The Washington Post dio a conocer que agentes del DHS han disparado durante algún arresto policial o contra manifestantes que protestan contra las políticas antimigrantes de Trump.
Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- En los últimos seis meses, se han registrado 16 incidentes en los que agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos realizaron disparos durante arrestos policiales o contra manifestantes que protestaban por las políticas antimigrantes del Gobierno de Trump. A pesar de los ataques, que se dieron en el marco de redadas contra migrantes, en particular latinoamericanos, la investigación destacó que en ninguno de los casos se ha detenido o sancionado a los oficiales involucrados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluso ante la existencia de declaraciones falsas por parte de los agentes.
El diario estadounidense The Washington Post reveló que desde julio se han registrado 16 incidentes en los que estuvieron involucrados agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quienes dispararon durante algún arresto policial o contra manifestantes que hacían parte de alguna protestas por las operaciones del DHS. En ninguno de los casos los oficiales enfrentaron cargos, destacó el Post.
Uno de los casos más detallados es el del migrante mexicano Francisco Longoria, acusado inicialmente de haber arrollado a un agente federal con su camioneta. Sin embargo, grabaciones de los hechos, ocurridos en agosto de 2025 en San Bernardino, California, mostraron a agentes enmascarados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que, sin identificarse ni presentar orden judicial, rodearon su vehículo, rompieron los cristales y abrieron fuego mientras Longoria huía por temor a su seguridad y la de sus pasajeros. El DHS justificó los disparos alegando defensa propia y que Longoria había golpeado a dos oficiales, una versión que contrastaba con los videos difundidos.
A pesar de que un juez federal desestimó los cargos contra Longoria, ningún agente ha sido sancionado por el incidente, en el que la camioneta de trabajo terminó con dos agujeros de bala que casi alcanzaron a su hijo adolescente. Por este motivo, el abogado civil de Francisco Longoria, Greg Jackson, confirmó a The Washington Post que presentarán una demanda civil contra los agentes agresores. Jackson también representa a otro hombre baleado por un agente del ICE, subrayando la falta de rendición de cuentas de los oficiales en estos 16 incidentes de violencia.
De acuerdo con medios estadounidenses, los hechos ocurrieron el 16 de agosto de 2025, en San Bernardino, California, cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por siglas en inglés), quienes iban enmascarados, intentaron detener a los ocupantes de una camioneta sin una orden judicial, pero el conductor aceleró para huir, en el instante en que los agentes abrieron fuego contra el vehículo.
Los ocupantes lograron videograbar el hecho con un teléfono celular desde el interior de la camioneta, imágenes en las que se puede observar el momento en que los agentes enmascarados de CBP rompieron las ventanas del conductor y del pasajero. Los ocupantes del vehículo relataron que, después de bajar de sus vehículos, los agentes federales los rodearon, sin identificarse, para después estrellar los cristales, como también se observa en la grabación.
Tras los hechos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se justificó asegurando que el conductor de la camioneta golpeó a dos oficiales y que los disparos fueron en defensa propia. “El Departamento de Policía de San Bernardino, contactado por un funcionario federal asignado al operativo relacionado con la agresión, localizó al sospechoso en una residencia y lo mantuvo bajo custodia durante un tiempo, solo para liberarlo. El sujeto sigue prófugo”, dijo un vocero del DHS.
“Esta decisión imprudente se tomó a pesar de la rotunda negativa del sujeto a obedecer y de haber herido a dos agentes federales. Es otro trágico ejemplo de las políticas de California a favor de los santuarios, que protegen a los delincuentes en lugar de proteger a las comunidades”, agregó sin explicar cuál era el motivo por el que se detuvo a la camioneta o si los agentes federales tenían alguna orden judicial o administrativa, enfatizó el rotativo estadounidense.
No obstante, días después se difundió una grabación en la que se muestra a tres vehículos que no estaban identificados como policiales en el momento en que rodeaban la camioneta de trabajo de Francisco Longoria. El clip muestra cuando los agentes se acercan al vehículo del hispano y estrellan las ventanas del conductor y del pasajero, instante en que el hombre acelera para alejarse de las autoridades de inmigración.
“El señor Longoria, temiendo por su propia seguridad y la de sus pasajeros, se dio a la fuga“, dijo Jason Sánchez, de Simon Law Group and Justice Team, durante una conferencia de prensa. “Fue entonces cuando uno de los enmascarados comenzó a disparar contra el lado del pasajero de la camioneta”, agregó.
La camioneta de trabajo mostraba dos agujeros de bala por los disparos de los agentes que casi alcanzaron al hijo adolescente de Longoria. Los abogados exigen respuestas. “Estamos aquí para pedir a los funcionarios de la ciudad, del condado y del estado que investiguen este tiroteo“, expresó Sánchez.
Aunque un juez federal desestimó los cargos contra Longoria, ningún agente ha sido sancionado, hasta el momento, por este caso, por lo que Greg Jackson, abogado civil de Francisco Longoria, comentó a The Washington Post que presentaran una demanda civil contra los agentes agresores. Jackson también es el representante legal de un hombre, del que no se proporcionó mayor información, quien fue baleado por un agente del ICE.
En este último caso, la víctima recibió un disparo en el hombro, hecho que tuvo lugar en octubre de 2025, en Ontario, California, pero en ambos casos Jackson consideró que se trató de intentos de secuestro y de asesinato por parte de los agentes del ICE. “Nuestra opinión es que se trató de un intento de asesinato, secuestro y agresión por parte de agentes federales en ambos casos”, dijo el abogado. “Esos son delitos a nivel estatal”, enfatizó.
Otro caso retomado por The Washington Post es el de una ciudadana estadounidense, identificada como Marimar Martínez, a quien Charles Exum, un agente de la Patrulla Fronteriza, le disparó cinco veces, mientras la mujer se encontraba en una parada de Chicago. Después la víctima fue acusada de perseguir "agresiva y erráticamente" al oficial, cuyo vehículo presuntamente fue embestido durante una manifestación contra las políticas antimigrantes del Presidente Trump, en octubre de 2025.
No obstante, las imágenes de la propia cámara corporal que los agentes llevaban consigo, así como las de la cámara de seguridad de una tienda, revelaron que fue el agente fue quien embistió con su automóvil el vehículo de Marimar Martínez, a quien después apuntó y disparó con su arma de fuego en cinco ocasiones, lo que fue desestimado por un juez federal, por lo que la víctima está considerando interponer una demanda administrativa para recibir “una indemnización por daños y perjuicios”.
El rotativo estadounidense también recordó el caso de un tiroteo en Glen Burnie, Maryland, tras el cual los “funcionarios del DHS modificaron su versión inicial”, ya que los agentes del ICE señalaron en un primer momento que durante Nochebuena, el conductor de una camioneta intentó huir de un control policial, por lo que en su desesperación “embistió sus vehículos y los atropelló”, por lo que los oficiales tuvieron que disparar contra el conductor, identificado como Tiago Alexandre Sousa-Martins.
Pero tras una investigación por parte de las autoridades del Condado de Anne Arundel se reveló que el conductor ya estaba bajo custodia de los agentes del ICE cuando ocurrió el tiroteo, el cual dejó a Sousa-Martins con una herida de bala en el hombro y a su acompañante con un “latigazo cervical”, versión que después fue confirmada por el DHS, pero sin que, hasta el momento, alguno de sus elementos haya sido sancionado.
The Washington Post destacó que en la mayoría de los incidentes reportados están involucrados agentes, a quienes se les señala de disparar contra “conductores durante controles policiales”, especialmente en ciudades en donde han incrementado el número de agentes federales de inmigración, por ejemplo, en Los Ángeles y Chicago. “Al menos 10 personas han sido alcanzadas por balas, incluidos cuatro ciudadanos estadounidenses. Tres personas han muerto”, afirmó el diario.
Asimismo, los abogados de las víctimas han evidenciado que éstas, además de las agresiones recibidas, en su mayoría disparos, han sido blanco de acusaciones de delitos graves, para lo cual las autoridades se apresuran a hacer esas imputaciones, sin embargo, gracias a las pruebas, como videograbaciones que evidencian el actual de los agentes del ICE, en cuatro de los casos se ha logrado que la Fiscalía retire los cargos, pero en ninguno de los casos los oficiales o las dependencias a las que pertenecen han recibido sanción alguna,
“Tradicionalmente, se ha recurrido al gobierno federal para intervenir cuando los fiscales locales se muestran reacios a exigir responsabilidades a los agentes locales. Sin embargo, los pronunciamientos iniciales del gobierno, que declararon a Renée Good y Alex Pretti —las dos personas asesinadas a tiros en Minneapolis— como "terroristas domésticos", han sembrado dudas sobre la veracidad de la investigación federal”, subrayó The Washington Post.
Este lunes 26 de enero, el Juez Federal Patrick J. Schiltz emitió una orden para que Todd Lyons, director interino de ICE, comparezca personalmente ante él, el próximo viernes 30 de enero, y le explique el por qué los migrantes detenidos en Minnesota no han sido convocados a las audiencias de fianza. Lyons podría ser declarado culpable de desacato, por lo que deberá argumentar el motivo por el que no ha cumplido con las audiencias de fianza a las que tienen derecho los migrantes.
“Este Tribunal ha sido extremadamente paciente con los demandados, a pesar de que decidieron enviar miles de agentes a Minnesota para detener a extranjeros sin prever la gestión de los cientos de peticiones de hábeas corpus y otras demandas que seguramente surgirían”, explicó el Juez en el documento, retomado por la agencia noticiosa The Associated Press (AP).
“Los demandados han asegurado continuamente al Tribunal que reconocen su obligación de cumplir con las órdenes judiciales y que han tomado medidas para garantizar que dichas órdenes se cumplan en el futuro. Sin embargo, lamentablemente, las violaciones continúan”, agregó Schiltz.
– Con información de La Opinión
