Ana Laura Ramírez fue detenida hace diez días. Las autoridades capitalinas la acusan de formar parte de una banda de extorsionadores. Seguía las instrucciones de Alejandro Ramírez Cortés y José Alberto Ramírez, a quienes no se puede detener porque ya están presos, el primero en el reclusorio Oriente, el segundo en el Norte (Excélsior 05/01/12). El gobierno del Distrito Federal informó esto seis días antes de que el Ombudsman capitalino Luis González Placencia planteara que sería bueno dar a los presos acceso a salas de computadoras con Internet.
González Placencia es consciente de que propuso un asunto que puede resultar controvertido, “estrafalario” fue el término que él usó. La idea surgió en una rueda de prensa y tres días después del último mensaje de un cuenta de twitter (@internoRENO) que supuestamente reportaba desde el reclusorio Norte lo que pasaba al interior del mismo. ¿Es buena idea que los presos tengan acceso a Internet?
Por supuesto que para intentar una respuesta a esta interrogante, y so riesgo de abusar del tiempo del lector, es necesario reproducir casi de manera textual lo que dijo el 11 de enero el Ombudsman: “Creo que sí valdría la pena hacer el debate, primero porque el derecho que se debe tutelar es el derecho a la libre expresión y el derecho que tienen las y los internos de denunciar lo que pasa adentro de las instituciones (…) El uso de las redes sociales permite abrir una especie de ventana simbólica, que permite ver a través de la experiencia cotidiana de las y los internos, qué pasa en tiempo real adentro de la institución, naturalmente eso no le gusta a las autoridades, pero es un tema que hay que debatir, porque, efectivamente, aquí lo que se ha hecho es castigar los aparatos, como a través de los aparatos se comenten extorsiones, no se pone el énfasis en la conducta, sino en los aparatos, entonces, te quito el aparato (…) Ahorita (el tema) puede parecer estrafalario, pero en algún momento se dio con los teléfonos, la institución penitenciaria colocaba teléfonos de acceso público, teléfonos públicos, dentro, para que se pudiera atender el derecho que tienen las personas de comunicarse con sus familiares, por ejemplo, a nadie se le ocurrió erradicar todos los teléfonos porque a través de ellos se cometieran delitos. El debate tiene que ver con que la institución podría o debería tener equipos de acceso público, que además estén controlados por la propia institución penitenciaria, de manera tal que, como sucede en el ámbito laboral, se pueda monitorear si la gente está usando bien o mal estos aparatos, y entonces se castigue la conducta y no castigar el aparato”.
No hace falta en cambio abundar mucho en el hecho ilustrado en el arranque de esta entrega: las cárceles son refugio de criminales en activo. Y una de las maneras más efectivas para delinquir es vía telefónica. Si tantos años, discusión y recursos nos ha costado la instalación de dispositivos para bloquear la señal de teléfonos celulares al interior de los centros penitenciarios (según el secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila, el dispositivo de aislamiento de señal de celular funciona ya al 100 por ciento en la capital), ¿por qué ahora tendríamos que abrir otro flanco, justo cuando en diciembre un reporte anual del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal señalaba que si bien hubo una caída de 53% en casos de extorsión telefónica, hubo 1,485 casos donde los criminales sí lograron su objetivo?
El doctor Luis de la Barreda dirige el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad y fue durante 8 años presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la capital. Le pedí su opinión sobre la propuesta que hiciera quien hoy ocupa la silla que antes fuera suya. “Los derechos humanos de los internos deben conciliarse con la seguridad en las prisiones y con los derechos de los demás. Recordemos que desde las cárceles se han organizado secuestros, robos y otros delitos. Podría ser un nuevo instrumento de extorsión en contra de los ciudadanos. No creo que sea una idea afortunada. Está basada en una buena intención, pero las buenas intenciones no siempre conducen a buenos resultados. Hay que recordar que a los internos se les restringen derechos cuyo ejercicio pueden afectar a la seguridad de los demás”.
En las cárceles capitalinas, hay que decirlo, muchos internos son también víctimas. En primer lugar, por el hacinamiento de más del 100 por ciento, al albergar los penales el doble de presos para los cuales fueron diseñados. Quizá lo que González Plascencia quiso fue plantear un pedido de auxilio, alertar que la comisión a su cargo está rebasada y hoy es incapaz de cumplir con su función de vigilancia de los derechos de los internos. Eso sería muy grave, que la CDHDF no pudiera auxiliar en cada una de las situaciones que se denuncien violaciones a garantías en las cárceles sería una terrible noticia; pero abrir Internet a los reclusos suena a una propuesta fuera de tiempo y de principio de realidad, suena a una salida falsa.
