestos, sino en la manera como se gobiernan las universidades o quiénes las gobiernan".
El mapa es claro: durante años, la autonomía universitaria fue utilizada como coartada para crear feudos personales, bloquear la rendición de cuentas y convertir instituciones educativas en plataformas políticas y financieras. Hoy, con procesos judiciales abiertos, detenciones y escándalos públicos, ese modelo comienza a resquebrajarse.
El reto, advierten especialistas, no es solo castigar a los responsables, sino impedir que los viejos cacicazgos se reciclen bajo nuevos nombres y que la universidad pública deje de ser un botín para volver a ser un espacio de educación, pensamiento crítico y servicio social.
